El Gobierno de la Comunidad Valenciana, liderado por Carlos Mazón, sigue bloqueando todos los intentos realizados desde la oposición para reconstruir qué hizo durante el fatídico 29 de octubre, día en el que la peor gota fría del siglo provocó la muerte de más de 220 valencianos arrasando todo a su paso. Este lunes se ha conocido que el Consell ha vuelto a hacer de las suyas con las peticiones públicas de información registradas por el PSPV, partido líder de la oposición. En este caso, el gobierno valenciano ha impedido a los socialistas conocer al detalle el parte de desplazamientos del chofer del president, limitándose a pasar un parte de dietas sin pormenorización alguna sobre dónde llevó a Mazón el día de la DANA.
Concretamente, el encargado de contestar a la petición de información registrada por los diputados socialistas José Muñoz Lladró y Alicia Andújar Durá ha sido Santiago Lumbreras Peláez, hombre fuerte del núcleo duro de Carlos Mazón y secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia. En el escrito de respuesta, de hecho, deja patente que se limitarán a proporcionar la “provincia en la cual se realizan los desplazamientos”, sin entrar en detalles sobre la cantidad de viajes ni el origen ni destino de estos, “como ha sido práctica habitual desde las pasadas legislaturas”.
De esta forma, el Consell vuelve a bloquear los intentos de reconstruir qué hizo el president durante el fatídico día de la DANA, donde el negacionismo con las alertas de la AEMET y la tardanza en enviar las alertas a través del sistema Es-Alert para este tipo de fenómenos naturales costó cientos de vidas. Por el momento, explican fuentes socialistas, se conoce que Mazón estuvo en cuatro lugares: en dos actos, uno de la patronal turística y otro de sanidad, en una rueda de prensa en el Palau de la Generalitat, donde quitó peso a la importancia de las lluvias que ya azotaban zonas interiores de la provincia de Valencia, y en El Ventorro, restaurante donde comió con Maribel Vilaplana para, supuestamente, ofrecerle la presidencia de la radiotelevisión pública valenciana À Punt.
“Posteriormente, no se conoce qué hizo: ni si volvió a casa, ni si fue directamente al Palau ni a qué hora salió de la comida”, explican fuentes del PSPV a ElPlural.com, justificando de esta manera todos sus intentos para conocer la verdad sobre lo que hizo el president popular en la sesión vespertina del día más negro de la reciente historia de la región.
Trabas y excusas para ocultar información sobre la DANA
Como se señalaba en las líneas anteriores, el historial de impedimentos por parte del gobierno de Mazón para que se esclarezcan los hechos acaecidos el 29 de octubre es bastante largo. En este sentido, cabe recordar que ya tras las primeras horas después de la catástrofe, la Presidencia de la Generalitat se apresuró en intentar por tierra y por aire no enseñar la factura sobre la comida que mantuvo Mazón en el restaurante El Ventorro en las horas claves de la DANA. Una sorprendente decisión que la Generalitat justificó (tras varias versiones) sosteniendo que en dicha reunión Mazón estaba en calidad de líder del Partido Popular valenciano y no como presidente de la región.
Asimismo, el gobierno valenciano también ha puesto trabas a facilitar tanto las comunicaciones de Mazón como las de su núcleo duro para presentar el historial de llamadas del 29 de octubre. Los socialistas valencianos (PSPV-PSOE) solicitaron estas comunicaciones por primera vez a la presidencia de las Corts Valencianes el 15 de noviembre del pasado año, reclamando una “copia íntegra” del historial “desde que se acordó la alerta roja hasta las 20:00 horas”. Cuatro días después, el secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Transparencia, Santiago Lumbreras, respondió que existía “la imposibilidad” de cumplir esta petición debido “al número indeterminado de comunicaciones” producidas por varios canales, desde telefónicas y telemáticas hasta presenciales, ese día.
A la par, la portavoz del Consell, Susana Camarero, aseguró que la solicitud tenía un error de forma e instó a la oposición que si se realizaba “correctamente” se facilitaría la información con total “transparencia”. Los socialistas recogieron el guante y presentaron otra solicitud, pero la respuesta ha vuelto a ser negativa, aunque en esta ocasión la excusa ha cambiado. En esta ocasión, el 5 de febrero, Lumbreras rechazaba facilitar el historial porque “la compañía prestataria de los servicios y suministros” que utiliza la Generalitat “no emite facturas individuales para cada uno de los teléfonos”.
Idéntico camino de trabas ha sufrido la exigencia de la justicia por saber quién envió la alerta de la DANA el mencionado día. En este caso, la semana pasada la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Catarroja volvía a requerir a la Generalitat que comunicará en un plazo máximo de cinco días qué persona tomó la decisión de enviar el aviso. Sin embargo, la petición de la justicia se volvió a encontrar con el esquivo de la Generalitat. Y es que, Mazón ha afirmado que las decisiones que se tomaron ese día fueron tomadas de forma “conjunta” y “colegiada” por el Cecopi, que está codirigido por la Delegación del Gobierno y la Consellería de Emergencias.