El alcalde de Vilanova, a la caza de los más débiles

El frente judicial que cerca al alcalde de Vilanova de Arousa, Gonzalo Durán (PP), ha cruzado la frontera de lo estrictamente patrimonial para adentrarse en el terreno de las coacciones y el hostigamiento habitacional. Según los documentos, denuncias y autos judiciales a los que ha tenido acceso en exclusiva ElPlural.com, el regidor 'popular' y su hija mayor, Julia, están siendo investigados por urdir una presunta trama de presión sistemática contra los inquilinos de las viviendas de la masa hereditaria en Santiago de Compostela.

El objetivo era tan nítido como desesperado: obligar a familias en situación de extrema vulnerabilidad a desobedecer las órdenes expresas de la jueza del caso para mantener el flujo de dinero a su persona, pero fuera del control de los tribunales.

La investigación de elplural.com revela que el conflicto estalló de manera definitiva cuando la titular del Juzgado de Primera Instancia de Santiago dictó una medida contundente ante el agujero de casi 200.000 euros en deudas que arrastran los inmuebles. Para frenar el desfalco y garantizar el pago a las asfixiadas comunidades de vecinos, la jueza retiró la gestión al alcalde y comunicó formalmente a los inquilinos que debían dejar de pagar sus mensualidades a Gonzalo Durán, obligándoles a ingresar las rentas en la cuenta de consignación bancaria del propio juzgado. Fue en ese preciso instante cuando el entorno del regidor activó una agresiva maquinaria de coacciones para boicotear el mandato judicial.

El boicot a la orden de la jueza

Lejos de acatar la resolución judicial, el binomio compuesto por Gonzalo Durán y su hija Julia inició una ronda de contactos e intervenciones directas sobre los residentes de los pisos. Sabiendo que las cuentas personales del alcalde no habían sido intervenidas, pero que el dinero de los alquileres de la herencia iba a quedar completamente bloqueado y fiscalizado por la justicia, el clan de padre e hija optó por la insumisión.

Los inquilinos - muchos de ellos personas de origen extranjero con sus papeles en regla, pero con un profundo desconocimiento de los engranajes judiciales españoles - se vieron atrapados en un laberinto sin salida aparente.

Por un lado, disponían de la notificación oficial del juzgado que les exigía ingresar el dinero en la cuenta pública; por el otro, recibían llamadas, visitas presionando, amenazas de Julia Durán, y últimamente de Gonzalo también, exigiéndoles que ignoraran por completo a la jueza y que les siguieran entregando el dinero del alquiler a ellos directamente, saltándose así los controles de la Agencia Tributaria. 

Para blindar esta operativa y evitar que la Agencia Tributaria (AEAT) o el propio juzgado pudieran rastrear los pagos, obligaban de forma continuada a las familias a firmar nuevos contratos de arrendamiento en los que se cambiaba de forma fraudulenta el nombre del arrendatario o del receptor de la cuantía. Una auténtica ingeniería contractual de supervivencia económica ejecutada a costa de la tranquilidad de los eslabones más débiles de la cadena.

El perfil idóneo para sembrar el miedo

La investigación judicial destapa un patrón de selección fríamente calculado. El alcalde de Vilanova y su hija mayor escogen un perfil de inquilino muy concreto para sus viviendas de Santiago: personas de origen extranjero, con su documentación en regla, pero sumidas en el pánico generalizado que la actual corriente política de criminalización de la inmigración, promovida por el partido ultraderechista Vox, y últimamente el PP se ha sumado, genera en el país.

Saben que el miedo a la expulsión, la exclusión, al estigma por sus rasgos o religión, en definitiva, la persecución unida a la asfixiante crisis de la vivienda actual son las mejores armas de sumisión. Un inquilino que vive con miedo es un eslabón débil y manejable.

El drama adquiere tintes desgarradores al comprobar que muchas de estas familias tienen a su cargo hijos pequeños. Para estos padres, perder el techo que cobija a sus niños no es solo un revés financiero; es la amenaza directa de perder la propia tutela de los menores al no poder garantizarles los cuidados básicos indispensables. Ante la imposibilidad material de acceder a otra vivienda en el mercado actual, los inquilinos se encuentran completamente amedrentados: prefieren callar, tragar con los abusos y agachar la cabeza antes que plantar cara al todopoderoso alcalde de Vilanova.

Amenazas de expulsión y el uso del "brazo jurídico" familiar

El verdadero rostro de la trama aflora al analizar los métodos empleados por Gonzalo y su hija Julia cuando algún inquilino manifestaba su intención de cumplir con la legalidad e ingresar la renta en el juzgado.

El miedo y la intimidación se convirtieron en la norma básica de gestión. Las familias afectadas, que en su gran mayoría tienen a su cargo niños pequeños, denuncian que la presión psicológica era constante, jugando con su mayor vulnerabilidad: la necesidad de mantener un techo para no poner en riesgo la estabilidad y los cuidados básicos de sus hijos.

En este esquema de coacción, el papel de la hija mayor del alcalde, Julia, resulta clave según las denuncias. Al ser la persona de contacto directo, era la encargada de lanzar amenazas de represalias legales si no se cumplían sus directrices. Y sus comunicaciones se dirigían siempre a las inquilinas, mujeres, a las que amedrenta con facilidad.

El hostigamiento adquiría tintes mafiosos al instrumentalizar la profesión de su propio marido como abogado: Julia Durán amenazaba explícitamente a las inquilinas con "poner a trabajar a su esposo" con el único fin de activar procedimientos exprés de expulsión y lanzamientos inmediatos si ingresaban el dinero en la cuenta del juzgado. Una estrategia de asfixia jurídica diseñada para silenciar a familias que, por su situación económica, carecen de recursos para litigar contra una figura de poder político y local.

El castigo de las averías y las duchas de agua fría en invierno

La presión del alcalde de Vilanova y su hija mayor no se limitaba a las advertencias verbales; se trasladaba al día a día de las viviendas mediante un "castigo técnico". Cuando las familias necesitaban reparaciones urgentes y obligatorias por ley, como la avería de la caldera o la rotura del calentador de agua, la respuesta de Julia Durán era el desprecio absoluto y la negativa tajante a enviar a cualquier operario.

El efecto del miedo lograba su objetivo. Rompiendo cualquier principio de habitabilidad, y ante las amenazas e insultos que recibían cada vez que protestaban, las madres de familia optaban por callar para evitar que las echaran a la calle.

Aquellas que buenamente podían, costeaban los arreglos estructurales de su propio bolsillo; las que no disponían de recursos, se veían obligadas a ducharse con agua fría junto a sus hijos pequeños en pleno invierno, mientras el alcalde seguía exigiendo el cobro de hasta dos meses de alquiler por adelantado de forma totalmente arbitraria.

A este escenario de hostigamiento físico se añaden episodios de extrema gravedad penal, como la interceptación y violación de la correspondencia privada de los inquilinos. El entorno del regidor sustraía presuntamente las cartas del buzón para evitar que los residentes recibieran las notificaciones reales del juzgado, manteniéndolos en una absoluta ceguera jurídica.

En un dantesco incidente que recoge la documentación aportada con la demanda, el propio Gonzalo Durán, al ser descubierto in fraganti por una inquilina retirando cartas que no eran suyas, reaccionó grabando a la mujer con su teléfono móvil y presentándose ante las autoridades para interponer una denuncia falsa por acoso contra la víctima, aplicando una TÁCTICA DE ATAQUE para neutralizar la denuncia vecinal.

Un horizonte de inhabilitación y 10 años de prisión

La gravedad de los hechos investigados sitúa al Partido Popular de Galicia en una posición de extrema vulnerabilidad política. Mientras el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, respaldaba públicamente la trayectoria de Durán en los actos de partido, los tribunales acumulaban testificales y documentos que apuntan a una ristra de delitos que van mucho más allá de una simple disputa familiar por una masa hereditaria.

La acumulación de indicios por administración desleal, apropiación indebida, coacciones inmobiliarias y un presunto alzamiento de bienes para burlar las órdenes judiciales coloca al alcalde de Vilanova ante un horizonte penal de hasta diez años de cárcel y la inhabilitación fulminante para cualquier cargo público. La implicación directa de su hija Julia en la gestión económica y en las presiones a los inquilinos consolida la tesis de una operativa familiar perfectamente coordinada para eludir la acción de la justicia.

Vilanova: el espejo de la gestión privada

Resulta paradójico que un alcalde que mantiene a su ayuntamiento con presupuestos prorrogados desde 2022 y una deuda municipal de 5 millones de euros, sea el mismo que presuntamente ha "vaciado" el patrimonio de su propia madre, y hermano. La pregunta que debería recorrer las calles de Vilanova y los pasillos del Parlamento Gallego es la misma: si así gestiona el patrimonio de su familia y trata a sus inquilinas más vulnerables, ¿en qué manos están realmente los ciudadanos y sus recursos?

La justicia tiene ahora la palabra sobre un hombre que, tras tres décadas de poder absoluto, parece haber confundido el bastón de mando con un cheque en blanco para el hostigamiento y la ingeniería contable.