La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para que la Fórmula 1 desembarque en Madrid en próximo mes de septiembre, aunque ello conlleve modificar de forma torticera las leyes autonómicas. El circuito de Madring se había topado con problemas al invadir una vía pecuaria que, según la normativa, son consideradas “suelo no urbanizable protegido”, pero el Partido Popular (PP) ha decidido utilizar su mayoría en la Asamblea de Madrid para colar una reforma legal camuflada en una ley para impulsar vivienda pública protegida.
Ley de medidas urgentes para el incremento de la oferta de vivienda con protección pública es el nombre del anteproyecto impulsado por la Comunidad de Madrid, todavía en fase de información pública, en el que Ayuso quiere colar la modificación del artículo 25 (las vías pecuarias y los planes de ordenación territorial) de la ley 8/1998. Este pasaría de una redacción clara, que establece que “las normas subsidiarias de planeamiento calificarán como suelo no urbanizable protegido las vías pecuarias”, a una más ambigua y que deja abierta una puerta por la que quiere entrar el PP de Madrid.
“Los instrumentos de ordenación territorial y planeamiento urbanístico contemplarán como suelo no urbanizable protegido las vías pecuarias”, recogería el nuevo articulado defendido por el Gobierno de Ayuso. El cambio parece mínimo, pero el paso del mandato claro (“calificarán”) a una interpretación difusa (“contemplarán”) y se carga la protección del valor histórico y ecológico de estas vías históricas que recorría el ganado y que, en la actualidad, cumplen en España con una función social y medioambiental en beneficio de toda la ciudadanía (turismo, unión entre emplazamientos naturales, tránsito, etc. ).
La denuncia de esta situación ha llegado de la mano de la Plataforma Ecologista Madrileña -integrada por ARBA, la Asociación Ecologista Madrileña, GRAMA, Jarama Vivo y Liberum Natura-, que puso el grito en el cielo el pasado miércoles con la presentación de un amplio escrito de alegaciones contra el anteproyecto, que recogió ElPlural.com. Las asociaciones denuncian que el cambio puede llevarse por delante más de 4.000 kilómetros de vías pecuarias y alrededor de 23.000 hectáreas de suelo público que quedarían expuestos a procesos urbanizadores y a una pérdida irreversible de su valor ambiental, territorial y cultural.
Más allá del cambio en el propio articulado, las alegaciones alertan de que la reforma introduce el silencio administrativo positivo en ámbitos sensibles como carreteras y vías pecuarias, permitiendo que la falta de informes sectoriales se interprete como favorable. Para los ecologistas, esta medida elimina controles esenciales vinculados a la seguridad vial, la viabilidad de los desarrollos urbanísticos y la protección de bienes de dominio público.
Otros cambios sustanciales
Los ecologistas también denuncian que el texto legal altera hasta seis leyes autonómicas mediante un procedimiento de urgencia que reduce al mínimo la participación pública y el debate social. Esta forma de legislar, advierten, no es excepcional, sino que se ha convertido en una práctica habitual del Ejecutivo madrileño para introducir cambios de gran calado en la ordenación del territorio. “La urgencia se ha convertido en la regla y no en la excepción, vaciando de contenido la planificación urbanística y el control democrático”, señalan en sus alegaciones.
Uno de los ejes centrales de la crítica es que el anteproyecto prioriza de forma sistemática la rentabilidad del promotor privado. Para ello, facilita cambios de uso del suelo, incrementos de edificabilidad y de densidad de viviendas y reduce estándares urbanísticos como los vinculados al aparcamiento o a las dotaciones públicas. Todo ello, subrayan los ecologistas, sin reforzar el parque público de vivienda ni garantizar el acceso a los colectivos más vulnerables, que son precisamente los más afectados por la crisis habitacional.
La Plataforma Ecologista Madrileña denuncia, además, una vulneración sistemática de la autonomía local. El anteproyecto impone normas autonómicas de aplicación directa que obligan a los ayuntamientos a pronunciarse expresamente para evitar su entrada en vigor automática, invirtiendo la lógica competencial y convirtiendo a las entidades locales en meros ejecutores de decisiones adoptadas desde el Gobierno regional.
“Las personas necesitan vivienda, pero también barrios equilibrados, servicios públicos suficientes, dotaciones cercanas y entornos no segregados. La ciudad no puede reducirse a un simple contenedor de viviendas”, subrayan las organizaciones. Por todo ello, reclaman la retirada íntegra del anteproyecto y la apertura de un proceso participativo real para diseñar una política de vivienda basada en la planificación, la sostenibilidad, la justicia social y la protección del territorio, en lugar de seguir utilizando el suelo público como moneda de cambio del negocio inmobiliario.