La retirada de biomasa en el Mar Menor podría ser una cuestión estudiada por la justicia. El PSOE de Murcia ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia el contrato de ‘Retirada de biomasa vegetal y limpieza de áreas marítimas del Mar Menor’, adjudicado en 2021 a la empresa Actúa, Servicios y Medio Ambiente S.L.

Los socialistas murcianos han solicitado la apertura de diligencias previas al considerar que en esta adjudicación se han podido cometer presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al haberse agotado su presupuesto en ocho meses, cuando el plazo de su ejecución era de 15 meses, según ha adelantado este lunes LasNoticasRM.

En marzo de 2022 ya se había consumido todo el crédito previsto en el contrato, según se desprendió de los informes de la Intervención Delegada de la Consejería de Medio Ambiente entonces, cuya certificación -correspondiente a los 11 primeros días de aquel año- ya certificaba este consumo de fondos públicos.

Así, los servicios jurídicos de Murcia alertaron de dichas presuntas irregularidades en la gestión del contrato a la empresa medioambiental señalando que, por un lado, se estaba dando “un intento de ampliación del contrato por la vía de hecho sin haberse producido el procedimiento legal establecido” y adujeron a la evidencia de que se “tendría que haber tramitado un modificado al haberse agotado la totalidad del crédito comprometido”, debido a que éste no podía darse por cerrado como tal por “las necesidades del mismo que no habían sido satisfechas aún”, tal y como se desprende a posteriori en el informe del Servicio de Contratación de febrero de 2024.

Tal y como recoge el medio regional citado, a su vez se detectó que no únicamente “se produjo una omisión de fiscalización”, la cual es motivo del informe, sino que, a su vez, “una omisión de la totalidad de procedimiento de modificación del contrato y, por tanto, de un supuesto de nulidad del modificado”.

Por el momento, cabe esperar a que la Fiscalía decida abrir o no diligencias sobre esta denuncia presentada por el PSOE regional, aunque el Consejo Jurídico autonómico ya rechazó la validación de los pagos adicionales y concluyó que se debía iniciar, por ende, un procedimiento de revisión de oficio.

Contratos de emergencia bajo sospecha de irregularidades

En números totales, la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Murcia, del popular Fernando López Miras, adjudicó hasta tres contratos de emergencias pese a que el inicial tendría que haberse ejecutado en octubre de 2022. Así, la Intervención Delegada detectó hasta una adjudicación de emergencia entre abril y junio de 2022; una segunda desde julio y agosto -que finalizó antes de lo previsto-, y una tercera por medio de TRAGSA -entidad pública- entre septiembre y noviembre del mismo año. Todos ellos con los mismos fines.

Los informes oficiales desprenden que estas adjudicaciones se tramitaron por la vía de urgencia y sin alegar el motivo de estas nuevas sin haber finalizado la adjudicación original de retirada de biomasa en el Mar Menor. Por estas causas, el informe dio cuenta de que el gestor tuvo que “concentrar las prestaciones en los meses en que aumentaron sus necesidades y dejar sin prestación más de siete meses del contrato, que debió cubrir, al permanecer las necesidades, con contratos de emergencia”.

Así, los denunciantes que han presentado su escrito ante la Fiscalía de Murcia hacen el inciso en que Actúa, Servicios y Medio Ambiente S.L. siguió prestando servicios con otros contratos de emergencia posteriores pese a que el presupuesto de inicio ya había quedado completamente agotado, advirtiendo por ende la Intervención Delegada que estos trabajos secundarios “no estaban previstos”.

Dicho informe también desprende que las actuaciones de esta entidad no garantizaron “la correcta aplicación de los principios de eficiencia y economía en la gestión del gasto público” debido al “sobrecoste” de la tramitación de los consiguientes contratos a raíz del original bajo la prestación de los mismos servicios. Ahora, la Fiscalía de Murcia tratará de esclarecer si la Consejería del Gobierno de López Miras permitió a la empresa originaria beneficiarse de esta presunta situación irregular al no tramitar adecuadamente la prórroga formal de su razón de ser y, en su lugar, haber adjudicado otras contrataciones por la vía de emergencia.