La Generalitat se desmarca de la polémica de la exconcejala de Alicante: "Ninguna relación"

La vicepresidenta primera de la Generalitat Valenciana y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico no ha tenido participación directa en el proceso de adjudicación de las viviendas de protección pública de la promoción Las Naus, situada en Playa de San Juan, en Alicante. Según ha explicado, la asignación de estos inmuebles corresponde a la promotora - en este caso una cooperativa - y no a la administración autonómica.

Camarero ha precisado que la intervención de la Generalitat se limita a comprobar, por tratarse de viviendas protegidas, que las personas compradoras cumplen los requisitos establecidos por la normativa vigente. Para ello, la promotora solicita a la Dirección Territorial de Vivienda la validación de la documentación presentada por los adjudicatarios.

Las declaraciones se producen después de que Rocío Gómez, concejala de Urbanismo y Conservación de Inmuebles del Ayuntamiento de Alicante, anunciara su dimisión en medio de la polémica generada por el procedimiento seguido en esta promoción de vivienda protegida. La edil explicó que daba este paso con el objetivo de que la investigación pudiera desarrollarse sin interferencias y tras haber entregado toda la documentación que se le había requerido, además de encontrarse de baja por maternidad.

A esta renuncia se sumó también la de María Pérez-Hickman, directora general de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos del consistorio alicantino, vinculada igualmente a los hechos que están siendo analizados.

Dos modelos de vivienda protegida y normativas diferentes

Desde la Conselleria de Vivienda han recordado que los procesos de adjudicación de viviendas de protección pública varían en función del tipo de promoción y de la normativa aplicable en cada momento. En la Comunitat Valenciana existen, de forma general, dos grandes categorías: las viviendas de promoción pública y las de promoción privada.

Las primeras forman parte del parque público de la Generalitat y están gestionadas por la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha). Estas viviendas se rigen por el decreto 68/2023, de 12 de mayo, que regula el acceso a la vivienda pública y fija los requisitos que deben cumplir las personas solicitantes. Entre ellos se incluyen límites de ingresos y la imposibilidad de contar con otra propiedad inmobiliaria.

Según fuentes de la Conselleria, estos criterios son más exigentes que los aplicados en las promociones privadas, ya que las viviendas públicas están destinadas principalmente a dar respuesta a situaciones de mayor vulnerabilidad social y económica.

Por su parte, las viviendas de protección pública promovidas por empresas o cooperativas privadas se rigen actualmente por el decreto 180/2024, de 10 de diciembre. En este caso, las promociones están abiertas a cualquier persona que cumpla las condiciones recogidas en la normativa, y es el promotor quien asume tanto la construcción como la comercialización de los inmuebles.

En este segundo modelo, la administración autonómica no adjudica directamente las viviendas, sino que supervisa que el edificio cumpla con los parámetros técnicos y legales propios de una vivienda protegida y que las personas adquirientes reúnan los requisitos exigidos en el momento en que se califica la promoción.

La revisión de expedientes y el informe de Vivienda

En relación con la promoción de Las Naus, Camarero ha explicado que fue la Dirección Territorial de Vivienda de la Conselleria la encargada de revisar toda la documentación de los compradores. El procedimiento habitual comienza con la comprobación por parte de los técnicos del Servicio Territorial, que analizan los requisitos de ingresos, patrimonio y demás condiciones establecidas por la normativa. Posteriormente, esta revisión es validada por el director territorial correspondiente.

Además, el secretario territorial adjunto de Vivienda elaboró un informe en el que se hace constar que todas las personas que accedieron a estas viviendas cumplían con la totalidad de los requisitos legales, tanto en lo relativo a los niveles de ingresos como en la inexistencia de otras propiedades.

No obstante, tras las informaciones conocidas en los últimos días y la polémica generada en torno al proceso, la Conselleria ha anunciado que se llevará a cabo una segunda revisión de todos los expedientes. Este nuevo análisis tendrá como finalidad comprobar que los datos aportados por los compradores en su momento son verídicos y se corresponden con su situación real.

Para ello, se revisará uno por uno cada expediente de la promoción, con el objetivo de verificar de nuevo el cumplimiento de todos los criterios exigidos por la normativa de vivienda de protección pública. La Conselleria ha señalado que esta comprobación se realizará sobre la información ya presentada, contrastando la documentación con los registros y datos disponibles.