Quienes seguimos la actualidad de la Asamblea de Madrid ya no nos sorprendemos. El 27 de abril, el Grupo Parlamentario Socialista registró una solicitud para crear una Comisión de Estudio sobre la gestión del Canal de Isabel II y sus pérdidas millonarias fuera de la Comunidad de Madrid: una comisión con comparecencias de expertos, análisis en profundidad y plazo para elaborar propuestas. Algo así como lo que haría un Parlamento serio.
Pero el Partido Popular, que gobierna la Comunidad de Madrid y controla el Canal, ha dicho no. Han rechazado la tramitación: no quieren comisión, no quieren que se hable demasiado, no quieren que los madrileños sepan por qué su gran empresa pública pierde dinero en Brasil, Colombia y Lanzarote. Y, sobre todo, no quieren que nadie busque soluciones reales.
Y aquí llega lo realmente curioso, casi de antología del cinismo político. El pasado 30 de abril, el mismo Grupo Parlamentario Popular registró una solicitud de comparecencia del consejero delegado del Canal de Isabel II para que acuda a la Comisión de Medio Ambiente, Agricultura e Interior a informar sobre el proceso de desinversión en los activos fuera de la Comunidad de Madrid.
Es decir: primero rechazan una comisión de estudio amplia, rigurosa y con todas las garantías. Y luego, disimuladamente, piden una comparecencia suelta, sin plan de trabajo, sin expertos, sin dictamen final, sin propuestas de reforma. Como quien pide una aspirina para un tumor.
Con una comparecencia así no se airean los 90 millones perdidos en Brasil, ni el patrimonio negativo de 85 millones de Emissão, ni los 75 millones de patrimonio negativo en Lanzarote con una deuda de 145 millones con la matriz. Tampoco el desgobierno interno, la unidad de prevención de delitos infradotada, el Comité de Ética sin independencia ni dedicación exclusiva, ni el raquítico 48% de ejecución de inversiones. Y nada de esto es una ocurrencia: es la Cámara de Cuentas quien lo ha evidenciado en su informe del 10 de febrero de 2026.
La comparecencia es el trampantojo con el que quieren tapar la comisión. Es el clásico movimiento de quien no quiere luz y taquígrafos, sino un interrogatorio controlado, sin conclusiones vinculantes y, sobre todo, sin que nadie ponga en el centro el debate sobre el agua como derecho humano.
El Partido Popular no quiere que se hable del fondo. Prefiere que el consejero delegado ofrezca unas pinceladas sobre desinversiones, evitando cualquier análisis estructural de por qué el Canal se convirtió en una máquina de perder dinero y prestigio fuera de Madrid, y sin que nadie cuestione la falta de transparencia en la concesión de Lanzarote.
Así que ya saben: comisión de estudio, NO. Comparecencia a la carta, SÍ. Una comisión compromete, investiga, propone y obliga a rendir cuentas. Una comparecencia, en cambio, se olvida al día siguiente. Es la especialidad de la casa.
Aun así, que lo tengan claro: la sociedad madrileña no se callará. Porque los madrileños —y los trabajadores del Canal, que con su esfuerzo mantienen una empresa que durante décadas fue referente de gestión técnica— merecen saber por qué el Grupo Canal pierde dinero a espuertas mientras el PP veta la transparencia.
El dinero público voló, con demasiadas paradas en los bolsillos de corrutos y corruptores, a Brasil, Ecuador, Republica Dominicana, Colombia… y Lanzarote. Y cuando toca remangarse para encontrar un nuevo rumbo, quienes creemos que el Canal de Isabel II debe retomar un camino de verdadero y único afán por el servicio público —para el que fue creado hace 175 años— recibimos esta respuesta del Gobierno regional: “mejor que venga el consejero delegado un ratito”. ¡Qué frivolidad! ¡Qué indecencia!
Diego Cruz Torrijos
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