Concretamente, afecta al personal de los edificios ubicados en Santiago, Lugo y A Coruña, a los que, según se prevé, se sumarán los que están en ejecución en Ferrol, Pontevedra, Ourense y Vigo. Un total de siete residencias de mayores, con capacidad en su conjunto para 900 plazas y que Amancio Ortega donó, totalmente equipadas, al Ejecutivo autonómico. No obstante, a la calidad aparente de las infraestructuras y sus recursos materiales no se suman unas condiciones dignas para sus trabajadores y trabajadoras.
¿Por qué sucede esto? A esta situación se llega debido al retraso en la revisión del convenio colectivo de los trabajadores de las residencias privadas de mayores, siendo el 97% de su personal mujeres, llevando este documento laboral caducado desde el año 2023. Así, mientras que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) se sitúa en los 1.184 euros brutos mensuales, el personal de estas residencias recibe 1.109 en el caso de las gerocultoras y 1.090 recepcionistas, limpiadoras o auxiliares administrativas. De esta manera, según denuncia el sindicato mayoritario (CIG) que representa a estas trabajadoras, de las 12.000 empleadas de estos centros, unas 8.000 no llegan el salario mínimo.
Galicia se trata de una de las comunidades autónomas que cuentan con las poblaciones más envejecidas del país. Son en torno a 21.000 los mayores que viven en las residencias gallegas, perteneciendo a centros privados casi 19.000 plazas. En lo relativo a los centros donados por Amancio Ortega, si el Ejecutivo de Alfonso Rueda hubiera optado por asumir estos espacios en la gestión pública, en lugar de entregarlos a empresas privadas, el gasto hubiera correspondido únicamente a la contratación del personal.
Desde inicios de este mes de septiembre, tanto en las residencias como en los centros de día y en el servicio de ayuda en el hogar, se vienen dando jornadas de huelga de los trabajadores y movilizaciones convocadas por la CIG con el objetivo de forzar a la patronal a participar en un en evento en el que se proceda a la negociación de un nuevo convenio. Movilizaciones, para la cuales se han marcado unos servicios mínimos, y con las que también se pretende conseguir que los centros cuenten con el personal mínimo de atención directa necesario para su apertura y prestación mínima de servicio que garantice una atención adecuada a las personas usuarias de estos centros.
Precisamente, relacionado con esto último, el BNG ha presentado ante el Parlamento gallego quejas de familiares de usuarios de la residencia donada por Amancio Ortega en Lugo, pues denunciaba la que existía una falta de trabajadoras suficientes que permitiera una atención correcta de los mayores, teniendo muchos de ellos gran dependencia de asistencia. Tanto para este caso como para otros que también se han dado, la Xunta alegó que inspecciona los centros y que cumplen las ratios de personal a las que obliga la normativa, aprobada en 1996. Las trabajadoras, sin embargo, denuncian que ese aparente "cumplimiento tiene trampa".