El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, va pa'lante

Golpe definitivo a la impunidad de uno de los rostros más incombustibles del Partido Popular en Galicia. La magistrada al frente del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa, Sección Civil y de Instrucción Plaza N.º 1, Sofía Leonor Castro Verdes, ha dictado un auto clave al que ha tenido acceso ElPlural.com, decretando la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado contra Gonzalo Durán Hermida. Se acaba así el blindaje político y judicial de un regidor que lleva más de tres décadas atrincherado en el poder y al que ahora se le abre de par en par un escenario procesal que lo deja a las puertas del banquillo de los acusados.

En términos llanos y entendibles para todos: la instrucción penal se cierra porque la jueza ha encontrado indicios de criminalidad que apuntan a que Durán habría perpetrado una cacería reputacional, un “traje a medida” de fango y difamación para destruir a su rival política, la candidata del PSOE María José Vales Martínez, en el sprint final de las elecciones municipales de mayo de 2023.

Una persecución en la que acusaba de delitos de corrupción a la concejal del PSdeG en su etapa al frente de la Cofradía de Pescadores y que no ha cesado en los últimos tres años, desde aquellas elecciones, aun habiendo sido archivadas en dos ocasiones anteriores denuncias contra ella por esos mismos delitos que le imputaba Gonzalo Durán. El alcalde ya no puede esconderse tras la retórica de los mítines: está formalmente acorralado por la justicia y con un pie en el juicio oral.

A diferencia de personajes como Miguel Ángel Rodríguez, el fontanero del PP, que conoce imputaciones y pasos procesales meses antes de que se decreten formalmente en los juzgados, en este caso la realidad es bien distinta. Sabemos con absoluta certeza que el alcalde va pa'lante porque la resolución judicial consta de forma literal y oficial en el expediente. Estamos ante la documentación técnica y rigurosa que conforma la causa penal; una realidad jurídica incuestionable que el PP gallego ya no tiene margen para camuflar.

El auto de la jueza: el desmontaje de la farsa electoral

El documento judicial fulmina por completo la coartada exculpatoria que el alcalde de Vilanova intentó blindar en sus comparecencias públicas. La resolución de la magistrada no deja el más mínimo margen para la libre interpretación ni la distracción política. En el apartado central de razonamientos jurídicos, la jueza Castro Verdes determina con precisión quirúrgica que:

“De las diligencias practicadas, (…) se desprende, indiciariamente, que el 17 de mayo de 2023 Gonzalo Durán Hermida, en el contexto de la campaña electoral a la Alcaldía de Vilanova de Arousa, y la candidatura que presentó María José Vales Martínez por el Partido Socialista Obrero Español, convocó a los medios de comunicación a una rueda de prensa en el salón de plenos del Concello, pidiendo la dimisión de la antes mencionada, afirmando que tenía una causa judicial abierta por corrupción”.

El auto detalla pormenorizadamente el modus operandi del regidor para intoxicar de gravedad los comicios locales. Durán no dudó en utilizar las instituciones públicas —el mismísimo salón de plenos del Ayuntamiento— para decir ante las cámaras que había “visto pruebas” que implicaban directamente a Vales en una supuesta trama delictiva vinculada a su etapa al frente de la Cofradía de Pescadores. El despliegue de los ataques continuó al día siguiente, asegurando que poseía toda la documentación incriminatoria. Un linchamiento en diferido diseñado con la única misión de liquidar las opciones electorales del PSOE local.

Un “error de transcripción” utilizado como munición de guerra

La verdad judicial que emana del auto demuestra el desprecio absoluto del regidor por el rigor y el derecho al honor. El 19 de mayo de 2023, en una segunda rueda de prensa de campaña, Gonzalo Durán exhibió como un trofeo un escrito del fiscal jefe de Pontevedra donde aparecía el nombre de María José Vales en unas diligencias remitidas a los juzgados por un presunto delito de falsedad documental.

Sin embargo, aquello fue un espejismo sembrado de mala fe. Tal y como recoge de forma meridiana la magistrada en su relato de hechos:

“Ese mismo día, después de que María José acudiese a la Fiscalía de Pontevedra, el fiscal jefe dictó un decreto de rectificación de lo que había sido un error de transcripción, referido al nombre de la Sra. Vales, y lo hizo público el 20 de mayo de 2023”.

La candidata socialista no tenía absolutamente nada que ver con aquella causa, la cual, para mayor escarnio del alcalde y su aparato propagandístico, había sido sobreseída y archivada el 28 de abril de 2023 por el Juzgado Número 2 de Vilagarcía. Es decir, Gonzalo Durán estaba utilizando públicamente una “causa muerta”, un procedimiento penal archivado semanas antes, apoyado en un mero error material de nombre, para acusar falsamente de corrupción a su rival a las puertas de las urnas.

El ensañamiento y el “temerario desprecio hacia la verdad”

La gravedad penal que lleva a Gonzalo Durán “pa'lante” radica en su insistencia y ensañamiento. La Fiscalía de Pontevedra notificó el carpetazo del asunto y rectificó el error para que cesara de inmediato la difamación mediática. ¿Qué hizo el alcalde del Partido Popular? Todo lo contrario: redobló la apuesta por el fango.

La jueza constata en el auto que el 23 de mayo de 2023 Durán compareció de nuevo ante los medios para manifestar que “mantenía sus acusaciones” y, el 26 de mayo —en vísperas de la votación—, difundió un vídeo en redes sociales asegurando que en la Cofradía “habían sacado dinero de la caja” y que la socialista “había firmado un pago irregular y lo estaba devolviendo a plazos”. Afirmaciones que el auto coloca directamente bajo la lupa de la doctrina del Tribunal Supremo sobre los delitos de calumnia:

“La descripción típica actual configura el delito de calumnias como una infracción eminentemente dolosa, ya sea en la forma de dolo directo —conocimiento de la falsedad de la imputación— o en la modalidad de dolo eventual —temerario desprecio hacia la verdad...”.

Para la magistrada, la conducta de Durán encaja en ese “temerario desprecio hacia la verdad”, ya que el ordenamiento jurídico “no presta su tutela a la conducta negligente de quien comunique como hechos simples rumores” o, en este caso, patrañas desmentidas por los propios decretos de la Fiscalía.

El testimonio clave del patrón mayor

Este desenlace penal llega solo semanas después de un hito judicial clave en el Juzgado de Vilagarcía: la declaración en calidad de testigo del patrón mayor de la Cofradía de Vilanova, Rosalino Díaz Calo. Aquella comparecencia, avanzada en exclusiva por este diario, generaba pánico en el entorno del alcalde porque el patrón mayor acudía en calidad de testigo, bajo la estricta obligación legal de decir la verdad, so pena de incurrir en falso testimonio.

Y la verdad documental trituró la estrategia del regidor. Tal y como reflejan las actas institucionales de la Cofradía de Pescadores de la sesión del 29 de mayo de 2023, Rosalino Díaz desautorizó de forma radical la versión que Gonzalo Durán pretendía colocar en el sumario. El patrón mayor negó taxativamente haberle facilitado copia alguna de las diligencias secretas al alcalde, dejando claro ante la Junta General que él jamás había denunciado a la ex patrona mayor María José Vales ni interpuesto denuncias nominativas.

La certificación de la secretaría de la Cofradía dejó a Durán a la intemperie total: nunca existió el más mínimo acuerdo de los órganos colegiados —Xunta Xeral o Cabido— para amparar, redactar o lanzar la ofensiva jurídica contra la concejala socialista. Durán no actuaba en defensa de los marineros del pueblo; hablaba única y exclusivamente en beneficio de sus intereses electorales, usando la estructura de la Cofradía como si fuera una subdelegación de su equipo de campaña para arrojar lodo.

Diez días al borde del banquillo

Se le acabaron las excusas y los trucos a Gonzalo Durán. La resolución de la magistrada corta por lo sano sus intentos de retrasar lo inevitable y dicta formalmente el final de su blindaje:

“Se acuerda la continuación de las presentes actuaciones por los trámites del PROCEDIMIENTO ABREVIADO, PROCEDIMIENTO ABREVIADO 27/26... por si los hechos investigados a Gonzalo Durán Hermida pudieran ser constitutivos de delitos continuados de calumnias e injurias”.

A renglón seguido, la jueza asesta el golpe de gracia procesal: “Confiérase TRASLADO de las actuaciones al Ministerio Fiscal y, en su caso, a las demás acusaciones personadas, para que en el plazo común de DIEZ DÍAS soliciten, bien la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación, bien el sobreseimiento de la causa”.

Asimismo, la magistrada ordena que de manera inmediata se recaben los antecedentes penales del investigado, activando la cuenta atrás que sentará, con total probabilidad, a Gonzalo Durán en el banquillo ordinario por delito continuado de calumnias —arts. 205 y ss. CP— y delito continuado de injurias graves.

El auto recuerda los pilares del bien jurídico que el alcalde habría pisoteado de forma presunta, citando el Pleno del Tribunal Supremo: el derecho al honor no es un concepto etéreo, sino la protección contra el desprecio personal elemental, impidiendo que un ciudadano “pueda sufrir una sensación de bajeza humana que pueda socavar la propia autoestima del individuo”. Las expresiones del alcalde, concluye la doctrina invocada, añadieron un “plus lesivo del honor” totalmente innecesario para la labor informativa.

El frente de Santiago: el presunto expolio del patrimonio familiar

A la demoledora evolución del caso de calumnias en Vilagarcía se le acumula ahora un frente judicial no menos grave en los juzgados de Santiago de Compostela, donde se investiga la gestión privada del regidor. A raíz de una demanda interpuesta por su propio hermano y copropietario, José Juan Durán, el alcalde de Vilanova se encuentra bajo la lupa por haber controlado con absoluta opacidad y presuntamente vaciado las cuentas bancarias de su madre enferma, María Dolores, ya fallecida.

Los extractos financieros en poder del juzgado revelan un patrón sistemático: el mismo día que los inquilinos ingresaban las rentas de los múltiples pisos y locales comerciales de la familia en Santiago, Gonzalo Durán retiraba el efectivo o se hacía autotransferencias bajo el concepto injustificado de “nómina”.

Esta operativa, en la que también participó su hija mayor, Julia, ha dejado un agujero económico que supera los 200.000 euros entre impagos masivos de IBI, tasas de basura y cuotas en tres comunidades de vecinos. La situación llegó al límite cuando la Agencia Tributaria dictó embargos ejecutivos sobre las rentas al constatar que, mientras el dinero se desviaba a fines personales, las obligaciones fiscales quedaban completamente desatendidas.

La gravedad del caso ha empujado a la jueza de Santiago a tomar una medida drástica: retirar la gestión al alcalde y designar a un administrador judicial externo para auditar cada movimiento de fondos, un auto que Durán ni siquiera ha recurrido. Lejos de acatar la orden, el regidor y su hija Julia han cruzado la frontera patrimonial para adentrarse en el terreno de las coacciones habitacionales.

Según consta en las denuncias, el clan familiar de padre e hija inició una campaña de hostigamiento contra los inquilinos —muchos de ellos inmigrantes en situación de extrema vulnerabilidad— para obligarles a ignorar las directrices de la magistrada y seguir entregándoles el dinero a él o a su hija mayor, llegando a forzar la firma de contratos fraudulentos para burlar el rastreo de Hacienda.

Las presiones incluían amenazas de desahucio exprés instrumentalizando la profesión de abogado del yerno del alcalde, la sustracción de correspondencia judicial de los buzones y el “castigo técnico” de dejar a familias con niños pequeños sin calefacción ni agua caliente en pleno invierno al negarse a reparar las calderas.

Una campaña de acoso y chantajes que va a acabar de inmediato en manos de la Fiscalía General gracias al informe que ultiman los peritos, y que abre una pasarela directa a la vía penal por presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida y coacciones, exponiendo al barón del PP, posiblemente, a un horizonte de hasta diez años de prisión y a una inhabilitación fulminante.

Rueda y Feijóo ante el espejo de la vergüenza política

Este auto, que deja al alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, a las puertas del banquillo de los acusados, sitúa a la cúpula del Partido Popular de Galicia y a la dirección nacional de Génova en una posición imposible de justificar y retrata la falta de decencia política del partido. Resulta bochornoso recordar cómo el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, se deshacía públicamente en abrazos y encendidos elogios para conmemorar las tres décadas de mandato de Durán en Vilanova, respaldando su trayectoria mientras los tribunales acumulaban testificales de un comportamiento tan oscuro.

Un respaldo cerrado de la dirección regional del PPdeG hacia un regidor que utilizaba denuncias zombis y resucitadas para prolongar artificialmente la sospecha criminal sobre la candidata del PSOE. Esta estrategia de emplear de manera torticera unas diligencias archivadas con anterioridad, carentes del más mínimo fundamento legal, constituye una forma de combatir al rival que se sitúa en los márgenes del juego sucio político más descarnado.

Se trata de una preocupante deriva metodológica que la derecha —PP— y la extrema derecha —Vox— vienen desplegando sistemáticamente en los últimos tiempos como atajo para doblegar al progresismo: la persecución reputacional, la intoxicación informativa y el acoso sistemático a representantes políticos de la izquierda y profesionales del periodismo.

Esta maquinaria de hostigamiento no se limita al ámbito de los tribunales, sino que se ejecuta sobre el terreno mediante acciones de sabotaje físico. Un ejemplo flagrante de este modus operandi se vivió hace unos días en el Ateneo de Madrid durante el acto contra la extrema derecha en el que participaban, entre otros, el ministro Óscar Puente, Pablo Iglesias, la analista Sarah Santaolalla y Rubén Sánchez, de FACUA.

En esta ocasión, fue el propio agitador de extrema derecha Vito Quiles quien llevó personalmente a los tres miembros de la organización satélite Revuelta que entraron a boicotear e increpar a los ponentes. La prueba inequívoca de esta burda operación coordinada quedó registrada en vídeo, donde se inmortalizó el momento en que el propio Quiles huía del lugar en un coche en cuyo interior viajaba él junto a los tres militantes de Revuelta que acababan de reventar el evento.

Gonzalo Durán va, irremediablemente, pa'lante

El auto de la jueza Castro Verdes deja también contra las cuerdas a Alberto Núñez Feijóo. Su histórica cercanía con el regidor popular es ya un lastre insostenible que el PP no sabe cómo camuflar. Mantener bajo las siglas del PP a un alcalde acorralado por la justicia, a las puertas del juicio oral por calumnias graves y asfixiado por las investigaciones del vaciado de las cuentas familiares, el acoso a inquilinos vulnerables y el clientelismo laboral, es una enmienda total a cualquier discurso de regeneración.

Resulta profundamente paradójico que un alcalde que mantiene a su ayuntamiento con presupuestos prorrogados desde 2022 y una deuda municipal de cinco millones de euros sea el mismo que está bajo sospecha de vaciar el patrimonio de su propia madre y hermano.

La pregunta que hoy recorre las calles de Vilanova y los pasillos del Parlamento gallego es inevitable: si gestiona así los bienes de su familia y trata de este modo a las inquilinas más desprotegidas, ¿en qué manos están realmente los ciudadanos y los recursos públicos de este municipio?

El “caudillo” de Vilanova ha iniciado formalmente su descenso a los infiernos judiciales. El plazo de diez días otorgado por el juzgado de instrucción ha comenzado a correr; la hora de que responda ante un tribunal por el juego sucio electoral está a la vuelta de la esquina.

Gonzalo Durán va, irremediablemente, pa'lante.