La denuncia que aducía presunta prevaricación y malversación de fondos públicos en un contrato de retirada de biomasa en el Mar Menor, presentada a la Fiscalía, ahora ha llevado al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, órgano que también señala estas presuntas irregularidades.

Este Consejo ha emitido el dictamen 339/2024 por el cual advierte de numerosas irregularidades en la gestión de estas cuantías públicas destinadas a la conservación de la nacra en este ecosistema natural protegido, según recoge este martes LasNoticiasRM. Dicho informe aduce a una omisión de fiscalización previa en uno de los contratos de emergencia que se adjudicaron para esta tarea con un valor de 178.607,75 euros.

El texto mencionado ha sido solicitado por la Consejería de Medio Ambiente, Universidades e Investigación del Gobierno popular de Fernando López-Miras y, según el dictamen del mismo, el trámite sobre el pago que estaba sujeto a una fiscalización previa “se omitió”, sumado a que estos fueron destinados a la Universidad de Murcia “sin que conste en el expediente el título jurídico en virtud del cual se hizo la entrega”.

De esta manera, el Consejo Jurídico de Murcia apunta a que la omisión de la fiscalización radica en la falta de comunicación de parte de la Intervención General, motivo por el que se impidió la comprobación de la propia inversión. Otro factor que afectó a la demora prolongada en la tramitación del expediente al “parecer que no tiene justificación alguna y se une a las ya acumuladas en la expedición y aprobación de la certificación”.

No obstante, pese a estas irregularidades, que ya fueron denunciadas por los socialistas murcianos ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia y que ahora también contempla el Consejo Jurídico, este último órgano concluye que “la sola omisión del trámite de fiscalización previa no puede equipararse a una falta total y absoluta de procedimiento que determine la nulidad del acto”.

Aún así planteado este escenario, el Consejo de Gobierno deberá autorizar el reconocimiento obligatorio del pago y tener en cuenta el expediente con el documento que acredite la legalidad por la que se hizo entrega de estas herramientas a la institución académica.

Las presuntas irregularidades que radican en este contrato de emergencia también aducen a que, en el expediente en cuestión, “no queda debidamente justificado que la duración de la emergencia” y el alcance de las prestaciones en sí “fueran lo estrictamente limitado para la ejecución” de la tarea. A su vez, hace hincapié en que dicha adjudicación no vislumbra “la forma en que se va a realizar el pago de las prestaciones, número y periodicidad de las certificaciones” en caso de contemplar pagos parciales, según recoge el medio regional citado en anteriores líneas.

Con estas conclusiones sobre la mesa, el Consejo Jurídico dictamina que es el Consejo de Gobierno de Murcia el que debe “elevar la propuesta objeto” de este dictamen, instando a que se debe “regularizar tal situación contemplando el expediente con el título jurídico” en cuando a los suministros destinados a la Universidad de Murcia.

Sendos contratos de emergencia bajo presuntas irregularidades

Tal y como recogía El Plural este lunes, la Consejería de Medio Ambiente del Ejecutivo de López-Miras, siguiendo la denuncia presentada por los socialistas ante la Fiscalía, adjudicó hasta tres contratos de emergencia pese a que el original -adjudicado a la empresa Actúa, Servicios y Medio Ambiente S.L. en 2021- tendría que haberse ejecutado en su totalidad en octubre de 2022.

Sin embargo, se detectaron hasta tres adjudicaciones por la vía de urgencia por parte de la Intervención Delegada durante este periodo: la primera, entre abril y junio de 2022; una segunda desde julio y agosto -que finalizó antes de lo previsto-, y una tercera por medio de TRAGSA -entidad pública- entre septiembre y noviembre del mismo año. Todas ellas con el mismo fin: la retirada de biomasa en el Mar Menor.

Por este telón de fondo, el informe dio cuenta de que el gestor se vio obligado a “concentrar las prestaciones en los meses que aumentaron las necesidades y dejar sin prestación más de siete meses del contrato” inicial.