La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, colocaba este lunes en la diana a los diplomáticos españoles con el fantasma de un posible fraude electoral. “Cada cónsul y cada funcionario que también estaría haciendo algo ilegal”, decía el pasado lunes la lideresa madrileña en un coloquio organizado por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD).
El telón de fondo de estas declaraciones es la aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que prevé la concesión de la nacionalidad española a los descendientes de españoles que emigraron a América Latina.
Los diplomáticos mostraron su sorpresa con las palabras de la baronesa ‘popular’, que no hacen otra cosa que extender la sombra de la sospecha sobre un posible engaño en los próximos comicios que empezó a esparcir el presidente de Vox, Santiago Abascal, y que ha continuado el Partido Popular.
El líder de extrema derecha fue el primero que denunció la semana pasada un supuesto “pucherazo” en las urnas ante la probabilidad de que se “manipule el censo y regale la nacionalidad española” a electores afines. A esta denuncia se ha sumado el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acusaba también en las últimas horas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de practicar “ingeniería electoral” con la aplicación de la conocida popularmente como ley de nietos.
En declaraciones a El País, este grupo de trabajadores lo deja claro: Ellos “se atienen estrictamente a la ley”. Entretanto, la responsable de Sol ha llegado a hablar de la multiplicación de “agentes gubernamentales en las embajadas españolas para jugar con las reglas del juego y el reparto de escaños”, obedeciendo a un supuesto plan del Ejecutivo español para “cambiar el censo electoral”.
Un proceso complejo
Sin embargo, a no ser que se cambie la normativa, la única persona responsable de conceder o no la nacionalidad española es el cónsul, un funcionario que toma la decisión después de llevar a cabo un meticuloso examen para comprobar que la documentación presentada por la persona solicitante cumple todos los requisitos legales.
El presidente de la Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), que agrupa al 60% de los miembros de la carrera en activo, pide una defensa férrea por parte del Ministerio de Exteriores de la labor de estos profesionales y explique cómo funciona el sistema de voto a través de los consulados, para que no de lugar a equívoco alguno.
El proceso para obtener la nacionalidad por parte de los nietos de españoles residentes en el exterior es lo suficientemente complejo como para que pueda producirse fraude, más allá de algún error o falsificación aislada.
El interesado tiene que aportar una copia literal de la partida de nacimiento de su abuelo o abuela, un documento del registro civil español debidamente compulsado y sellado para, a renglón seguido, aportar también la partida de nacimiento del padre o la madre; el certificado de matrimonio entre ambos siempre que exista y, en última instancia, la partida de nacimiento del solicitante, que también ha de estar legalizada para que sea válida en el extranjero.
Los consulados se quejan del colapso que sufren ante la ola de solicitudes presentadas, y es que hablamos de hasta 2,4 millones de las cuales ya se han concedido más de medio millón. De ahí que se haya sugerido que alguna empresa pública colabore en el proceso de ordenación de toda la documentación presentada.
Denuncian colapso
Los diplomáticos que se ven afectados por el colapso y, ahora también por las insinuaciones de la derecha, defienden que se pueda dar dicha colaboración, siempre y cuando se limite a tareas de apoyo y los cónsules conserven la última palabra sobre la concesión de la nacionalidad.
La parte damnificada de estas líneas reclama un aumento notable de la plantilla para poder atender a las necesidades generadas por este incremento, también de la población españole en al exterior.
Ayuso se equivoca
Ayuso se equivoca cuando dice que “el Gobierno no puede tener la facultad de asignar (a estas personas) provincias de manera arbitraria, según el recuento de votos, según donde le falten los votos necesarios para obtener el siguiente escaño”.
La realidad dista mucho de esta afirmación, y es que el Gobierno no tiene esa “facultad”, sino que es el propio interesado el que elige el municipio al que quiere ser adscrito a efectos electorales, una decisión que se realiza en base a criterios objetivos como la última residencia en España o el municipio de mayor arraigo suyo o de sus descendientes. Esto es, el papel que desempeñan los funcionarios se limita a tramitar la declaración de la persona ante la oficina del censo electoral.
Añadir ElPlural.com como fuente preferida de Google.
Mantente informado con las últimas noticias de actualidad.