Las residencias madrileñas de gestión público-privada acumularon, entre 2019 y 2025, más de 865.000 euros en sanciones autonómicas por numerosas deficiencias, tales como servir comida caducada desde hace meses, acumular suciedad a niveles peligrosos para la salud de los pacientes, falta de personal o la omisión deliberada del fallecimiento de residentes, según publicaba este fin de semana el diario El País.
Entre los ejemplos más flagrantes de hecho sancionable, el citado medio recuerda la muerte de una mujer estrangulada por la sujeción de su propia cama en el centro de las Peñuelas, a 11 de abril de 2023. El Gobierno madrileño sancionó al centro con una multa de 24.851 euros, no por la muerte como tal, sino porque no se comunicó adecuadamente la misma. "Se la encontraron con la sujeción abdominal cruzada debajo del brazo hasta el cuello y el hombro izquierdo, quedando totalmente atrapada. Ya no respiraba", relatan. El 22 de diciembre del mismo año, viajando hasta el centro de día para mayores dependientes de Mirasierra, un técnico encuentra en la cocina "varios productos caducados" desde hace más de medio año: "blíster de salchichas frankfurt, dos barras de salchichón. Se encuentran varios productos abiertos sin identificar. Fiambre: beicon, jamón york, jamón serrano, queso sin fecha de apertura, y con envoltorios escasos, sin hacer la función de antioxidación". 47.743 euros de multa.
Mismo problema en una residencia en San Sebastián de los Reyes: "Se comprueba que había tarrinas de puré de merluza, zanahorias y arroz de Campofrío caducadas que se iban a servir". 33.820 euros de sanción. Otra visita descubre que hay menos personal del necesario para atender a los residentes, e impone otra multa idéntica. En 2024, una nueva multa de 16.910 euros por no informar a la administración de un incidente con una anciana: La mujer solicitó que le rellenaran la botella de agua, y al hacerlo, la auxiliar se percata de que el bote huele a colonia y que en la botella ha quedado una especie de espuma de producto jabonoso. La afectada empieza a toser, a arderle la garganta y vomita hasta tres veces, acabando en el hospital. Pero hasta la fecha y según la documentación oficial, la sanción más cuantiosa sobre una residencia fueron los 83.420 que la administración impuso a una residencia de Usera por defectos en el mantenimiento: "Se observa suciedad, acumulación de enseres, luminarias y esquineras deterioradas en el garaje y exteriores. Igualmente, se observa tanto en habitaciones y baños como en pasillos, zonas comunes y áreas de trabajo que faltan o están deterioradas y sucias algunas placas de techo, las instalaciones de carpintería y pintura de paredes están en mal estado, faltan algunas partes de rodapiés y se observan azulejos caídos o rotos, luminarias fundidas y embellecedores dañadas", reza el artículo del citado medio. La falta de personal es otro de los problemas más acuciantes y sancionados en los centros. 71.615 euros llega a ser la multa para un centro en Mirasierra.
Suelo público durante hasta 70 años a empresas privadas para residencias
A pesar de todas estas deficiencias, que afectan directamente a la atención que reciben las personas residentes y a su propia salud, todo apunta a que el sistema seguirá siendo este en la Comunidad de Madrid, es decir, protagonizado por la colaboración público-privada y con todas las concesiones necesarias para las empresas beneficiarias. Tanto es así que el Gobierno de la Comunidad de Madrid lleva entregando, desde 2019, un centenar de parcelas públicas para su explotación, durante los próximos entre 40 y 70 años, por operadores privados con importantes márgenes de beneficio. Se trata de suelos de origen municipal en su mayoría y cedidos sin coste para albergar colegios privados concertados, residencias y centros de día, y miles de viviendas destinadas a alquiler presuntamente asequible (bajo el Plan Vive, que tantos problemas ha causado ya). Así, los inversores combinarán la oferta de plazas públicas con la obtención de ingresos procedentes de plazas privadas, alquileres y servicios complementarios. Un modus operandi que la oposición denuncia como liberador para las cuentas actuales de la región, pero detrimental para el futuro, y que desde el Ejecutivo defienden por "cuestiones de eficiencia".
"Es una fórmula de colaboración público-privada que permite una puesta en servicio de las infraestructuras necesarias de forma más rápida y bajo criterios de eficacia y eficiencia", argumenta un portavoz madrileño sobre un plan que afecta, con distintos matices, a cerca de cien parcelas: cinco destinadas a colegios concertados (dos aún en fase preliminar); 40 previstas para residencias y centros de día; y 72 incluidas en el Plan Vive, de las que 19 siguen pendientes de adjudicación formal, de acuerdo con el portal oficial.
"Ayuso ha subastado la vida de los más vulnerables, las personas mayores en residencias, al peor postor", argumenta la diputada madrileña del PSOE Lorena Morales. "Lo mínimo sería que controlase lo que ocurre dentro de esas paredes. Pero las penalidades que impone son mínimas, mientras que las quejas de las familias son un clamor. Su única prioridad es el negocio. Nada le importa el sufrimiento de quienes deberían ser atendidos con toda la dignidad", lamenta la socialista.
En la misma línea se pronuncia la diputada de Más Madrid Diana Paredes: "El gran problema es el modelo de privatización de los cuidados de Ayuso. [...] No solo hay pocas inspecciones, es que la gran mayoría son pactadas, y la realidad que cuentan los trabajadores y recogen las propias inspecciones es alarmante: falta de personal, ratios que no se cumplen, ausencia de enfermería en turnos clave e incluso situaciones en las que no hay nadie que pueda administrar medicación en momentos críticos. A eso se suma la falta de mantenimiento en centros antiguos y la ausencia constante de profesionales básicos como gerocultoras o personal de cocina. Es decir, un sistema que debería garantizar cuidados dignos está funcionando con mínimos… o directamente incumpliendo sus propios pliegos".
"¿Por qué pasa todo eso? Porque no hay consecuencias reales. Las sanciones son escasas y, cuando existen, son irrisorias", sentencia Paredes. En respuesta, la consejería de Familia, Juventud y Asuntos sociales, que encabeza una de las manos derechas de Ayuso, Ana Dávila, argumenta que las penalidades y las cuantías se aplican cumpliendo lo establecido en la Ley de contratos públicos y en el contrato. "Los usuarios de las residencias que dependen de la Comunidad de Madrid están bien atendidos y la Administración regional vela permanentemente por el correcto cumplimiento de los criterios de calidad en la atención y de los contratos. La Comunidad de Madrid ejerce un control estricto sobre las residencias de gestión indirecta", se defienden desde la Administración madrileña, y sostienen también que "estos centros pasan cada uno al menos dos visitas de la inspección al año y al menos otras 10 visitas de los técnicos que hacen seguimiento para que se cumpla correctamente el contrato de gestión".