El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Lorca ha acordado la apertura de juicio oral contra Jesús López López, secretario general del Ayuntamiento de Águilas (Murcia), por presuntos delitos de acoso laboral, infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos, en relación con unos hechos ocurridos en 2022.
Según el escrito de la Fiscalía, el acusado habría utilizado su posición jerárquica dentro del consistorio para acceder de manera indebida a un documento interno presentado por un representante sindical. Dicho escrito contenía alegaciones contra un traslado de puesto y, siempre según la acusación, el secretario general habría difundido su contenido sin autorización, vulnerando la confidencialidad del afectado.
El Ministerio Público sostiene que esta actuación no fue un hecho aislado, sino que se enmarcaría en un contexto de hostigamiento laboral, con el objetivo de menoscabar la reputación profesional del sindicalista. Entre las conductas señaladas, se incluye la supuesta difusión del documento entre otros trabajadores municipales e incluso durante procesos selectivos de la Policía Local.
Por estos hechos, la Fiscalía solicita una pena superior a los tres años y medio de prisión, así como inhabilitación para empleo o cargo público y una indemnización cercana a los 4.000 euros para la persona perjudicada. En caso de que se estime la responsabilidad patrimonial, dicha cuantía podría recaer sobre el propio Ayuntamiento de Águilas.
La defensa del acusado ha presentado un recurso ante la Audiencia Provincial con el objetivo de frenar la celebración del juicio, que deberá resolverse en las próximas semanas. Hasta entonces, el procedimiento sigue su curso judicial, a la espera de que el tribunal determine si los hechos denunciados constituyen finalmente delito.
Funcionario bajo lupa
La figura de López López ya había estado bajo el foco por cuestiones más amplias que van más allá del proceso penal. Durante años, López López habría compatibilizado su plaza en Águilas con otras funciones en Mazarrón, Caravaca de la Cruz o Torrevieja, percibiendo remuneraciones por cada una de ellas sin que constara la autorización expresa preceptiva del Gobierno central para la compatibilidad de cargos públicos, tal y como exige el Estatuto Básico del Empleado Público.
En paralelo, su paso por distintas administraciones ha estado rodeado de controversias vinculadas a grandes expedientes. En Mazarrón (Murcia), se ha puesto el foco en su papel en la prórroga del contrato del agua por un periodo de dos décadas y una cifra global superior a los 100 millones, una operación denunciada por la oposición y aprobada sin pasar por el Pleno. En Caravaca de la Cruz (Murcia), su nombre aparece asociado a la tramitación de un proyecto urbanístico de gran envergadura conocido como Roblecillo, que terminó anulado y dejó un largo recorrido administrativo y económico.
Y en Torrevieja (Alicante), ya en 2019, se le atribuye la firma de un informe que avalaba que una empresa externa redactara el pliego del contrato de basuras, un episodio que, según actas municipales citadas en la documentación publicada, derivó en la dimisión de varios miembros de la Mesa de Contratación, que alegaron presiones y pérdida de confianza en la limpieza del procedimiento.
Asimismo, informes municipales y auditorías han cuestionado percepciones salariales irregulares, vinculadas a gratificaciones y a la acumulación de cargos por importes de varios miles de euros, que en algunos casos tuvieron que ser reintegrados por orden del Tribunal de Cuentas.