El pasado viernes estallaba la polémica en el Ayuntamiento de Alicante después de conocerse que la concejala de Urbanismo y Conservación de Inmuebles, Rocío Gómez, así como varios nombres cercanos al Partido Popular (PP) que gobierna en la ciudad habían sido adjudicatarios de viviendas de protección públicas (VPP) en la playa de San Juan. Un escándalo que sacudió con fuerza el consistorio de Luis Barcala y que terminaba en la dimisión de la concejala del ramo. A razón de ello, es ahora Compromís quien ha estrechado el cerco sobre el asunto y pide que se lleve a cabo una comisión de investigación en Les Corts que permita depurar responsabilidades políticas.
Después de registrar la petición, este lunes el síndic de Compromís en Les Corts Joan Baldoví ha reprochado que el Plan Vive de la Generalitat Valenciana para la construcción de vivienda de protección pública se traduce en un “plan vividores, que es en definitiva el modus operandi que siempre ha tenido el PP: beneficiar a los suyos”. Asimismo, Baldoví ha proseguido defendiendo que dicho Plan se ha caracterizado por “aprovecharse de la política en beneficio propio”, por lo que ha remarcado la petición de su formación para que se investigue la adjudicación de estas viviendas “a miembros del PP, a cargos del PP y a personas muy relacionadas con el PP”.
Por su parte, la portavoz de vivienda de la formación, María José Calabuig, ha advertido de que el escándalo que ahora ha estallado en el seno del Ayuntamiento alicantino no es “un caso aislado” ni “anecdótico”, sino que actúa como reflejo de la estrategia de los populares en materia de vivienda, basada en “dejar de lado” a las familias y personas vulnerables para beneficio suyo. “En su momento ya presentaron el plan Vive, el plan de los vividores como estamos viendo ahora, y también han modificado la normativa para acceder a la vivienda pública”, de manera que ahora “personas con sueldazos de casi 70.000 euros pueden acceder a pisos protegidos”. “Mientras que familias valencianas que ni siquiera llegan al final del mes no pueden permitirse una vivienda, tenemos cargos del PP que están repartiéndose las viviendas”, ha esgrimido.
En este orden de cosas, desde la formación defienden que con esta comisión de investigación que ahora solicitan pretenden que “esto se investigue y se haga justicia”, a la vez que lamentan que el caso de Alicante es “un grito al cielo ya, porque evidentemente lo que hacen falta son medidas y políticas contundentes en materia de vivienda”.
El PSPV, irá “hasta el final”
Por su parte, desde el PSPV-PSOE también se han unido a la petición de esta comisión. “Si el Partido Popular bloquea esta comisión de investigación, los y las socialistas valencianos iremos hasta el final para depurar responsabilidades políticas, caiga quien caiga. La vivienda pública no es ningún favor, es un derecho”, ha sostenido el diputado del PSPV José Muñoz.
Asimismo, a través de un comunicado, los socialistas valencianos subrayan que “solo en la ciudad de Alicante hay más de 5.000 personas esperando una vivienda pública mientras que se adjudican a cargos del Partido Popular y su entorno”. “Esto no es mala suerte, ni un error administrativo: es un abuso de poder”, ha señalado.
Entre otras cosas, el diputado socialista añade que en esta comisión no solo se deben investigar los casos concretos que se han destapado en Alicante, sino también examinar el funcionamiento general del sistema de adjudicación de vivienda pública en toda la Comunidad Valenciana para garantizar transparencia, igualdad de acceso y el cumplimiento de la ley: “No podemos permitir que las viviendas destinadas a quienes más las necesitan se conviertan en moneda política”.
Los lazos con el PP implicados en el escándalo
La concejala de Urbanismo y Conservación de inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, anunciaba su dimisión a raíz de la polémica sobre el proceso de adjudicación de una promoción de vivienda de protección pública en la playa de San Juan. La edil aseguró que daba este paso para que la investigación "pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo, después de haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida, y dado que está de baja por maternidad".
Se trata de la segunda renuncia relacionada con estos hechos, ya que también este pasado viernes se conocía que la directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos en el consistorio alicantino, María Pérez-Hickman, dimitía de su cargo. Las dimisiones se producen después de que este asunto haya centrado el debate político en el pleno ordinario de enero, tras haber publicado 'Información' que la concejala de Urbanismo; los dos hijos de Pérez-Hickman y un arquitecto municipal "han adquirido y tienen escrituradas a su nombre cuatro de estas viviendas".