La viva imagen del colapso de la Sanidad pública en la Comunidad de Madrid está en el Hospital La Paz, el mayor de la región. Los médicos denuncian desde hace semanas una saturación de las urgencias “como consecuencia directa de los cierres de camas” que les hace preparar ya una posible huelga. Pero la otra cara de esta situación está en la decisión tomada por el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, que para tapar ese agujero aprobó detraer 588 millones de euros de otras áreas, como las Emergencias, en plena crisis de incendios, o las ya de por sí maltratadas residencias de mayores de la región.

La oposición denuncia un “tijeretazo” a estas consejerías para inyectar liquidez en la de Sanidad, que el Gobierno del Partido Popular justifica con la Ley de Hacienda que reserva estas operaciones para “situaciones excepcionales”. Es excepcional que el mayor hospital de la región tenga “las salas de Urgencias desbordadas y pacientes atendidos en camas colocadas en los pasillos, mientras a pocos metros permanecía una sala completamente vacía y cerrada”, como denunciaba su propia plantilla en un comunicado. Sin embargo, el propio informe que justifica esta decisión reconoce que el dinero es para la “actividad ordinaria”, y que el presupuesto de 2026 “nació muerto”, como denuncia la diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid, Sara Bonmati.

262 millones de Emergencias, Atención Social y Transportes: el primer “tijeretazo” de Ayuso

Los socialistas han solicitado en la Cámara regional el informe del Consejo de Gobierno del pasado 24 de junio, en el que se autorizó a la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo a detraer dinero de otras áreas para “financiar necesidades del Servicio Madrileño de Salud”. En su contenido, al que ha tenido acceso ElPlural.com, se detalla la cantidad recortada de varios organismos que proporcionan servicios esenciales en la región, que se destinarán a “garantizar la continuidad en la prestación de los servicios sanitarios”. 

En este primer acuerdo, el total asciende a unos 262 millones de euros, por lo que aún quedan otra inyección de 325,8 millones hasta llegar a lo que pidió el área que dirige Fátima Matute. El mayor recorte se lo lleva el Consorcio Regional de Transportes de Madrid, del que se detraerán 124 millones de euros “mientras que los usuarios del Metro de Madrid sufren día tras días la ausencia de climatización en los vagones y las esperas interminables en los andenes, también sin climatizar, debido a baja frecuencia de trenes”, denuncian los socialistas. 

Una de las áreas más llamativas de las que se ha recortado es la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112. Especialmente porque, desde el mes de julio, la región ha sufrido el peor incendio de su historia en la Sierra Oeste, con los bomberos denunciando la falta de medios para combatir las llamas, y una sentencia de por medio por el desvío de 38 millones de euros de las arcas públicas.

La lista continúa por los 32,1 millones detraídos de la Agencia Madrileña de Atención Social, o los 22,5 millones que se recortan de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. “Recorta en atención social y residencias de mayores a la vez que familiares y residentes denuncian la falta de personal para atender a los residentes durante el verano o la nula climatización de los centros”, señala la oposición. Es llamativo también como incluso áreas de la propia Consejería de Sanidad se verán mermadas, con los 59,9 millones de euros recortados de la Agencia de Contratación Sanitaria o los 4,5 millones del propio SERMAS. 

La “ficción jurídica” para el recorte

La Consejería de Sanidad pidió esta inyección de 588 millones amparándose en el artículo 80.2 de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid, que regula la reasignación y modificación de créditos presupuestarios. Esta norma de 2025 recoge que el área de Hacienda puede transferir liquidez a la Tesorería Central “en situaciones excepcionales y previa autorización del Consejo de Gobierno”. 

El acuerdo del Ejecutivo regional admite que “los créditos del Servicio Madrileño de Salud”, el SERMAS, “resultan insuficientes para atender la tramitación de facturas para centros sanitarios”. Sin embargo, el propio informe señala que el dinero detraído de otras consejerías se va a destinar a financiar “compromisos de gasto que deberán ser atendidos en el corto plazo, vinculados en todo caso al funcionamiento ordinario de los centros gestores”.

El documento, al constatar que los créditos “resultan insuficientes”, admite que el presupuesto regional que se fijó para el año 2026 no alcanza para cubrir las necesidades de los hospitales, que ven sus salas de urgencia colapsadas mientras se cierran habitaciones. Pero es que más adelante, el informe señala que las cuentas de este año incluyen “operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y de acreedores por periodificación del gasto del ejercicio 2025. Es decir, que al empezar este ejercicio ya se contaba con la deuda de facturas del anterior, por un total de 941,2 millones de euros.

El presupuesto "histórico" era, en realidad, una deuda "histórica" que se comió el dinero de este año”, lamenta Bonmati. "Mientras Ayuso estaba ocupada fantaseando con su ático, la sanidad pública se queda sin dinero para su actividad ordinaria", señala en X.

Súmate a

Apoya nuestro trabajo. Navega sin publicidad. Entra a todos los contenidos.

hazte socio

Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.

Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.

Activar ahora