Ayuso y su núcleo duro, comprometidos por el caso FP: la posible prevaricación escala en el escalafón

El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid sigue avanzando en la investigación por el presunto troceo de contratos en el construcción de centros de Formación Profesional (FP) de la Comunidad de Madrid, eludiendo concursos públicos y permitiendo asignaciones a dedo, y apunta cada vez más arriba en su investigación. La causa ha ido escalando poco a poco, pasando de uno a siete institutos, y nombres como el de Enrique Ossorio, mano derecha de Isabel Díaz Ayuso y presidente de la Asamblea de Madrid, o Rocío Albert, actual consejera de Economía y Hacienda, están cada vez más señalados.

La presunta corrupción, destapada por elDiario.es, señala a el Centro de FP Ciudad Escolar, el IES Antonio Machado, el Conservatorio Profesional de Música de Alcalá de Henares, el IES Príncipe Felipe, el IES Virgen de la Paloma, el IES Ciudad de los Poetas, el IES Tetúan de las Victorias y apunta a otros, entre ellos alguno impulsado directamente por la presidenta de la Comunidad de Madrid. Los directores de los centros han sido citados por los testigos y ahora la jueza ha llamado a declarar, el próximo 11 de marzo, al que fuera director general de Educación Secundaria hasta 2023, José María Rodríguez.

El exalto cargo del Gobierno de Ayuso ya declaró como testigo, pero ahora lo hará en calidad de investigado después de que su antiguo número dos, José María Serrano, revelase a la jueza la existencia de un correo, con Rodriguez como uno de los destinatarios, en el que se alertaba de la posibles ilegalidades de la obras. Ossorio era el consejero de Educación, vicepresidente y portavoz autonómico cuando presuntamente sucedieron estas irregularidades, entre 2021 y 2023, y su número dos era la aznarista Albert, ahora a cargo de la política fiscal.

La Fiscalía considera que el troceo de contratos para no alcanzar los 40.000 euros y evitar los trámites administrativos viene de un escalafón alto de la administración. El subdirector de FP y también destinatario del correo de alerta de Serrano, Alfonso Mateos, ya fue cesado y ahora los reproches políticos salpican al actual director general de Educación Concertada, Jorge Elías, que por aquel entonces era director del Área Territorial Este y presenció de cerca la construcción de la Escuela de Arte Alcalá, bajo investigación.

Este centro, según las indagaciones, contaba con un presupuesto de 1,2 millones de euros para su remodelación, que se hizo fuera de la ley a no licitarse a concurso público. En vez de esto, todo apunta a un fraccionamiento de contratos y la realización de pagos a través de otros centros. En la consejería de Educación que pilotaba Ossorio no aparecieron la documentación, el proyecto ni la licitación que justificasen las obras. La cartera, además, era la responsable de los permisos y licencias y el investigado Mateos apunta en esa dirección.

Involucrados señalan a Ossorio

“Las memorias se pasaban al director general, que las presentaba al Interventor, el consejero (Ossorio) firmaba que aprobaba el gasto y la cuarta firma era del Interventor General de la Comunidad, que ingresaba el dinero en la DAT, que se lo enviaba a los centros y que luego tenía la función de controlar y auditar”, apuntó el ex subdirector de FP ante la jueza.

En su declaración, Mateos expuso que el consejero Ossorio, de quien aseguro que conocía este modelo que se seguía para la contratación de obras en su Consejería. Asimismo, indicó que todo pasaba bajo los ojos y aprobación de la Dirección de Área Territorial, ya que los directores de instituto no tienen capacidad de decidir las obras ni manejar los presupuestos, que vienen dados y auditados desde la Consejería.

Desde el área de Educación del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se llevó a cabo una investigación del contrato que este constructor, antes de denunciar el caso, reclamaba que fuera abonado. El instructor encargado de analizar la situación recomendó poner el caso en manos de la Justicia, tras los diferentes trabajos realizados, pues hallaba unos hechos de gravedad los cuales fueron presentados ante la Fiscalía. No obstante, una denuncia de Podemos ante la justicia hizo decaer la investigación del Ministerio Fiscal, que trasladó todo el caso al Juzgado de Instrucción. En la causa están personados la propia Comunidad de Madrid, el PSOE, Más Madrid y el sindicato CCOO.