48 horas en Chamberí: del contrato firmado a un ático que Madrid dejó de necesitar

El ático de 6,3 millones de euros que Planifica Madrid compró para convertirlo en la residencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se está convirtiendo en el cuento del nunca acabar del Gobierno madrileño. El desarrollo de los acontecimientos ha llegado hasta la justicia, y ha tenido su último capítulo en la publicación del expediente del inmueble, en el que no se menciona en ningún caso las obras en Sol y que confirma el carácter residencial de la vivienda. El Ejecutivo madrileño decidió sacar la vivienda a subasta después de que la prensa truncara sus planes y se convirtiera en un asunto de orden público, pero el piso no ha tenido ningún pujante y dicha subasta ha quedado desierta. Los momentos más importantes para el desarrollo de este culebrón se produjeron durante un lapso de 48 horas.

El diseño de la operación, inicialmente, pasaba porque el inmueble, adquirido por Planifica Madrid por 6,3 millones de euros, no fuera utilizado directamente por la empresa pública, sino por el propio Gobierno de Ayuso. Para ello, se articuló un contrato de arrendamiento entre ambas entidades: Planifica, como propietaria y arrendadora, y la Administración regional, como arrendataria. La memoria de Presidencia justifica ese uso por la necesidad de disponer de un inmueble institucional de carácter residencial para autoridades y como apoyo a las sedes oficiales durante las obras.

El expediente explica después las condiciones de ese alquiler: 3.000 euros mensuales, una duración inicial de diez años y una carencia de quince meses, pero no desarrolla de forma específica por qué se optó por que Planifica comprara primero el piso y la Comunidad se lo alquilara después, en lugar de utilizar otra fórmula patrimonial. Una vez formalizada esa estructura, el arrendamiento quedó ligado a la necesidad institucional alegada por Presidencia, una necesidad que, sin embargo, desaparecería apenas días después de culminarse la tramitación.

Las 48 horas clave

El 2 de julio, Presidencia firmaba la memoria en la que dice que la Comunidad necesita un inmueble institucional y pide alquilarlo. Una firma que se formalizó el 28 de julio y, apenas dos días después, el 30 de julio, la Secretaría General Técnica de Presidencia comunicó la "desaparición de la necesidad que había motivado el arrendamiento", lo que llevó a dejar sin efecto la autorización administrativa previa.

Un giro radical que se produjo después de que la operación ya se hubiera superado la fase de informes, autorización y formalización contractual. La orden posterior recuerda que el 27 de julio se había autorizado tanto la suscripción del contrato como el gasto máximo previsto y que solo tres días más tarde Presidencia informó de que la necesidad había desaparecido. El expediente acredita esa secuencia, pero en las páginas revisadas no explica qué circunstancia concreta provocó un cambio tan rápido.

La resolución se cerró de mutuo acuerdo: la Abogacía General recoge que no llegó a producirse la toma de posesión ni el uso efectivo del inmueble, por lo que no se generaron obligaciones económicas derivadas del alquiler. Así, el contrato terminó sin que el Gobierno de Ayuso llegara a utilizar el ático, aunque para entonces Planifica Madrid ya había adquirido previamente el inmueble, y ello no pudo evitar que la prensa se hiciera eco de las intenciones del Gobierno madrileño.

Subasta desierta

Este jueves, 17 de septiembre, se conocía el final del proceso de subasta del ático: ningún comprador ha mostrado interés por la vivienda y la subasta quedaba desierta. Como se ha explicado en líneas anteriores, el Gobierno de la Comunidad de Madrid pasó a poner a la venta este inmueble tras la enorme polémica surgida en torno al mismo. Todas las preguntas que surgían alrededor de este ático y el posible uso particular, en lugar de institucional, que podría llegar a hacer del mismo Isabel Díaz Ayuso generaba una notable controversia y debate debido al cual la presidenta madrileña ha mantenido un perfil muy bajo durante este verano, minimizando lo máximo posible sus apariciones públicas y su contacto con la prensa, además de esquivando de manera continuada este asunto.

El piso puso contra las cuerdas a Ayuso ante la presión pública y anunció este proceso de subasta, asegurando que lo recaudado por la venta sería destinado a la reparación de los daños causados por los incendios que, durante el verano, asolaron la sierra de Madrid, una proposición que no suscitó más que risas entre la oposición.

Toda la polémica surgida propició la aparición de denuncias contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y su empresa pública, que llevaron ante las instituciones judiciales la compra de este inmueble. El expediente desvelaba que sí que se le otorgaba desde el Ejecutivo madrileño un "carácter residencial", pese a que, según habían defendido durante el verano, iba a estar destinado a un uso profesional, de oficinas y despacho por las obras en la Real Casa de Correos.

Uno de los denunciantes de la compra de este inmueble fue el abogado Javier Flores, quien comunicaba en la red social 'X' que, a raíz de la denuncia que presentó el 3 de agosto, el Tribunal de Cuentas le trasladaba su decisión de abrir una pieza de Acción Pública, un procedimiento a través del cual se investigan posibles daños a los fondos públicos. "Se han acumulado a ella otras tres denuncias posteriores por los mismos hechos. El Tribunal me da diez días para decidir si me quedo como mero denunciante o si ejerzo la acción pública de responsabilidad contable. Voy a ejercerla", avisaba el letrado.