Las ayudas que la Comunidad de Madrid destina para contratar a empleadas del hogar son las únicas cuyos solicitantes no tienen que justificar residencia legal ni antigüedad en el empadronamiento; únicamente tienen que demostrar que estén empadronados un mes antes en el domicilio en el que la trabajadora va a ejercer su labor.
La región marca así distancias entre una subvención polémica de base a ojos de la oposición y otras como las ayudas a la maternidad o para familias cuyos hijos estaban en cuidados paliativos, también reducidas.
La portavoz de Políticas Sociales del PSOE de la Autonomía, Lorena Morales, pone de manifiesto esta cuestión en declaraciones a ElPlural.com, y explica que para las ayudas que tienen como objetivo facilitar la contratación de personal del hogar únicamente se requiere el empadronamiento efectivo -no legal- un mes antes.
Por el contrario, en las ayudas destinadas a la maternidad el empadronamiento debe ser de diez años, cinco de ellos en Madrid, y residencia legal; para la Renta Mínima de Inserción (RMI), la antigüedad tiene que ser de un año; y en las ayudas para familias con hijos en cuidados paliativos también se solicitaba antigüedad en el empadronamiento.
Respecto de las primeras, la diputada socialista va un paso más allá y destaca un punto que “le parece lamentable”. “(El hecho de pedir esos años de empadronamiento) implica que cuando las mujeres migrantes quieren acumular esos años de empadronamiento ya han pasado los 30 años de edad, por lo que no pueden optar a la ayuda porque se pasan de la edad”, expone.
"Racismo selectivo"
El PP respondió a Vox en uno de los últimos plenos señalando que más del 80% de las beneficiarias de las ayudas de maternidad son de origen español, lo que deja en un porcentaje del 20% a la población extranjera a pesar de que esta segunda, sobre todo joven, es muy elevada en la capital autonómica.
“Creemos que es un racismo selectivo, clasista (…) Ayuso no es racista en general, sino con las personas migrantes vulnerables, porque para el dinero que destina a personas pudientes no lo es”, ratifica, incidiendo en su crítica a esas que la Comunidad de Madrid define como ayudas para la conciliación; las que dan origen a estas líneas.
“Una persona con una renta normal no se puede permitir contratar a una empleada del hogar. La explicación del baremo -30.000 euros per cápita- tiene una explicación, y es que una familia que tenga por ejemplo cuatro hijos es muy beneficiada”, acentúa, tirando de datos: “Más de 500 solicitudes aprobadas al año son de familias numerosas”.
Reducción presupuestaria ante el “fracaso”
Morales asegura que su partido “ya advirtió” a Isabel Díaz Ayuso de que estas subvenciones “iban a ser un fracaso, porque estaban diseñadas para personas que no necesitan una medida específica de corresponsabilidad, que ni siquiera lo es”: “No llegan al común de las familias, y mucho menos a las más vulnerables”.
Nuevamente, destaca, los ‘populares’ beben de su mayoría absoluta para beneficiar “a quienes caben en su marco político”, y a tenor de ese ‘fiasco’ “ha tenido que ir reduciendo presupuesto cada año”.
La Comunidad de Madrid ha reducido en los dos últimos años en 1,7 millones de euros el presupuesto de las ayudas para la conciliación, concretamente las destinadas para empleadas del hogar; montante que, según la región, está destinado a facilitar el cuidado de menores y personas con discapacidad.
El límite económico para optar al montante se sitúa en los 30.000 euros per cápita, es decir, por cada miembro de la unidad familiar. Esto hace que pueda alcanzar los 150.000 euros anuales de ingresos si una familia tiene cinco miembros. Este es uno de los puntos principales por los que la formación de Óscar López considera que las ayudas favorecen, en última instancia, a las familias más pudientes.
Según los datos oficiales del gobierno municipal, en 2024, la mayoría de los beneficiarios fueron familias numerosas, muy por delante de las monoparentales y de las que tienen hijos con discapacidad. En números, 571 de las primeras obtuvieron la subvención, por tan solo 34 de las segundas y 29 de las terceras.
Consejería de Economía
La Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid defiende que estas ayudas a empleadas del hogar no discriminan según el tipo de familia y sostiene que la asignación presupuestaria depende de las necesidades a las que se enfrenta la ciudadanía.
Asimismo, señala en su defensa que se trata de fondos estatales -lo que significa que los criterios están condicionados por las directrices del Estado- y remarcan que otras autonomías también contemplan este tipo de ayudas.
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