El exasesor sanitario del Gobierno autonómico de Isabel Díaz Ayuso, Antonio Burgueño, acudió este 8 de abril al Juzgado de Instrucción número 2 de Collado Villalba para declarar por primera vez sobre los protocolos de las residencias de ancianos durante la pandemia del Covid-19. Burgueño protagonizó una declaración en la que señalaba directamente a la presidenta autonómica, truncando de pleno los planes de Ayuso para pasar de puntillas por este caso y que quede en el olvido del imaginario colectivo.
Los triajes de traslado de pacientes enfemos de Coronavirus de las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid a los hospitales de la región fueron bautizados, hace ya seis años, como los 'protocolos de la vergüenza'. Son varios los nombres que han declarado en estos años, especialmente en los últimos meses, por la gestión de esta situación, pero era la primera vez que lo hacía Burgueño. A esta persona, la presidenta de la Comunidad de Madrid le encomendó, tras nombrarle como asesor, la elaboración de un plan de choque que, en palabras de los familiares de las víctimas, seis años después todavía no se sabe en qué consistía, y que aprobó la administración Sol. En última instancia, estos protocolos de triaje impidieron la derivación de personas mayores a hospitales de la red autonómica para recibir atención sanitaria. La hoja de ruta contemplaba una presunta alternativa: la medicalización de las residencias para que los traslados hospitalarios no fueran necesarios. No obstante, tal medicalización jamás llegó y más de 7.200 ancianos fallecieron en ese limbo burocrático-sanitario.
Implica directamente a Ayuso
La declaración de Burgueño es fruto de una denuncia independiente a las plataformas Marea de Residencias y 7.291. Verdad y Justicia, de sobra conocidas por su lucha contra lo ocurrido en los primeros días de marzo de 2020. Mientras tanto, la de imputación de la doctora sí se corresponde con una causa abierta a raíz de la denuncia colectiva. El eje central de su declaración era el plan de choque que elaboró en aquellos momentos, presumiblemente para contener el virus y evitar en la medida de lo posible la expansión en los geriátricos. La medida estrella de ese plan era la citada medicalización de estos espacios, pero nunca llegó a ejecutarse.
En sus palabras, Burgueño, que está siendo investigado por delitos de homicidio imprudente y denegación discriminatoria de la asistencia sanitaria -recogido en el artículo 511.1 del Código Penal-, se ha referido directamente a Isabel Díaz Ayuso, asegurando que fue ella quien ordenó confeccionar la hoja de ruta que se quedó en la teoría. En este punto, cabe destacar que Burgueño no ha declarado en ninguna de las causas abiertas, sino que su paso por los juzgados de esta semana viene motivado por una denuncia que no parte de las organizaciones de familiares de las víctimas, sino que obedece a una querella presentada a título individual por José Manuel Parceiro, abogado que acudió a los tribunales tras la muerte de su padre durante la primera ola de la emergencia, cuando residía en el centro Sanitas Torrelodones.
Así las cosas, en declaraciones a los medios, tanto Parceiro como la defensa de las familias, Alejandra Jacinto, alegan un problema de notificación vinculado a cambios de personal del juzgado, lo que conllevó a suspender las comparecencias de los ex altos cargos del Gobierno autonómico. En palabras de la abogada, "la Fiscalía ha emitido un informe sobre el caso concreto del padre de Parceiro que aún debe ser trasladado a las acusaciones para que formulen alegaciones". "Será a partir de ese trámite cuando el juzgado determine si prosigue la investigación por un delito de discriminación en la asistencia sanitaria o si, por el contrario, se encuadra en un posible delito de omisión del deber de socorro, como se planteó inicialmente", relataba Jacinto. Respecto a la no medicalización de los geriátricos, Burgueño achacaba la decisión a la carencia de profesionales disponibles, defendiendo que la pandemia sirvió como ejemplo para revisar el sistema residencial y la ley de dependencia para garantizar cuidados adecuados. Sobre el plan de choque, reconoció formalmente que fue Ayuso quien le dio la orden de llevarlo a cabo.
El testimonio de los familiares de las víctimas
Por su parte, la portavoz de Marea de Residencias, Carmen López, en conversaciones con este medio, expone que la declaración de Burgueño "mezcló un poco todo": "Lo que está claro es que el protocolo fue en Madrid, y que fue donde se anunció que las residencias se iban a medicalizar. Al decir que ninguna residencia se medicalizó en España, incluye a las de Madrid". La responsable de una de las dos plataformas mayoritarias en busca de reparación de su entorno espera que cuando declare en sede judicial "vuelva a decir lo mismo" para que tenga algo más de peso legal.
Preguntada directamente por ElPlural.com si aprovecharán el señalamiento de Burgueño para estudiar pedir la imputación de la baronesa ‘popular’, recuerda que "un juzgado de instrucción no puede investigar a una aforada". "Entiendo que es el juzgado el que tiene que decir que puede haber alguna responsabilidad penal de una persona que está aforada y enviar un informe al tribunal correspondiente, en este caso al Tribunal Supremo", explica. "De hecho, en las primeras querellas que impulsábamos en 2020, el juzgado de instrucción en el que recayeron lo derivó al Supremo, y éste lo devolvió al juzgado diciendo que habría de investigarse sobre esos protocolos y la posible responsabilidad penal de los aforados, y en caso de detectar que hubiera existido esa responsabilidad, el juzgado tendría que emitir un informe al tribunal que correspondiera", incide.
Con todo, a la cuestión directa de si esperan que Ayuso declare e incluso sea juzgada en algún momento, López contesta igual de contundente: "Si no, no estaríamos aquí después de tantos años, pero lógicamente, no va a ocurrir en un juzgado de instrucción".
"Son siempre las mismas mierdas"
Cabe recordar que, en una de las numerosas ocasiones en las que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha sido interpelada en sede parlamentaria sobre el asunto de las residencias, en una ocasión su respuesta fue que la oposición siempre estaba hablando "de las mismas mierdas". El objetivo y el deseo de Ayuso con este caso ha sido, desde el principio, el mismo: deshacerse de la responsabilidad del mismo y que quedara en el olvido, y por ello, la declaración de Burgueño rema en contra de sus deseos.
"Siempre nos están criticando con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas", respondía Ayuso en febrero de 2025, después de que la portavoz del grupo parlamentario Más Madrid, Manuela Bergerot, le hablara de las 7.291 personas fallecidas como consecuencia de estos triajes.
"Lo grave no son solo sus palabras, lo grave es el desprecio hacia las víctimas. Lo grave es estar cinco años impidiendo cualquier tipo de investigación para que se sepa la verdad. Lo más grave fueron los protocolos que decidieron quién podía salvarse y quién no", insistía entonces Bergerot. "La izquierda no quiere justicia, quiere utilizar el dolor para sacar votos", contestaba la dirigente 'popular', que aprovechaba para defender la acción de su gobierno durante la pandemia, ahora en los tribunales.