Más de 17 meses y un sinfín de ruido político separan la DANA que arrasó Valencia del presente, y poco parece haber cambiado en la forma de actuar de la Generalitat en este tiempo. Ya sea bajo el mando del aún diputado Carlos Mazón o de Juanfran Pérez Llorca, el Consell sigue sin asumir todas sus responsabilidades por las 230 personas que murieron aquel 29 de octubre de 2024 en la provincia, pero tampoco por las miles de casas, coches y calles arrasadas por las inundaciones.
La reconstrucción, a la que el Partido Popular jugó todo su futuro en la región, avanza, sí, pero no lo hace precisamente por el esfuerzo prometido por el Ejecutivo regional, o así lo aseguran las personas que están involucradas en ella. Es el caso de Zulima Pérez, que desde julio de 2025 ejerce como comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción tras la DANA, tras la dimisión de José María Ángel.
Su perfil técnico, muy vinculado al Ministerio de Política Territorial y al estudio de las relaciones entre el Estado y las Administraciones regionales, sirvió para alejar los trabajos de la Comisión Mixta del foco de la política. Un organismo de colaboración entre Gobierno central y Generalitat que, mientras trabaja, tiene pendiente contestar a la pregunta de por qué se creó casi un año y medio después de la tragedia: "Para que exista esa cooperación al más alto nivel, creo que tiene que haber lealtad institucional", responde Pérez en una entrevista publicada este lunes en El País. La comisionada apunta directamente al modus operandi de Carlos Mazón: "Igual ahora se nos ha olvidado pero quiero recordar cómo se comportaba el entonces presidente de la Generalitat, anclado en la mentira, en el bulo, en intentar omitir cosas de su actuación durante muchísimo tiempo", señala.
Nueve meses después de su nombramiento, Pérez da detalles sobre la creación de la Comisión: "Se creó porque el presidente valenciano se lo pidió al presidente Pedro Sánchez y este dijo que sí", explica. Asegura que "desde que se ha creado ha bajado el ruido", y ve con buenos ojos las relaciones con su contraparte del Ejecutivo valenciano, el comisionado Raúl Mérida: "Los ciudadanos no quieren ruido sino actuación y trabajo conjunto", sostiene.
En la entrevista también da pistas sobre qué trabajos está asumiendo cada una de las partes, un cálculo en el que la Generalitat no sale precisamente bien parada. Preguntada sobre qué cuentas se pide al Consell sobre los temas que le competen, Pérez es clara: "La Generalitat pide la mayor parte de cosas al Estado y ellos no asumen ninguna actuación", asegura. "Nos piden cosas que les corresponden a ellos. Hemos ido más allá de nuestras competencias, por ejemplo, en la reparación pendiente de ascensores".
La comisionada detalla las ayudas: "La única que se queja es la Generalitat"
Pero hay una cuestión, y es que la reconstrucción no son solo reproches de una administración a otra, entre siglas políticas o cargos contrapuestos. Son las vidas de miles de personas que viven en los municipios afectados, y que más de 17 meses después no han vuelto a cómo era su día a día antes de la DANA porque hay elementos básicos que siguen sin estar arreglados. Por ejemplo, el alcantarillado: "Esto tardará muchos años porque los Ayuntamientos tienen que levantar sus ciudades en parte o en la práctica totalidad. Estamos haciendo redes de saneamiento para el futuro. Pero las actuaciones de emergencia ya han hecho que el alcantarillado aguante ante las últimas danas", explica Pérez.
La comisionada también ha dado detalles sobre el trabajo sobre el terreno de la Confederación Hidrográfica del Júcar, dependiente del Gobierno, para tratar de evitar que una DANA de las características de la de aquel 29 de octubre vuelva a tener las mismas devastadoras consecuencias: "Se hicieron obras de emergencia por 237 millones de euros que finalizarán en julio de 2026", explica, "Luego está el plan para reducir el riesgo al máximo, que incluye medidas normativas, actuaciones como los 60 millones destinados para autoprotección de edificios particulares o municipales, y las obras planificadas por la CHJ por más de 550 millones de euros", detalla. Entre ellas destaca el desvío del barranco de La Saleta en el Bajo Júcar: "El objetivo es que en 2030 todas estas obras estén acabadas o en vías de estarlo", promete.
Otro aspecto clave de la reconstrucción son el pago de las ayudas, que también ha estado envuelto en polémicas. Sobre ellas, explica Pérez: "Las ayudas y subvenciones directas se han ejecutado ya en más de 7.800 millones de euros. Creo que es un nivel de ejecución altísimo. Muchas están al 100% y algunas, muy pocas, a más del 90%. No hay ningún ciudadano que no haya recibido nada. Las que están en cola es porque presentan algún tipo de problema. Por ejemplo, algunas empresas tienen el lucro cesante dentro de sus pólizas de seguros y tienen que esperar para poder analizarlo. La única que se queja es la Generalitat. A mí no me han llegado quejas especificas".