El blindaje político y procesal del que ha gozado Gonzalo Durán Hermida durante más de tres décadas en la escena municipal de Vilanova de Arousa se desmorona de forma definitiva. En una resolución judicial clave dictada el 15 de junio de 2026, a la que ha tenido acceso en exclusiva este medio, la magistrada-jueza doña Sofía Leonor Castro Verdes, al frente del Juzgado de Instancia e Instrucción Plaza N.º 1 de Vilagarcía de Arousa, ha asestado el golpe de gracia a la estrategia de defensa del histórico barón del Partido Popular.
La parte dispositiva del auto no deja margen alguno a la especulación política:
"SE DESESTIMA el recurso formulado por la defensa de Gonzalo Durán Hermida, contra el auto de fecha 19 de mayo de 2026, dictado en este procedimiento".
Con este pronunciamiento, la jueza ratifica de manera íntegra el pase a procedimiento abreviado (PA 27/2026) contra el regidor por presuntos delitos continuados de calumnias e injurias graves contra la portavoz y concejala del PSdeG-PSOE, María José Vales Martínez.
La defensa de Durán pretendía el archivo de las actuaciones agarrándose al principio de intervención mínima del Derecho Penal y alegando una supuesta inexistencia de indicios criminales. Sin embargo, la resolución judicial tumba por completo dicha coartada al recordar que las diligencias practicadas —incluyendo documentales, declaraciones y actas institucionales— ofrecen una base indiciaria sólida que solo puede dirimirse en el marco de un juicio oral.
Tras este varapalo judicial, el itinerario procesal de Gonzalo Durán queda completamente abocado a la Audiencia Provincial de Pontevedra. Fuentes jurídicas consultadas confirman que este órgano cuenta con una actividad penal fluida y exenta de colapsos críticos, lo que sitúa el horizonte del juicio en el próximo mes de septiembre de 2026. Será entonces cuando, con total probabilidad, el incombustible rostro del PP gallego se vea obligado a sentarse en el banquillo de los acusados.
ANÁLISIS JURÍDICO DE LAS CALUMNIAS: EL PLAZO DE DIEZ DÍAS Y EL "TEMERARIO DESPRECIO HACIA LA VERDAD"
El origen de este procedimiento se remonta a la agresiva campaña electoral de las elecciones municipales de mayo de 2023. El auto de instrucción original detalla un modus operandi nítidamente diseñado para destruir la reputación y las opciones políticas de la candidata socialista mediante el uso torticero de las instituciones públicas, y las diligencias judiciales.
La resolución judicial se apoya firmemente en la doctrina emanada de la Sala Segunda del Tribunal Supremo para calificar la conducta del alcalde. El texto recuerda que el delito de calumnias no exige un abstracto animus difamandi, sino que se agota en su tipo subjetivo mediante el dolo directo o el dolo eventual, definido este último como un "temerario desprecio hacia la verdad". Para la magistrada, Durán actuó con plena conciencia de la falsedad de sus imputaciones o, al menos, con una negligencia absoluta al propagar patrañas desmentidas por la propia Fiscalía.
Asimismo, el testimonio judicial del Patrón Mayor de la Cofradía de Pescadores de Vilanova, Rosalino Díaz Calo, terminó por sepultar la estrategia del investigado. Al declarar bajo la obligación legal de decir la verdad, Díaz Calo negó categóricamente en sede judicial haber facilitado documentación secreta al alcalde o haber interpuesto denuncias nominativas contra María José Vales. Quedó acreditado que Durán carecía del amparo de los órganos colegiados de la Cofradía y que actuó con el único propósito de adulterar el debate político mediante el fango mediático.
Con la desestimación del recurso de reforma, entra en su fase ejecutiva el mandamiento de la jueza de recabar de inmediato los antecedentes penales de Gonzalo Durán y dar traslado por diez días al Ministerio Fiscal y a la acusación particular para formular el escrito de acusación y solicitar la apertura formal del juicio oral.
EL SARGENTO DE LA GUARDIA CIVIL Y LA ASISTENCIA A LA AMNESIA PROCESAL
Uno de los capítulos más opacos de esta trama —y que la defensa de Gonzalo Durán intentó utilizar desesperadamente como escudo— es el papel desempeñado por el Sargento de la Guardia Civil del puesto de Vilanova de Arousa.
En julio de 2024, cuando Durán se encontraba acorralado y citado para prestar declaración en calidad de investigado, su representación legal logró aplazar la comparecencia mediante una astuta maniobra: solicitar al juzgado que reclamara una serie de documentos relativos a una "nueva" denuncia por presunta corrupción contra María José Vales que se tramitaba en el Juzgado de Instrucción N.º 2. El alcalde pretendía justificar sus ataques electorales alegando de manera simplista: "Si ella está investigada, mis palabras estaban justificadas".
Sin embargo, cuando la documentación llegó al expediente y Durán fue interrogado formalmente en sede judicial el 30 de octubre, se produjo un giro que causó estupor en la sala. Preguntado de forma directa por la magistrada Castro Verdes sobre los términos de esa denuncia instruida por el cuerpo policial, el veterano político sufrió una "repentina amnesia procesal". Su letrado intervino para constatar textualmente en el acta: "[...] sin que el compareciente pueda decir nada de esto, no puede decir nada sobre esto".
El alcalde se benefició de la existencia de esa denuncia policial para esquivar su citación estival, ganar tres meses de oxígeno y paralizar la instrucción. No obstante, al verse obligado a responder bajo supervisión judicial sobre una denuncia plagada de irregularidades, optó por desvincularse por completo con seis palabras vacías.
La acusación particular liderada por Vales ha reclamado insistentemente la prueba testifical de dicho Sargento de la Guardia Civil para que aclare bajo juramento la inusitada opacidad, la celeridad récord con la que tramitó el escrito de un particular de confianza del Patrón Mayor y la clamorosa falta de indicios de una denuncia que clonaba de forma exacta hechos ya archivados. Sobre esta citación clave, de momento, impera un espeso silencio en el aparato judicial.
ESCÁNDALO EN EL JUZGADO Nº 2: LA INACCIÓN QUE PERPETÚA UNA CAUSA 'ZOMBI' SINE DIE
El panorama en el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Nº 2 de Vilagarcía, dirigido hasta hace una semanas por la magistrada doña Estefanía Vivero, adentra el caso en el terreno del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Aquí es donde la concejala socialista María José Vales padece una situación de indefensión jurídica flagrante, atrapada en una red de plazos reventados y parálisis institucional.
El 12 de septiembre de 2024, el Juzgado Nº 2 admitió a trámite una tercera denuncia interpuesta por un particular vinculado al entorno de la Cofradía (M.C.S), que el Sargento de la Guardia Civil había canalizado con presteza. Los hechos denunciados —supuestos delitos de prevaricación y corrupción administrativa en su etapa sindical marinera— constituían un calco idéntico de lo que la propia Fiscalía y el mismo juzgado ya habían decretado archivar y sobreseer hasta en dos ocasiones anteriores por inexistencia de ilícito penal.
Lo verdaderamente escandaloso radica en el desarrollo del proceso de instrucción a lo largo de un año entero:
- Inacción Judicial Absoluta: Durante los doce meses de instrucción obligatoria marcados por el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), la jueza Estefanía Vivero no practicó ni una sola diligencia de investigación.
- Vulneración de Garantías procesales: No se recabaron testificales, no se ordenaron peritajes y, lo que vulnera el derecho más elemental a la tutela judicial efectiva, ni siquiera se citó a declarar a la investigada, María José Vales.
- Desprecio al Impulso Procesal: La representación legal de Vales presentó hasta cinco escritos formales exigiendo el impulso procesal, reclamando que se tomara declaración a las partes y se aportaran los medios documentales exculpatorios. La Fiscalía, de forma paralela, informó taxativamente sobre la inexistencia de delito y exigió formalmente el carpetazo definitivo. El juzgado hizo oídos sordos a todas las peticiones.
EL AUTO FUERA DE PLAZO: LA MANIOBRA DE ACUMULACIÓN
La fase de instrucción expiraba de forma improrrogable el 12 de septiembre de 2025. Llegados a ese punto de no retorno, la instructora solo disponía de dos salidas legales: decretar el archivo definitivo o dictar la apertura de juicio oral; esto último inviable al no existir un solo elemento de prueba recabado en el año en blanco.
En lugar de aplicar el derecho ordinario y archivar una causa idéntica a las ya sepultadas, la magistrada emitió un sorprendente auto fechado el 15 de septiembre de 2025 —es decir, tres días tarde, completamente fuera de los plazos legales máximos— mediante el cual acordaba acumular este procedimiento inerte a las diligencias de 2023 (DPA 202/2023), un expediente que ya se encontraba archivado firmemente a petición del Ministerio Público.
Mediante este artificio procesal extemporáneo, el Juzgado Nº 2 mantiene congelada a la portavoz socialista en calidad de investigada sine die, prolongando de manera artificial e infinita la sombra de la sospecha criminal sobre su persona. Contra este auto fuera de plazo, el letrado de la defensa interpuso de inmediato un recurso de reforma que, a fecha de hoy, sigue durmiendo el sueño de los justos sin obtener la más mínima respuesta de la instructora.
LA INDEFENSIÓN EN PRIMERA PERSONA: LA GRAVE DENUNCIA INSTITUCIONAL ANTE EL DEFENSOR DEL PUEBLO
Ante lo que considera una flagrante vulneración de sus derechos fundamentales, María José Vales Martínez ha decidido romper el silencio institucional y dar un paso al frente para denunciar su situación ante el Defensor del Pueblo. El escrito de queja formal, al que ha tenido acceso este periódico, destapa el calvario burocrático, familiar y social que padece la concejala socialista debido a un limbo judicial que se prolonga ya de manera alarmante por más de 14 meses.
En el texto de su denuncia, la portavoz del PSdeG-PSOE arremete con dureza contra el proceder del Juzgado Nº2 de Vilagarcía, que en ese momento tenía al mando a la instructora Estefanía Vivero. Vales expone de forma nítida la ausencia total de fundamentos que sostienen la causa abierta a raíz de la denuncia de un particular vinculado a la Cofradía, M. C. S, y subraya que "no existe explicación razonable alguna que pueda justificar esta actuación judicial". Asimismo, afea al órgano que ignore de manera sistemática los reiterados informes de archivo emitidos tanto por la Fiscalía como por su propia defensa.
La líder socialista relata en el documento la maniobra perpetrada el pasado otoño para evitar el archivo obligado de las actuaciones, criticando el auto que decretó la asombrosa anexión de su expediente penal a una causa de 2023 que ya se encontraba archivada por el propio juzgado. Vales hace especial hincapié en que su representación legal interpuso un recurso de reforma fulminante para frenar esta prórroga encubierta y denuncia que, de manera incomprensible, "hasta la fecha no he recibido ninguna resolución del Juzgado. Ninguna".
El núcleo de la queja institucional describe una situación insólita en la práctica jurídica ordinaria. A pesar del tiempo transcurrido y de las constantes peticiones de impulso procesal de las partes, la portavoz del PSOE recalca el absoluto desamparo en el que se encuentra al constatar que "NI SIQUIERA SE ME HA TOMADO DECLARACIÓN COMO INVESTIGADA".
Este bloqueo sistemático ha llevado a la afectada a denunciar formalmente ante la alta institución del Estado que se encuentra atrapada en un escenario inadmisible: "Estoy ante un caso de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia (...), por lo que suplico se interesen por mi causa dado que la Instructora de este Juzgado no atiende a mis peticiones manteniéndome como INVESTIGADA SINE DIE. Quiero que se acabe esta pesadilla".
El Defensor del Pueblo ya ha procedido al registro oficial de salida de la notificación con número de expediente indexado, que busca forzar la intervención inmediata de la Inspección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El objetivo es obligar al Juzgado Nº 2 de Vilagarcía a justificar por qué mantiene congelada una causa idéntica a otras ya archivadas, perpetuando de forma artificial e ilícita el castigo político y mediático sobre la edil socialista.
EL DOBLE RASERO JUDICIAL Y LA PARADOJA POLÍTICA EN GALICIA
La coexistencia de estas dos realidades en los juzgados de Vilagarcía de Arousa dibuja una paradoja intolerable en un Estado de Derecho y destapa el uso de las denominadas "denuncias zombis" como armas de destrucción política masiva.
Mientras el exalcalde del PP, Gonzalo Durán, ve cómo la vía del recurso ordinario se agota y la Audiencia Provincial le despoja de su pretendida inmunidad para sentarlo formalmente en el banquillo de los acusados por liquidar el honor de su rival política, la concejal del PSdG, mediante el engaño masivo, los mecanismos de control del Juzgado Nº 2 fallan de manera clamorosa a la hora de proteger a la víctima de esa misma cacería.
La parálisis del Juzgado dirigido por Estefanía Vivero hasta hace unas semanas alimenta de forma colateral el discurso de la derecha y la extrema derecha local, que continúa utilizando la condición de investigada de María José Vales para equilibrar de forma falaz la balanza de la decencia pública. Se ignora con premeditación que dicha condición reposa exclusivamente sobre el vacío absoluto, una instrucción en blanco y un auto dictado fuera de plazo legal.
El cerco judicial sobre Gonzalo Durán no se limita a este caso de guerra sucia electoral. Con las cuentas del patrimonio familiar intervenidas bajo administración judicial en Santiago de Compostela por un presunto expolio de más de 280.000 euros a su propia madre enferma y las coacciones a inquilinos vulnerables listas para dar el salto a la vía penal, el desplome del barón popular es total.
El dictamen de la jueza Castro Verdes activa de forma imparable el reloj procesal. En septiembre, las maniobras de distracción, la amnesia fingida en sala y los informes sospechosos de sargentos afines carecerán de valor.
Gonzalo Durán va, irremediablemente, pa'lante.
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