La tensión inmobiliaria en España suma un nuevo caso que alimenta su polémica y debate. En esta ocasión, resuenan las presiones que han recibido hasta 70 familias residentes en pleno centro de Madrid para abandonar sus viviendas. No obstante, aunque sea un desahogo temporal, esta vez la noticia viene marcada por haber logrado frenar el desahucio de los inquilinos de estos pisos propiedad de la Casa de Alba. La clave para ello ha sido la entrada en vigor del nuevo decreto de protección del alquiler impulsado por el Gobierno, que permite prorrogar los contratos durante dos años en las mismas condiciones.
Estas familias habitan una manzana completa cuya propiedad pertenece a la Casa de Alba. En los últimos meses, los residentes de estas viviendas han recibido comunicaciones en forma de burofax en las que se les notificaba la no renovación de sus contratos, con fechas límite para abandonar sus hogares en algunos casos tan próximas como el 1 de julio.
Los afectados han denunciado, tal y como ha dado a conocer La Sexta en un reportaje, que las razones esgrimidas por la propiedad, como obras de rehabilitación o mantenimiento, esconden en realidad un cambio de uso de los inmuebles. Sospechan que el objetivo final es transformar estas viviendas en pisos turísticos o alojamientos temporales, mucho más rentables en una zona de alto valor inmobiliario.
No solo eso, sino que, según han señalado algunos vecinos a la cadena de televisión, el cambio en la relación con la propiedad tras el fallecimiento de la duquesa de Alba fue notorio. Explican que anteriormente existía un trato más cercano, si bien ahora la comunicación se limita a notificaciones formales y decisiones unilaterales.
En este contexto, la aprobación del decreto ha supuesto un balón de oxígeno. Gracias a esta normativa, los inquilinos podrán acogerse a una prórroga extraordinaria de sus contratos, lo que les permitirá permanecer en sus viviendas hasta dos años más. Aunque son conscientes de que se trata de una solución temporal, este margen les ofrece tiempo para organizarse, buscar alternativas o continuar su batalla legal y social.
Por su parte, desde la gestión de la propiedad se asegura que se están estudiando soluciones individualizadas para cada caso, aunque los vecinos denuncian que, en la práctica, la única opción planteada hasta ahora ha sido abandonar los inmuebles.
El caso refleja una problemática creciente en las grandes ciudades españolas, basada en la presión del mercado inmobiliario, el auge de los pisos turísticos y la progresiva expulsión de residentes tradicionales de los centros urbanos. Todo ello en un contexto de subida de precios y escasez de oferta que dificulta el acceso a la vivienda.
¿Qué es el decreto de protección del alquiler y cómo funciona?
El Gobierno de España ha aprobado recientemente un decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda que incluye una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler. Esta normativa permite a los inquilinos extender sus contratos hasta dos años adicionales manteniendo las mismas condiciones, siempre que estos finalicen antes del 31 de diciembre de 2027.
Durante este periodo, los propietarios están obligados a aceptar la prórroga salvo en casos excepcionales, y no pueden aplicar subidas de precio más allá de los límites fijados, en muchos casos, con incrementos restringidos al 2%. El objetivo principal de la medida es contener el impacto de la escalada de precios del alquiler y proteger a los hogares más vulnerables en un mercado tensionado.