El Govern de Cataluña ha abierto ya los trece primeros expedientes sancionadores por el incumplimiento de las medidas de contención del precio de los alquileres establecidas por la ley de vivienda. En concreto, siete de las multas han sido impuestas por la Agència Catalana de Consum y las seis restantes por la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). El importe total de estas penalizaciones económicas puede alcanzar los 120.000 euros.

La apertura de dichos expedientes ha sido anunciada este martes por la líder de los Comuns, Jéssica Albiach, tras reunirse con la consellera de Economía y Finanzas, Alícia Romero, y el presidente del grupo parlamentario del PSC, Ferran Pedret, para abordar la situación de los acuerdos de investidura de Salvador Illa. Posteriormente, el Ejecutivo catalán ha detallado que las dos mayores sanciones han sido impuestas por la AHC y han alcanzado los 30.000 euros.

Asimismo, la Agència Catalana de Consum ha abierto un expediente grave a un propietario por no incluir ni la información del índice ni la etiqueta de eficiencia energética, el cual puede conllevar una multa de hasta 25.000 euros. Además, ha impuesto dos sanciones graves por un total de 27.000 euros, una de ellas por aumentar el precio del alquiler sin justificar los conceptos por los que se ha incrementado el arrendamiento y la otra a un arrendador que firmó como administrador de fincas colegiado sin serlo. 

En cuanto al resto de expedientes, por parte de Consum se han abierto otros cuatro correspondientes a infracciones leves por no informar del índice de precio en los anuncios de alquileres de viviendas situadas en zonas declaradas tensionadas, uno de ellos ha conllevado una sanción de 1.750 euros que ya ha sido abonada y los otros tres pueden suponer multas de hasta 10.000 euros. Por otro lado, la AHC también ha impuesto dos sanciones de 3.000 euros y tiene pendiente concretar la penalización económica que se impondrá en el caso de los otros dos procedimientos abiertos. 

Hay 132 actuaciones para analizar posibles infracciones en fase de diligencias previas 

Desde la Generalitat se ha explicado que los expedientes sancionadores con motivo de la ley de vivienda pueden suponer multas de entre 3.000 y 90.000 euros. En cuanto al origen de la apertura de los procedimientos, el Ejecutivo catalán ha indicado que estos pueden derivar de denuncias de particulares o del análisis de datos a través de actuaciones de oficio. 

Aparte de los trece expedientes sancionadores abiertos hasta el momento, actualmente hay 132 actuaciones que se encuentran en fase de diligencias previas, 77 procedentes de la AHC y 55 de Consum. En caso de que estas investigaciones acrediten posibles incumplimientos de la ley de vivienda, podrán derivar en la apertura de más procedimientos sancionadores. De forma paralela, la Generalitat ha archivado 26 expedientes por casos que no se contempln en los supuestos de la norma. 

Los Comuns empezarán a negociar los presupuestos

En declaraciones a los medios de comunicación, la presidenta de los Comuns ha señalado que estos primeros expedientes sancionadores son “un punto de partida” y ha apuntado que con su apertura el Ejecutivo catalán ha cumplido con los pactos de investidura de Illa y, por lo tanto, empezarán a negociar los presupuestos para 2026. En este sentido, ha solicitado que las cuentas sean sociales y ambiciosas y “que le den al transporte público, a los servicios públicos y a la vivienda el lugar que corresponde”.

Albiach también ha dado a conocer que, según lo previsto, a lo largo de este mes de febrero se pondrán en marcha tanto el registro de grandes tenedores, en el que deberán inscribirse los propietarios de más de cinco viviendas, como la unidad antidesahucios para ofrecer acompañamiento a las personas desahuciadas. Dos medidas acordadas entre los Comuns y el Govern.