En un contexto político tan fragmentado como el actual y con el auge de la extrema derecha como uno de los elementos definitorios de nuestra era, no es fácil —cada vez lo será más— construir mayorías que supongan la configuración de gobiernos. La alternativa es el maximalismo o la ingobernabilidad que ya dibujan algunas encuestas. Dicho de otra manera, el crecimiento desbocado de fuerzas ultraconservadoras ha limitado el margen de maniobra de la inmensa mayoría de partidos, lo que ha provocado que se tejan alianzas que eran imposibles o impensables hace unos años.
Quizá uno de los casos más paradigmáticos, en este sentido, sea el frágil y contradictorio acuerdo —en algunas cuestiones— entre el PSOE y Junts para la investidura de Sánchez. En este contexto, tampoco ha ayudado en absoluto el hecho de que el Partido Popular haya vinculado su futuro a medio y largo plazo a la extrema derecha de Vox. Este, además, es un elemento adicional de dificultad a la hora de alcanzar grandes pactos en el Congreso de los Diputados y entre el ejecutivo central y las comunidades autónomas en materias tan importantes y complejas como la lucha contra el cambio climático, la gestión de la inmigración, la sanidad o la educación.
La política, así pues, como espacio de contraposición de modelos de sociedad y de búsqueda de soluciones, se ha ido convirtiendo progresivamente en un ámbito de administración de las contradicciones. Unas contradicciones que, sin embargo, son inherentes a la política democrática, porque reflejan el creciente pluralismo de unas comunidades que necesitan diálogo y acuerdos para funcionar.
El problema llega, sin embargo, cuando los dirigentes públicos, para acceder al poder o mantenerse en él, atraviesan líneas rojas que ponen en riesgo la convivencia o determinados derechos. También cuando suscriben acuerdos alejados de la realidad o cuando marginan a grupos que propugnan planteamientos democráticos apelando a causas que, más que unir, contribuyen a dividir.
Un caso interesante —y que ha sido noticia este verano— es el de Girona, una ciudad cuya alcaldía está en manos de Guanyem, una formación vinculada a la CUP. Hasta hace unas semanas, Lluc Salellas lideraba un gobierno independentista integrado, además de por su partido, por Junts y ERC. Como es sabido, y a raíz de supuestas desavenencias internas, la organización que capitanea la exconsellera Gemma Geis optó por salir del ejecutivo local.
El caso recuerda, en cierta manera, la salida, en octubre de 2022, de Junts del Govern de la Generalitat que entonces presidía Pere Aragonès. En Girona, sin embargo, las razones de fondo son otras: la voluntad de marcar distancias con los ‘cupaires’ a poco menos de un año de las elecciones municipales; el crecimiento de Aliança Catalana y la necesidad de endurecer el discurso en algunas cuestiones; y, finalmente, el hecho de que formaban parte de un gobierno integrado por dos grupos de izquierdas, algo que chocaba con sus postulados conservadores.
De esta manera, una de las primeras conclusiones que se podría extraer es que Junts, como heredero de CiU, muestra poca lealtad cuando tiene un papel secundario en el seno de las administraciones. La realidad es así, pero en este caso la situación es algo más compleja. Las elecciones locales de 2023 las ganó el PSC (8), aunque obtuvo el mismo número de representantes que Guanyem. Junts pasó de 9 a 6 concejales y ERC, de 4 a 3. Por su parte, el PP y Vox, que no habían obtenido representación en los comicios de 2019, entraron, respectivamente, en el consistorio con un edil. La pelota, así pues, estaba en el tejado de Guanyem, que debía decidir si construía un gobierno con el resto de partidos soberanistas o si llegaba a un entendimiento con los socialistas para articular una fórmula que situara la ciudad por encima del eje nacional.
El final es conocido: Guanyem, Junts y ERC llegaron a un acuerdo, principalmente, por cuatro razones: impedir que el PSC ostentara la alcaldía; erigir la localidad en un faro independentista en un momento en el que el secesionismo estaba —y está— en horas bajas; mantener el aura mágica sobre el que se habían fundamentado el procés y la famosa unidad soberanista; y, finalmente, reivindicar que Girona es la única de las cuatro capitales provinciales catalanas que tiene un “gobierno claramente independentista y republicano”. Había, además, otro factor que no se puede menospreciar: el hecho de que Carles Puigdemont hubiera sido alcalde de Girona, lo que le llevó a implicarse a la hora de evitar que la ciudad tuviera un ejecutivo con la participación de los socialistas.
Es de suponer, por todo ello, que, una vez llegue la campaña electoral, Salellas explicará cómo Girona ha contribuido a acercar Catalunya a la independencia. Lo que parece evidente, sin embargo, es que la ruptura del acuerdo de gobierno estaba prácticamente anunciada desde el mismo día en que se selló. Entre otras razones, porque Junts y Guanyem representan modelos sociales y económicos muy diferentes. Sin ir más lejos, ambos grupos han chocado durante el mandato en cuestiones vinculadas a la actividad económica y comercial, la limpieza o diferentes aspectos del funcionamiento interno del consistorio.
En política, las diferencias entre partidos que comparten gobierno son habituales. El problema del caso que nos ocupa, sin embargo, es que el pacto se fundamentó en un simbolismo excesivo que ha acabado chocando frontalmente con la realidad de la administraión local. Una administración local que a menudo exige mucha gestión y la resolución de unos problemas concretos que, en la mayoría de los casos, reciben poca atención mediática y social.
Las elecciones municipales en la capital gerundense se presentan con una fuerte dosis de incertidumbre. Hay muchas preguntas sobre la mesa. ¿Repetirá Sílvia Paneque, actual portavoz y consellera de la Generalitat, como candidata socialista a la alcaldía? ¿Quién presentará ERC como cabeza de lista después de la dimisión de su alcaldable a raíz de los polémicos audios de este verano? ¿Tendrán los socialistas suficiente fuerza para liderar el ejecutivo o Salellas podrá reeditar la fórmula de este mandato? ¿Recuperará Junts el protagonismo perdido o será desplazado por Aliança Catalana? Muchas cuestiones para una ciudad que ha dejado de tener su futuro escrito. Las respuestas: el 23 de mayo de 2027.
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