Desde hace meses, si no años, el Gobierno presidido por Alfonso Rueda, a pesar de repetir constantemente que la sanidad gallega es de las mejores del Estado, no deja de adoptar medidas que todavía 'mejoren' más ese nivel.
Mientras desde la Xunta, la Consellería y el Servizo Galego de Saúde, Sergas, a través de sus responsables políticos siguen presumiendo de su gestión, la realidad es bien distinta, con protestas por parte de los profesionales, pero también de los usuarios y las asociaciones que defienden la sanidad pública.
La Atención Primaria es el verdadero caballo de batalla, y en la Xunta buscan las medidas necesarias para devolver la normalidad a un nivel asistencial castigado por años de recortes.
La llegada del veranos suele venir acompañada de decisiones calificadas en ocasiones como siemples “ocurrencias”.
La última anunciada por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, sobre el posible incentivo para buscar la bajada del tiempo de las bajas médicas en Atención Primaria, ha vuelto a provocar gran reacción desde diferentes sectores.
Esta misma mañana, el Sindicato Médicos de Galicia, SIMEGA, mostró su “absoluto rechazo” a esa anuncio, porque considera la medida “profundamente equivocada”, además de “un peligroso precedente al introducir criterios economicistas en un ámbito que debe regirse exclusivamente por la evidencia médica y el bienestar de los pacientes”.
Para esta organización lo anunciado por Gómez Caamaño es “mercadear” con la salud de los ciudadanos, considerándolo como algo “impresentable”. Además, a juicio de sus responsables, con esta propuesta lo que hace Sanidade es vincular “de forma implícita la gestión de las incapacidades temporales a incentivos o resultados cuantificables”. Para SIMEGA la recuperación de un enfermo “no puede convertirse en un objetivo de productividad ni estar condicionada por presiones ajenas a la práctica clínica”.
Como señala la práctica y recordó este lunes el Sindicato una patología evoluciona según condicionantes de cada paciente, es decir, depende de factores “médicos, físicos, psicológicos y sociales”. Por ello la crítica a tratar de establecer de forma “estandarizada el tiempo de recuperación”, algo que no es posible, como tampoco fijar fines objetivos generales de reducción de las bajas, “ya que hacerlo supondría ignorar la individualidad de los procesos asistenciales y comprometer la calidad de la atención sanitaria”.
Fin a la “criminalización” y a la “presión”
Desde SIMEGA se añadió que si una baja médica se prolonga en el tiempo, esto no depende de los médicos de Atención Primaria, sino de “factores estructurales del propio sistema sanitario”. En este punto, lanzó un dardo a la Xunta de Galicia al señalar que, en numerosos casos, una baja se alarga a causa de “demoras existentes en las consultas de especialidades hospitalarias y de las listas de espera para pruebas diagnósticas, circunstancias completamente ajenas a la voluntad de los facultativos de los centros de salud”.
Por todo lo anterior indicó que es “injusto” y “desacertado” apuntar directamente al médico de familia, instando a la Consellería de Sanidade a que “abandone planteamientos que puedan generar desconfianza entre profesionales y pacientes”, para, a continuación, reprochar la gestión de la administración autonómica, al señalar que debería “centrar los esfuerzos en reducir las listas de espera, reforzar la Atención Primaria y mejorar la capacidad diagnóstica del sistema sanitario”.
En una línea similar, pero obviamente más política se pronunció la diputada del Bloque Nacionalista Galego, Montse Prado.
Según sus palabras, lo que hace el PP con este anuncio es una "campaña de criminalización" contra las personas de baja laboral y “contra las profesionales sanitarias que prescriben esas incapacidades”.
La dirigente del BNG puso sobre la mesa que este anuncio de Gómez Caamaño no es más que una estrategia que "se basa en la mentira del exceso y la duración de las bajas", un hecho que, añadió, en el caso de Galicia no se da puesto que “es la segunda comunidad autónoma con menor incidencia de bajas laborales: 26,6 por cada mil trabajadores, frente a la media estatal de 36,2”.
En sus críticas, la parlamentaria nacionalista rechaza “tajantemente” que la duración de una baja laboral “pueda tener efectos retributivos para las profesionales”. Montse Prado, además de insistir al PP que “ponga fin a la campaña de criminalización”, pidió que se “deje de presionar a los médicos para que agilicen las altas laborales y de actuar como lobby de la peor patronal para defender el derecho a la salud de las trabajadores”.
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