En la política española de los últimos años hay algo que va mucho más allá del legítimo enfrentamiento entre proyectos ideológicos. Se ha instalado una forma de hostilidad que no busca confrontar ideas, sino aniquilar al adversario. El Partido Popular bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijoo ha hecho de esta lógica su estrategia central: no disputar al PSOE en el plano programático, sino construirlo como un enemigo ilegítimo, moralmente corrupto, y, por tanto, merecedor no solo de oposición, sino de desprecio, acoso, insulto. En definitiva, el objetivo es presentar el escenario político como una competición, una batalla en un ring, en el que “todo vale” con tal de acabar con el rival.
Un ejemplo claro es la utilización del aparato judicial no para condenar, sino para desgastar políticamente, y acabar con el adversario, es una táctica, conocida como 'lawfare', basada en el juego sucio, que ya ha empleado más veces el PP.
El espejo del "lawfare": de Madrid a Galicia
una preocupante tendencia nacional de investigaciones prospectivas, una práctica que en España está terminantemente prohibida, pero que últimamente está en auge entre lo populares. Lo vemos en Madrid con el caso de Begoña Gómez, donde el juez Peinado impulsa una causa general sin indicios concretos, o en el insólito caso del Fiscal General del Estado. Son procesos donde la instrucción no busca la verdad, sino mantener vivo el titular mediático para erosionar la imagen pública del rival.
Cabe recordar como Alberto Núñez Feijoo se valió de ella en su día en su etapa gallega. A los hechos me remito. Las artimañas del PPGa se pusieron entonces en marcha y, entre otras maniobras, unos anónimos presentados en los Juzgados de la capital lucense dieron pie al inicio de la Operación Pulpo, con José Ramón Gómez Besteiro, hoy máximo dirigente del PSdeG, falsamente acusado en el centro de la trama. Una causa que después de12 años se ha demostrado que no era más que una operación para aniquilar al socialista Besteiro dejando el camino libre a Feijoo de cara a las elecciones autonómicas.
Según el PSdeG, “todo fue una trama orquestada por el PP”, con acusaciones que “se han demostrado falsas” que “sirvieron de coartada a una jueza, Pilar de Lara, casada con un alto cargo” de este partido y que “acabaría siendo expedientada, sancionada y apartada de la carrera judicial durante meses por sus actuaciones”.
El alcalde de Vilanova, 30 años aniquilando adversarios con juego sucio
Una estrategia, la utilización del aparato judicial no para condenar, sino para desgastar políticamente, y acabar con el adversario. En Vilanova, el alcalde Gonzalo Durán —por quien Feijóo siempre ha mostrado una especial simpatía— personifica este modelo: el uso de las instituciones y del ruido judicial como escudo para perpetuarse en el poder y desgastar a quien se atreve a fiscalizar su gestión. Es la política convertida en un lodo de sospechas donde la verdad es lo que menos importa.
Una denuncia "reciclada" y sin base jurídica
El caso que hoy señala a María José Valés es, cuanto menos, sorprendente desde el punto de vista jurídico. La denuncia, que la mantiene como investigada, se centra en hechos que ya fueron archivados por la justicia hasta en dos ocasiones anteriores por falta de indicios.
La polémica en torno a esta tercera denuncia contra la concejal socialista está servida desde el primer momento.
¿Quién es el denunciante? Se trataría de un amigo íntimo del Sr. Patrón Mayor de la Cofradía en la actualidad, reconocido militante del Partido Popular en Vilanova de Arousa y titular de una empresa de transporte que opera en el puerto de Vilanova de Arousa desde hace años, según recogen unos escritos presentados ante la fiscalía por la portavoz socialista.
¿Cuáles son los hechos que se denuncian? `María José Valés, durante el tiempo que fue Patrona Mayor de la Cofradía, habría burlado el mecanismo del concurso público para la adjudicación del servicio de grúa de la Cofradía de pescadores en el puerto de Vilanova de Arousa a un tercero, incurriendo en un presunto delito de prevaricación en concurso, tráfico de influencias y administración desleal.
Si analizamos el contenido y nos fijamos en la acusación contra María José Vales que recoge la denuncia, encontramos un error grave que acabaría de un plumazo con la misma… ¿Por qué? Porque se la acusa de un delito de prevaricación en concurso público que, en este caso, no se puede dar. Es imposible burlar el mecanismo de concurso público ante la inexistencia de concesión administrativa alguna por el ente portuario. A pesar de esta inexistencia de base legal, la maquinaria no se detuvo.
La instrucción realizada por un sargento de la Guardia Civil: una labor bajo sospecha
La actuación del sargento instructor no cumple uno de los principios esenciales de cualquier instrucción: garantizar los derechos y las garantías procesales de la persona investigada.
En este caso, la investigada no fue citada formalmente, ni informada de la instrucción, ni llamada a declarar en tiempo y forma. Su comparecencia se produjo únicamente por iniciativa propia, al tener conocimiento de la existencia de la denuncia, con el objetivo de ejercer su derecho de defensa y aportar documentación exculpatoria.
Esta omisión no es menor: la instrucción debe asegurar la participación activa de la persona afectada, permitiéndole conocer los hechos que se le imputan y defenderse desde el inicio del procedimiento, algo que aquí claramente no se produjo.
Tampoco se cumple el requisito básico de objetividad e imparcialidad en la valoración de los hechos. La denuncia remitida al juzgado recoge unos hechos que ya habían sido archivados en dos ocasiones anteriores, ambas a petición de la Fiscalía, sin que conste la existencia de nuevos elementos probatorios que justificaran reabrir la vía penal.
Remitir nuevamente esos mismos hechos al juzgado, sin incorporar datos novedosos ni diligencias que aporten una línea de investigación distinta, supone ignorar deliberadamente resoluciones judiciales previas y quiebra el principio de racionalidad que debe presidir toda actuación instructora. Una instrucción no puede limitarse a reproducir acusaciones ya descartadas, sino que debe fundamentarse en indicios objetivos y actualizados.
Finalmente, la instrucción incumple su función esencial de impulsar diligencias útiles y necesarias para esclarecer los hechos. Tras la admisión a trámite de la denuncia, se abre un periodo de instrucción de un año en el que no se practica diligencia alguna, lo que vacía de contenido el propio proceso instructor.
Pese a esta inactividad absoluta, la causa concluye manteniendo a la persona afectada en condición de investigada, sin que se haya concretado en qué hechos, indicios o pruebas se sostiene dicha imputación. Esta situación no solo genera indefensión, sino que contradice la finalidad misma de la instrucción penal: investigar para aclarar, no prolongar la sospecha sin fundamento.
El sargento bajo la lupa de la Fiscalía
La sombra de la parcialidad planea sobre el cuartel. María José Valés ya ha solicitado formalmente a la Fiscalía de Pontevedra y a la Subdelegación del Gobierno que se abra una investigación sobre la labor de este sargento. La socialista denuncia que solo se explica la tramitación de unas diligencias basadas en datos falsos e incongruencias por el "beneficio que dicha denuncia puede tener para Gonzalo Durán".
El escrito presentado ante la Fiscalía va más allá y señala una "relación especial de amistad o análoga" del sargento con el entorno íntimo del alcalde Durán, mencionando específicamente a su pareja. Mientras el regidor del PP utilizaba esta denuncia como "escudo" para evitar declarar él mismo en otras causas —como la querella por injurias y calumnias que le interpuso Valés—, la labor del instructor le facilitaba el relato político de la sospecha.
La "amnesia" de Gonzalo Durán
Curiosamente, cuando el alcalde Durán tuvo que declarar finalmente en el juzgado el pasado mes de octubre, tras un año y medio de dilaciones, sufrió un ataque de "amnesia". A pesar de haberse aferrado a la denuncia del sargento durante meses para atacar a Valés en los medios, ante la jueza afirmó no conocer el procedimiento, ni al denunciante, ni al propio instructor.
El caso de Vilanova de Arousa es un ejemplo de libro de cómo el lawfare local, alimentado por instrucciones policiales bajo sospecha y el amparo de liderazgos que premian la agresividad sobre la gestión, puede llegar a corromper el sistema democrático. María José Valés no solo lucha por su inocencia, ya demostrada dos veces, sino para que se depuren responsabilidades sobre quienes, desde las fuerzas de seguridad, pudieron prestarse a este juego de intereses políticos.