El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, se estrenaba este jueves en el Comité de las Regiones de Europa como la voz autorizada de la comunidad autónoma designada por el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco.
El objetivo era firmar la Alianza de las Regiones con la industria de la automoción, una red política de regiones concebida para trabajar "por el éxito de la transición de la industria automovilística europea".
García-Gallardo defendió "una transformación ordenada que no perjudique ni a las empresas, ni a los trabajadores, ni a los ciudadanos”, pero en este contexto apostó por "alargar la vida útil de los vehículos", que según dijo, es "lo más sostenible", y cargó contra las nuevas formas de movilidad, mostrándose contrario a "forzar o imponer transiciones a nuevas formas de transporte".
En ese sentido, defendió el "derecho a tener vehículo en propiedad y acceder con él al centro de la ciudad", y aseguró que "no necesitamos zonas de bajas emisiones, sino de altos nacimientos".
"Tenemos el deber de cuidar la naturaleza, pero también de decir que los trabajadores de Castilla y León no son los culpables del deterioro del Medio Ambiente", dijo, y aseguró que así se defienden "las conquistas sociales de los más humildes, el interés general y no de los lobbies en particular".
El mandatario de Vox remató subrayando que "no debemos precipitar el futuro, anticipar formas de movilidad para las que no estamos preparados, si no queremos que la industria del automóvil y la prosperidad sean parte del pasado”.
La realidad en la comunidad
La opinión defendida por el vicepresidente de la comunidad en Europa casa con dificultad con la tendencia real en Castilla y León al respecto de las zonas de bajas emisiones y el interés de los grandes municipios por transformar sus núcleos urbanos.
En este sentido, cabe recordar que en febrero de este mismo año, y dentro de un programa financiado precisamente con los fondos europeos Next Generation, el Gobierno de España asignó a Castilla y León más de 50 millones para zonas de bajas emisiones y transformación del transporte urbano en sus municipios más grandes.
Ese montante de ayudas llegaba a las nueve capitales de provincia y Ponferrada, (de distintos colores políticos), que habían presentado proyectos a la convocatoria, destinada a capitales, entidades locales de más de 20.000 habitantes y también a las de más de 50.000.
Las tesis de García-Gallardo en el foro de debate europeo como representante de Castilla y León tampoco parecen muy en la línea del programa electoral del Partido Popular, que entre sus medidas en torno a la movilidad, prometía en campaña implantar "un modelo de movilidad pública comprometido con la sostenibilidad ambiental, que reconozca el transporte sostenible como el pilar básico de las políticas públicas de movilidad, que avance en la descarbonización y la incorporación de energías alternativas cero emisiones y bajas emisiones, y que cuente con una flota de vehículos moderna, eficiente y adaptada al territorio donde presta sus servicios".