Los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid continúan de huelga 263 días después de que diera comienzo su lucha. El conflicto se alarga en el tiempo más de un año, pero ni la empresa pública contratante, TRAGSA, ni el Gobierno de la Comunidad de Madrid, encabezado por Isabel Díaz Ayuso, han puesto de su parte para que las reivindicaciones se canalicen y los trabajadores vean mejorada su precaria situación. Es más, el comité de huelga acusa a la compañía de “negarse a negociar, incumplir la Ley Básico de Bomberos Forestales y vulnerar la libertad sindical y el derecho a huelga”.

“Todo ello resulta especialmente grave al tratarse de una empresa pública que, pese a cerrar desde hace años con resultados millonarios, sigue negándose a mejorar las condiciones de un colectivo que presta un servicio esencial”, trasladan los bomberos. Asimismo, el otro protagonista público, el Ejecutivo regional de Ayuso se lava las manos y continúa actuando como si no tuviera poder de decisión en un servicio de titularidad regional. Esa dejación de funciones queda reflejada también en la falta total de interlocución del área de Emergencias.

Irresponsabilidad con sus trabajadores, negligencia con sus ciudadanos

El director de Emergencias ni siquiera ha accedido a reunirse con los bomberos forestales, pese a que llevamos más de tres meses solicitando reuniones. Esta falta de respuesta institucional agrava un conflicto que afecta directamente a la seguridad pública y a la protección del medio ambiente”, lamentan los trabajadores. Una postura que, denuncian los bomberos, podría derivar en otro verano dramático en materia de incendios, principalmente los unos trabajos de prevención “bajo mínimos”. “Irresponsabilidad con sus trabajadores, negligencia con sus ciudadanos”, señalan los huelguistas.

Los bomberos forestales de Madrid detuvieron el verano pasado su lucha momentáneamente para dar respuesta a la crisis de incendios de la que llevaban advirtiendo mucho tiempo. Sin embargo, tienen claro que no volverán a ceder ante el chantaje que políticos como Ayuso y empresas como TRAGSA utilizaron para trasladarles cierta responsabilidad de la situación, cargando a sus espaldas la responsabilidad de una gestión inexistente por reclamar salarios dignos y condiciones laborales seguras y estables. “Huelga sin sentido”, la calificó la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Sueldos miserables y negligencia pública

Los bomberos no piensan volver a paralizar su huelga y TRAGSA y la Comunidad de Madrid siguen sin otorgar importancia a su trabajo, pese a lo visto el pasado año. Solo este desprecio a los bomberos podría explicar que cobren en torno a 1.300 euros mensuales por apagar incendios forestales, realizar labores preventivas durante el invierno y acudir a emergencias climáticas como inundaciones o episodios de DANA. En Valencia estuvieron cuando se les necesitó, al igual que en los montes madrileños, pero apenas pueden sobrevivir con su sueldo.

Este invierno, clave para evitar un verano trágico, “se han reducido en un 50% los trabajos preventivos, una circunstancia que llevamos meses denunciando por el riesgo que supone para la ciudadanía y para el medio natural”, exponen los bomberos. Además, “TRAGSA sigue sin implantar un plan de protección frente a agentes cancerígenos, a pesar de ser una obligación legal y de que la Inspección de Trabajo ya ha requerido recientemente tanto a la empresa como a la Comunidad de Madrid para que pongan fin a esta situación”.

Salarios bajos, inseguridad laboral, bases que se caen abajo, la categoría laboral no reconocida, parcialidad en las plantillas y otras muchas condiciones fundamentan la huelga. Además, pese a los riesgos, no se ha reforzado el servicio. “Denunciamos que la temporalidad continuará hasta mayo y que cada brigada ha perdido dos componentes, lo que ha supuesto pasar de 530 a 420 efectivos y contar con menos personal por recurso”, trasladan los trabajadores en huelga, advirtiendo de las consecuencias que esto podría tener.

“Nuestras unidades representan casi el 50% del personal de guardia diario en campaña de alto riesgo, por lo que este recorte tiene consecuencias directas sobre la capacidad operativa del dispositivo”, trasladan. “La llegada del verano hace todavía más grave este escenario. Las lluvias de los últimos meses han incrementado de forma notable el combustible vegetal y durante la Semana Santa ya se han registrado incendios en distintos puntos del norte peninsular y del interior”, advierten.

La situación es dramática en lo laboral, pero podría serlo también en materia de seguridad.  Por todo ello, los bomberos exigen a TRAGSA “una negociación inmediata” y a la Comunidad de Madrid que “asuma su responsabilidad y deje de mirar hacia otro lado”. La huelga sigue porque el conflicto sigue y no se detendrá hasta que no se atienda a los servidores públicos y sus reivindicaciones.

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