Las 7 denuncias por el caso ático de Ayuso: PSOE, Más Madrid, Iustitia Europa y particulares

La polémica por el ático comprado por la Comunidad de Madrid para convertirlo en una supuesta "oficina" temporal para Isabel Díaz Ayuso ya no se limita al terreno político. La operación, que el Gobierno regional ejecutó en abril por 6,3 millones de euros y que salió a la luz a finales de julio, acumula ya al menos siete denuncias, presentadas ante distintas instancias.

El recuento se ha ampliado en las últimas horas después de que Más Madrid llevara la compra del ático ante el Tribunal de Cuentas. En total, como recopilaba Malas Lenguas este lunes, son al menos siete denuncias o acciones relacionadas con la adquisición del inmueble, entre actuaciones ante la Fiscalía y ante el Tribunal de Cuentas. En la vía penal, el Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid investiga cinco denuncias: la presentada por Iustitia Europa y las cuatro que la Fiscalía remitió posteriormente al órgano judicial, correspondientes al PSOE y a tres particulares. A ellas se suma la solicitud de Más Madrid para personarse como acusación popular en esa causa.

El frente penal

La primera denuncia que puso en marcha la investigación penal fue la presentada por Iustitia Europa, una formación extraparlamentaria que acudió a la Justicia para pedir que se investigase la adquisición del inmueble de Chamberí. Su escrito apuntaba a posibles delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa y administración desleal del patrimonio público, entre otros que pudieran determinarse durante la investigación. La organización reclamó, además, que se recabase el expediente completo de la compra, incluidos los informes que justificasen la necesidad de adquirir el inmueble y la legalidad de la operación.

A esa denuncia se sumó la del PSOE, que también acudió a la Fiscalía para poner el foco en la operación ejecutada por Planifica Madrid, la empresa pública dependiente del Gobierno de Ayuso. Los socialistas reclamaron que se investigasen las circunstancias de la compra, así como la documentación que debía acreditar por qué la Comunidad optó por adquirir un ático residencial de estas características en lugar de recurrir a otras alternativas. También solicitaron que se investigase el papel desempeñado por los responsables de Planifica Madrid y de la Consejería de Presidencia.

El frente penal se completa con tres denuncias presentadas por particulares: Fernando Jabonero, Iván de Ángel de Diego y Dionisio Cabeza. Los tres escritos fueron remitidos por la Fiscalía al juzgado que ya investigaba la denuncia de Iustitia Europa.

En el caso de Jabonero, el denunciante señaló expresamente a Planifica Madrid y pidió abrir diligencias penales por la compra del inmueble de lujo, al considerar que los hechos podían ser constitutivos de posibles delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y falsedad documental. Su escrito planteaba, entre otras cuestiones, si la necesidad pública que justificó la compra existía realmente en el momento de la operación o si la motivación administrativa respondía a otras circunstancias.

Las cinco denuncias han quedado bajo la investigación del Juzgado de Instrucción número 8 de Madrid, después de que la Fiscalía remitiera al órgano judicial las cuatro denuncias que recibió después de la primera. La magistrada Rosario Espinosa tiene sobre la mesa las distintas peticiones de los denunciantes, que reclaman documentación sobre la compra y las comunicaciones internas relacionadas con la operación, entre otras diligencias.

A este frente se ha incorporado ahora Más Madrid, aunque no como denunciante dentro de esas cinco acciones. La formación ha solicitado personarse como acusación popular en la causa abierta por el juzgado, una petición que le permitiría intervenir en el procedimiento y participar en la investigación. En su escrito, sostiene que la operación podría haber incurrido en posibles delitos como prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude a la Administración y administración desleal del patrimonio público.

El frente del Tribunal de Cuentas

Al margen de la investigación penal, el caso del ático tiene abierto otro frente: el Tribunal de Cuentas. Aquí existen otras dos denuncias, con un objetivo diferente. No se trata de determinar únicamente si pudo cometerse un delito, sino de averiguar si la operación ocasionó un menoscabo de fondos públicos, quién podría ser responsable y, en su caso, si debería producirse un reintegro.

La primera fue presentada por el abogado Javier Flores Vaquerizo, que acudió al órgano a comienzos de agosto. Su escrito advertía de un posible perjuicio para las arcas públicas derivado de una operación en la que una empresa pública adquirió con dinero de los madrileños una vivienda de uso residencial por varios millones de euros. Flores cuestiona, entre otras cuestiones, que cuando se adquirió el inmueble existiera ya la documentación que justificase las obras en la Real Casa de Correos que la Comunidad esgrimió como motivo para el traslado temporal de Ayuso y su equipo.

La segunda actuación ante el Tribunal de Cuentas es la presentada por Más Madrid. La formación de Mónica García anunció este lunes que había llevado la operación al Tribunal de Cuentas el pasado 14 de agosto para pedir que se determine si la compra provocó un perjuicio económico a la Comunidad de Madrid y, en ese caso, quién debe responder por él. Su denuncia pone el foco en el posible menoscabo de fondos públicos y solicita que se recabe la documentación necesaria para determinar si existió una gestión negligente y, en su caso, quién sería responsable.

Una venta que no cierra el caso

El reciente movimiento de Más Madrid ha ampliado así un caso que ya se investigaba por dos vías distintas. En la penal, el foco está puesto en determinar si la operación pudo incurrir en delitos como prevaricación o malversación. En la contable, la pregunta es si la compra ocasionó un perjuicio a las arcas públicas y, de ser así, cuál fue su cuantía y quién debe responder por él.

Todo ello mientras la Comunidad de Madrid ha puesto a la venta el ático por un precio de salida de 6,69 millones de euros, después de haber defendido inicialmente que el inmueble serviría como espacio temporal para Ayuso durante las obras de la Real Casa de Correos. La decisión de venderlo no ha cerrado las dudas: las investigaciones abiertas deberán determinar ahora quién decidió la compra, qué documentación la justificaba, si existía realmente la necesidad alegada por el Ejecutivo autonómico y, sobre todo, si aquella operación terminó generando un perjuicio para las arcas públicas madrileñas.