Galicia ha registrado en los últimos días algunos frentes de riesgo por los incendios forestales y las altas temperaturas. Por lo pronto, todos han quedado controlados sin daños personales, aunque se han visto afectadas zonas como Padrón (A Coruña), Boborás (Ourense) y Xermade (Lugo).
En las últimas horas, después de que esta lacra haya dejado consecuencias devastadoras en Madrid, Toledo, La Vall de Uxó (Castellón) en última instancia, y Ávila -aquí el fuego ha sido considerado el peor de la historia reciente de España desde que se tienen registros-, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, prometía que antes de que termine 2026 aprobará la nueva ley de incendios forestales.
Se trata de una norma que su antecesor, Alberto Núñez Feijóo, prometió en 2021 y que, entre otras cosas, incorpora más flexibilidad para realizar quemas controladas y desbroces, incluso en espacios protegidos, y estímulos para que el monte genere actividad económica.
El responsable de la comunidad autónoma decía que no existen “ni soluciones mágicas, ni soluciones demagógicas que luego son irrealizables”, con lo que la ley no traerá consigo “ningún cambio revolucionario”, sino un esfuerzo en concienciación y prevención.
La izquierda lamenta la falta de prevención
La oposición, más allá de mirar con escepticismo el nuevo anuncio del líder regional, lamenta que, a menos a día de hoy y siempre según lo que nos remiten fuentes de estos partidos, la gestión de los incendios en Galicia deja mucho que desear. Precisamente, reprochan que lo que menos se prioriza ahora mismo es la prevención.
Se refieren al PLADIGA (Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia), que lo consideran una “propuesta fallida” porque “no está centrado en evitar que haya incendios, sino en la extinción”. “Obviamente, tiene que haber todos los medios necesarios para extinguir los incendios, cada vez más voraces, pero la clave está en evitar que se queme el momento y para eso la prevención, limpieza y ordenación del monte es fundamental”, expresan desde el BNG en declaraciones a ElPlural.com, sosteniendo que “los incendios se apagan en invierno”.
El Bloque Nacionalista Galego “propone un giro de 180 grados en la política de ordenación del territorio apostando por la prevención los 365 días del año y por un monte multifuncional y multideportivo frente al monocultivo de especies pirrófitas (…)”. “Proponemos una moratoria indefinida en la plantación de eucalipto, limpiar y ordenar el monte durante todo el año, un giro total en la política forestal que camine hacia un modelo multifuncional del monte y revitalizar el rural, de verdad, empezando por dotarlo de servicios básicos que faciliten que la gente se quiera quedar a vivir”, explican a este periódico.
En junio, el PSOE de Galicia advertía de que la Xunta llegaba de nuevo al verano “sin hacer los deberes”, con un modelo que “lleva años dando señas de agotamiento” y que “sigue sin adaptarse a la nueva realidad de los incendios forestales”.
En la misma línea del BNG, contempla que el PP gallego “lleva años defendiendo que la lucha contra el fuego debe realizarse durante todo el año, pero sigue incorporando refuerzos en el momento en que Galicia entra en la fase más delicada de campaña. “La prevención no se improvisa cuando estamos a las puertas de los grandes incendios”, decían la parlamentaria socialista Carmen Rodríguez Dacosta, recién llegaba la época estival.
El PSdeG acusaba al gobierno gallego de “repetir diagnósticos sin tomar decisiones” años después. Hace algo más de un mes, el PSOE destacaba que, después de los grandes incendios de 2017, el Parlamento “aprobó recomendaciones que apuntaban a al profesionalización, la estabilidad laboral, la formación continua, de refuerzo personal propio y de una mejor distribución territorial de los medios”, pero que “años después Galicia sigue discutiendo sobre vacantes, contratos temporales y refuerzos excepcionales”.
“La Xunta no puede decir que no sabía qué hay que hacer. Lo saben. Lo dijeron los expertos, lo aprobó el Parlamento de Galicia y lo confirmaron las sucesivas campañas de incendios, lo que falta es la voluntad política para cambiar el modelo”, describía la parlamentaria del partido que lidera José Ramón Besteiro.
Nueva ley de incendios forestales
En lo que respecta a la ley que Rueda asegura que saldrá adelante antes de que termine el año y que se presentará en el periodo de sesiones que arranca en septiembre, el presidente de la Xunta indica que está “muy avanzado”, si bien va con retraso; unos plazos que justifica con la llegada de una nueva cúpula en la Consellería de Medio Rural, a la que el ‘popular’ ha dado margen para aportar sus visiones. “Preferimos esperar unos meses más y que ellos pudieran también aportar”.
El futuro texto profundizará en los incentivos para cultivar terrenos y “flexibilizar” las quemas y los desbroces en periodos de riesgo alto de incendio. Rueda se ha abierto incluso a autorizar esa limpieza en espacios protegidos. Por contra, el presidente gallego calificó como “última solución” la posible incorporación forzosa de fincas sin limpiar al Banco de Terras.
El gobierno autonómico lanza un mensaje de tranquilidad ante el agosto de más riesgo
Asimismo, el gobierno de Rueda ha querido trasladar a la entrada del agosto de mayor riesgo y todavía con el recuerdo de 2025, un mensaje de tranquilidad, asegurando que encara las próximas cuatro semanas con un operativo reforzado y con la mirada puesta, precisamente, en que se repitan esas imágenes.
En números, explica el Ejecutivo, habrá unos 3.000 profesionales dependientes de la Administración autonómica, 175 más que en la campaña anterior. La cifra superaría los 7.000 efectivos si se suman los adscritos a otras administraciones.
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