El pasado mes de mayo la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, visitaba Japón en el marco de un viaje institucional con el objetivo de estrechar lazos entre la comunidad extremeña y la japonesa y con el fin de atraer inversores a la región. Un viaje, sin embargo, sobre el que se ha conocido posteriormente que lo hizo acompañada de su marido, pese al carácter institucional del desplazamiento.
Por este motivo, desde la oposición en la Junta de Extremadura se han pronunciado al respecto para exigir a Guardiola que ofrezca explicaciones, no tanto por la presencia de su marido sino sobre todo para que ahonde en los detalles relativos a este viaje, como, por ejemplo, quién financió el desplazamiento de su marido y, especialmente, por qué su nombre no aparece en los documentos que la Junta entregó al Parlamento extremeño en respuesta del Grupo Socialista, donde detallaron el listado de las personas que formaron parte de la comitiva desplazada a Japón.
Todo ello se ha conocido a raíz de un vídeo publicado en redes en el que un joven que ofrece en directo una actuación musical en la calle graba a la gente que hay a su alrededor y, entre ellos, se ve con claridad la presencia tanto de Guardiola como de su marido. Al hilo de ello, desde la oposición en el parlamento autonómico instan a la presidenta de la Junta a que esclarezca qué papel desempeñó su cónyuge en el viaje, si fue incluido en la planificación institucional, si se utilizaron recursos públicos para cubrir total o parcialmente su presencia, tales como billetes, hoteles, transportes o dietas, y si este participó en actos o reuniones en nombre del Gobierno autonómico.
En este mismo orden de cosas, denuncian la falta de transparencia con la que el Ejecutivo de Guardiola está actuando en esta materia y adelantan que esto mismo “no puede ser la norma”. “Resulta inaceptable que la presidenta de la Junta haya permitido, avalado o silenciado esta situación, que vulnera los principios básicos de transparencia y ejemplaridad exigibles a cualquier cargo público”, sostienen. “Las instituciones deben ser ejemplares, no familiares. La Junta de Extremadura no puede convertirse en un espacio donde lo privado se mezcle con lo público al margen de los cauces oficiales. Lo ocurrido en Japón tiene apariencia de privilegio, de opacidad deliberada y de utilización indebida del cargo para fines personales o familiares”, añaden desde la oposición en la cámara autonómica.
Con todo ello, exigen una “explicación inmediata y pública” por parte de Guardiola para que rinda cuentas sobre la presencia de su marido en el viaje, “la publicación del desglose de gastos del viaje” con la que se especifique si se utilizaron fondos públicos en beneficio de “acompañantes no institucionales” y la “asunción de responsabilidades políticas” en caso de que se confirme el uso indebido de recursos públicos. “Este no es un ataque personal. Es una exigencia democrática. Cualquier representante público que asume la responsabilidad de gobernar debe entender que la confianza de la ciudadanía se construye con hechos, no con silencios ni omisiones. El poder no otorga privilegios. Otorga obligaciones. Y la primera de ellas es rendir cuentas”, esgrimen desde la oposición.
"Aprovechamiento de recursos públicos" en la precampaña
Al margen de ello, pero en líneas similares, el pasado mes de noviembre se conocía que Guardiola había sido condenada por la Junta Electoral Central (JEC) por haber vulnerado presuntamente la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) al hacer una venta de logros y de la gestión realizada, utilizando los recursos y las herramientas de comunicación sufragadas con fondos públicos.
La sanción se presentó después de unas declaraciones que hizo la presidenta extremeña durante la visita institucional realizada a la obra de la balsa de abastecimiento de agua del municipio del Jerte el pasado 10 de noviembre, ensalzando, tal como señaló la JEC, los logros que van a suponer una vez las obras hayan concluido y utilizando una amplia cobertura en texto e imágenes en el perfil de redes sociales de la Junta de Extremadura, con convocatoria de los medios de comunicación.
A raíz de ello, la JEC instó a la Junta de Extremadura a que procediera a la retirada de la información referente a la visita a la obra y a la presidencia de la Junta -también a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán- para que se abstengan de hacer actuaciones como las que fueron examinadas. Asimismo, la JEC pidió a la Junta Electoral de Extremadura que ordena a la Junta Electoral Provincial de Cáceres que procediera a incoar expediente sancionador a Guardiola y Morán por vulnerar presuntamente la prohibición establecida por la LOREG, así como el deber de neutralidad política que en actos institucionales deben respetar los cargos públicos durante periodos electorales.
Todo ello tiene como telón de fondo el recurso que interpuso el PSOE contra el acuerdo de la Junta Electoral de Extremadura el pasado 18 de noviembre, que desestimó una denuncia de los socialistas con motivo de las declaraciones que Guardiola y Morán esgrimieron durante la visita institucional en la balsa de abastecimiento de agua. Así, la reclamación gira en torno a dicha visita en la que convocaron a los medios de comunicación y, posteriormente, dicho contenido se difundió por los canales oficiales, lo que los socialistas consideraron que fue una “utilización de recursos y herramientas de comunicación sufragados por fondos públicos”, vulnerando a su vez “los principios de neutralidad e igualdad en el art. 8.1 de la LOREG”, exigiendo que dichos contenidos se retiren “y se incoe el correspondiente expediente sancionador”.