Iolanda Segura, portavoz del principal sindicato docente de Cataluña: "La huelga del 8 de septiembre es un hecho"

El fin de curso escolar ha estado marcado en Cataluña, igual que en otras comunidades como la Comunidad Valenciana o Madrid, por las huelgas y protestas de los docentes para reclamar mejoras laborales. En el territorio catalán, el Departamento de Educación y Formación Profesional (FP) alcanzó el pasado mes de marzo un acuerdo con Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT para movilizar 2.000 millones de euros en cuatro años en actuaciones como la reducción de las ratios de alumnos por aula o el incremento retributivo para los profesionales educativos mediante el aumento del complemento específico. El pacto, sin embargo, no contó con la rúbrica del resto de sindicatos educativos catalanes, los cuales consideraban que las medidas acordadas eran insuficientes.

En respuesta al pacto los sindicatos docentes —entre los cuales se encontraba el mayoritario en Cataluña, USTEC— convocaron más de una quincena de huelgas entre mayo y junio, en medio de las cuales el Govern llegó el 29 de mayo a un preacuerdo con USTEC y Professors de Secundària (Aspepc) que actualizaba las mejoras de marzo. Sin embargo, el sindicato mayoritario consultó a sus bases y estas decidieron rechazar el acuerdo para seguir adelante con las protestas y reivindicaciones junto a otras organizaciones que tampoco lo habían avalado. Así se quedó la situación al finalizar el último curso y así parece que comenzará el siguiente. 

La Asamblea Educativa de Catalunya, formada por docentes, personal de atención educativa, otros profesionales del sector y representantes sindicales, acordó este sábado convocar una nueva huelga en los centros públicos el próximo 8 de septiembre, primer día del curso 2025-2026, e instó a la conselleria a convocar una nueva mesa de negociación sectorial. Al día siguiente, la consellera de Educación, Esther Niubó, anunciaba que esta semana se reuniría con sindicatos. En este contexto, previamente a un encuentro celebrado en la tarde de este lunes con la conselleria, la portavoz de USTEC, Iolanda Segura (Barcelonal, 54 años), ha atendido a ElPlural.com para responder sobre diversas cuestiones. Entre ellas, los principales objetivos de los sindicatos, su previsión respecto al inicio del nuevo año escolar y las posibilidades de reconducir el conflicto con la Generalitat.

PREGUNTA (P): La Asamblea Educativa de Catalunya (AEC) ha acordado convocar huelga en los centros públicos el primer día de clases, el 8 de septiembre, y, en este sentido, ha advertido que el próximo curso escolar no empezará con normalidad. ¿Hay posibilidad de llegar a un acuerdo con el Govern que cambie la situación?

RESPUESTA (R): Es difícil. No decimos que sea imposible. Evidentemente, la voluntad depende de la conselleria. Pero es difícil. No vemos una predisposición por parte de la Administración para realizar cambios radicales en la dirección que necesita el sistema educativo público en muchas de las cuestiones que estamos poniendo sobre la mesa. Es cierto que existe un acuerdo firmado por algunas organizaciones sindicales en el que se incorporan medidas trabajadas conjuntamente por todas las organizaciones sindicales que participábamos en las negociaciones que USTEC no firmó porque el colectivo dijo que no y nosotros nos habíamos comprometido a respetar su voluntad. Por tanto, seguimos trabajando para ampliar los avances que incorpora el acuerdo del mes de mayo, que nos parece bien que se saque adelante, pero que no es suficiente porque todavía tenemos muchas cuestiones pendientes de resolver.

Todo lo que incluye el acuerdo de mayo marca unos primeros pasos, pero no representa el objetivo final. Debe desarrollarse para alcanzar el máximo de lo que es esperable y necesario para disponer de la escuela inclusiva que necesitamos y responder a las necesidades del alumnado con todas las garantías. Dudamos mucho de que esto pueda resolverse ahora, en verano. Por tanto, la huelga del 8 de septiembre es un hecho. Es el inicio del calendario del plan de lucha que debemos impulsar este nuevo curso, en el que se deben establecer unos objetivos.

P: ¿Cuáles serían algunos de estos objetivos?

R: Continuar trabajando en las medidas que incorpora el acuerdo de mayo y en otros objetivos que todavía tenemos pendientes, como la cuestión del catalán, ya que nos encontramos en un escenario de pérdida de uso de la lengua y también de escasa protección del catalán en los centros educativos. Necesitamos garantías, medidas y recursos, además de asegurar el aprendizaje y el uso lingüístico del catalán, porque es una herramienta de cohesión y la inmersión lingüística también es inclusión. Eso está muy claro. Necesitamos una adecuación de las infraestructuras. No podemos soportar las temperaturas que sufrimos en los centros. Cada vez hay más olas de calor extremo y esto afecta a los centros educativos de una manera muy preocupante, poniendo en riesgo la salud de todas las personas que estamos en las aulas. También necesitamos una reducción de ratios mucho más efectiva y ambiciosa, porque la complejidad que existe en Cataluña así lo requiere, además de muchas otras cuestiones. Tenemos muchos asuntos por resolver, pero aquí hay una cuestión central que es la financiación.

Existe una carencia muy evidente en materia de financiación. Hay una infrafinanciación estructural. La Ley de Educación de Cataluña de 2009 establece que debe invertirse el 6% del PIB en educación. Estamos en 2026 y ni siquiera se alcanza la mitad. Ese 6% es el eje central si queremos cambiar el sistema educativo, porque el modelo actual ha demostrado que no funciona. Debe haber una financiación clara, de al menos ese 6%, porque si en 2009, cuando las necesidades eran menores, ya se consideraba necesario ese porcentaje, ahora, en 2026, cuando esas necesidades han aumentado, quizás habría que ser incluso más ambiciosos y pedir más. Pero con ese 6%, como mínimo, sabemos que podríamos cubrir gran parte de las necesidades actuales de los centros educativos. Por ello, otro objetivo es establecer un calendario de financiación que permita, en un plazo relativamente corto, construir realmente la escuela inclusiva y en catalán que necesita Cataluña.

Hay una infrafinanciación estructural. La Ley de Educación de Cataluña de 2009 establece que debe invertirse el 6% del PIB en educación

P: Tras el encuentro de la Asamblea Educativa de Catalunya se ha pedido al Departamento de Educación de la Generalitat que convoque una mesa de negociación con el comité de huelga. ¿Qué cuestiones esperáis abordar?

R: Pedimos que durante el mes de julio exista voluntad de abrir una nueva negociación y continuarla en septiembre. Pero no solo con las organizaciones sindicales y el colectivo docente, sino también incorporando a las familias. Incluso queremos abrir un escenario más amplio. Estamos en contacto con otras organizaciones y reuniéndonos con diversos colectivos para abordar cuestiones relacionadas con la etapa de 0 a 3 años. También tratamos la situación de las monitoras de apoyo, que reclaman su integración en la administración pública, una figura imprescindible para atender al alumnado que necesita una atención individualizada. Estamos en contacto con las educadoras sociales y con todas estas figuras esenciales para la escuela inclusiva, que también sufren carencias y necesitan mejorar sus condiciones laborales.

Además, en el ámbito de la función pública debemos abrir debates como la cláusula de actualización salarial para no seguir perdiendo poder adquisitivo o la implantación efectiva de la jornada de 35 horas acordada a nivel estatal. Queremos abrir un frente estatal respecto a cuestiones que dependen de Madrid: la jubilación, la equiparación salarial, la adecuación del grupo profesional al que deberían pertenecer los docentes —actualmente estamos en el grupo A2 y deberíamos pasar al A1— y otras que también puedan abordarse. Al final es una mirada amplia de la educación, tanto en lo relativo a las condiciones pedagógicas de trabajo como en las condiciones de las personas que trabajamos y la atención al alumnado, que es fundamental para garantizar su futuro y su desarrollo integral.

P: El domingo la consellera anunció que esta semana se reuniría con vosotros. ¿Qué esperáis del encuentro?

R: Tenemos una reunión hoy y parece que quiere ir reuniéndose con todas las organizaciones sindicales y también con las entidades que forman parte de la comunidad educativa, como las familias y supongo que todas aquellas entidades que puedan ayudar a realizar estos cambios de modelo que deberían ser una cuestión primordial porque se han querido introducir cambios en la educación manteniendo el mismo modelo que hemos tenido hasta ahora, y eso es inviable. Aquí se necesitan cambios estructurales. Todo el malestar existente se debe a que tenemos un sistema educativo que no está dando resultados y que ha precarizado las condiciones laborales de los trabajadores, porque se ha exigido asumir estos cambios sin mejorar nuestras condiciones laborales. Esto ha supuesto una sobrecarga de trabajo, un volumen de responsabilidades inasumible y un malestar creciente porque no hemos tenido ni los recursos ni las medidas ni el tiempo necesarios para poder llevar a cabo e implementar estos cambios. Debe existir una voluntad clara de transformar un modelo que ha quedado obsoleto y que ya no responde a las necesidades sociales que tenemos actualmente.

Esto está ocurriendo de forma generalizada, ya se ve a nivel mundial que se quieren introducir cambios en el sistema manteniendo exactamente una estructura igual, y eso es imposible. Por lo tanto, se debe hacer un esfuerzo muy grande, pero la Administración es la que debe permitir que esas transformaciones puedan llevarse a cabo, si no continuaremos en una situación insostenible y el conflicto no se resolverá fácilmente.

P: ¿Veis al Govern predispuesto a aceptar las demandas y actualizar el acuerdo del mes de mayo?

R: Ahora mismo que nos encontramos en el periodo de inscripciones, estamos viendo el cierre de grupos en la escuela pública y también recortes de recursos. También hay otra cuestión muy importante, que es el decreto de plantillas y el decreto de autonomía de centros. Nosotros pedimos su derogación porque causa mucho malestar al generar la elección a dedo. Hay muchas dinámicas que no se quieren cambiar y son estos cambios estructurales los que pedimos para realmente convertir la escuela en un espacio donde las decisiones se tomen de forma democrática, donde las personas trabajadoras se sientan acogidas, no existan favoritismos y donde podamos decidir qué medidas y recursos necesitamos para atender adecuadamente al alumnado.

En muchas cuestiones vemos que la Administración no tiene ninguna voluntad de realizar cambios. Por ello, en estos momentos tenemos pocas esperanzas de que realmente se escuchen nuestras demandas y se avance hacia otro modelo educativo que dé respuesta a las necesidades actuales. Así que la lucha será dura, pero necesaria.

Debe existir una voluntad clara de transformar un modelo que ha quedado obsoleto 

P: ¿Mantenéis el contacto con los sindicatos de otras comunidades autónomas que también reivindican una mejora de la situación en los centros educativos?

R: Sí. Estamos en contacto directo con los STEs (Confederación de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza), que son nuestros sindicatos hermanos.Nosotros venimos también de los STES, aunque no formamos parte de la confederación, pero mantenemos relaciones y hemos trabajado conjuntamente muchas cuestiones, como la reducción de ratios. En el tema sobre las condiciones de la etapa de 0 a 3 años, hemos participado en grupos de trabajo y hemos trasladado nuestras reivindicaciones recogidas también desde la Plataforma 0-3, con la cual trabajamos codo con codo. El tema de la jornada de 35 horas, lo estamos trabajando desde la IAC, a la que pertenecemos. Estamos en contacto permanente con cualquier medida que se impulse desde el Estado español y trasladamos nuestras propuestas y tenemos grupos creados con los STEs para ir trabajando en estas cuestiones.

P: ¿Llegar a un acuerdo ahora supondría no negociar nuevas mejoras en los próximos años?

R: No. En ningún caso. Firmar un acuerdo nunca supone detener o paralizar cualquier otra movilización. De hecho, nosotros no firmamos el acuerdo de mayo, pero incluso si lo hubiéramos firmado, ese no hubiese sido un punto final, sino un paso para consolidar unos avances logrados gracias a la movilización del colectivo. En ningún caso suponía cerrar nada. Al contrario. A pesar de que esos avances se han consolidado porque el Departamento de Educación anunció que igualmente los implementaría y aunque hubiesemos firmado el acuerdo, habríamos continuado la misma hoja de ruta de abrir un nuevo plan de lucha, fijar nuevos objetivos y seguir trabajando para transformar el sistema educativo.

P: En caso de no alcanzar un acuerdo, ¿cuánto se podrían extender la huelga y las protestas?

R: El colectivo nos marcará en buena medida el ritmo. Nosotros queremos continuar. Ya hemos consultado a nuestra afiliación. La afiliación nos avala para que este primer trimestre haya un nuevo plan de lucha, con unos nuevos objetivos a poner sobre la mesa, objetivos que no estaban dentro de las priorizaciones, pero que ahora hay que establecer. También es necesario ir haciendo el seguimiento del acuerdo para pedir una implementación que vaya más allá de lo que está acordado. Pero, evidentemente, quien marcará el ritmo de la lucha será el colectivo. Nosotros tenemos que continuar haciendo consultas a todo el colectivo, que nos tiene que decir de qué manera tenemos que establecer el calendario de movilizaciones, en qué formato y hasta cuándo, pero prevemos que la cosa va para largo porque el malestar es muy grande y la necesidad de hacer cambios también es muy grande. No somos futuristas ni futurólogos, pero lo que está muy claro es que hay un malestar evidente y este malestar pide cambios.

Yo creo que la conselleria es consciente de que la cosa no va solo de hacer cuatro avances, sino que tiene que haber una transformación, pero, evidentemente, ellos propondrán una transformación dentro de su marco mental, que no es nuestro marco mental. Y aquí la pelea será esta. La transformación para nosotros va en una línea y para ellos va en otra. Ellos quieren mantener todavía la esencia de la Ley de Educación de Cataluña, que tiene una lógica de funcionamiento más propia de la enseñanza privada que de lo que debería ser un sistema educativo público. Y aquí es donde no nos pondremos de acuerdo.