El gobierno inevitable entre ERC y JxCat se hace esperar. Las negociaciones entre dos socios forzosos que se aborrecen en público y en privado deben ser complicadas, pero ninguno de los dos está dispuesto a asumir la culpa de provocar en sus votantes un despertar brusco al sueño de la independencia. Este miedo juega a favor del pacto. En contra, los agravios políticos y personales acumulados en la anterior legislatura, el efecto distorsionador de Carles Puigdemont, las clásicas dudas de la CUP sobre su relación con las instituciones, las ansias de revancha de Quim Torra y las relaciones con el gobierno de Pedro Sánchez. El próximo viernes día 26 debería celebrarse la sesión de investidura de Pere Aragonés, sin embargo, los dos partidos coinciden en señalar que todo está en el aire.

No hay nada que entorpezca las negociaciones que no fuera previsible desde el momento que se conocieron los resultados electorales. JxCat perdió por un puñado de votos su prevalencia ante ERC y exige revertir automáticamente las relaciones internas en el gobierno: todo lo que regían los republicanos debe pasar a manos suyas, vicepresidencia, economía, salud, educación, justicia, etc. Además de la presidencia del Parlament que ya obtuvo para Laura Borràs, aunque no fuera la candidata unánime de todos en JxCat y mucho menos la presidenta ideal para ERC. Esta transferencia interna de poder no está resuelta, pero todo indica que este no es el escollo más difícil de salvar porque solo afecta a la composición del gobierno autonómico.

La clave sigue siendo el liderazgo del movimiento independentista que el partido de Puigdemont no está dispuesto a reconocer a Pere Aragonés aunque él vaya a ser el presidente de la Generalitat. Mientras la presidencia del gobierno catalán ha estado en manos de un presidente vicario como Torra, la dificultad de encaje del Consell per la República con sede en Waterloo en el entramado de poder del independentismo resultó soportable entre ellos. La irrupción de ERC en la presidencia complica el equilibrio.

JxCat quiere que el Consell per la República lidere la estrategia independentista, condicionando el gobierno autonómico e interviniendo (o sea interfiriendo) en la mesa de negociación y en las posiciones de los respectivos grupos en el Congreso de los Diputados. Por muy absurda (y perniciosa para las instituciones) que parezca la situación, ERC no puede entrar abiertamente en la confrontación entre el presidente de la Generalitat y el presunto presidente legítimo de Cataluña que para JxCat y un sector no desdeñable del separatismo sigue siendo Puigdemont. De ahí la delicada relación entre Generalitat y Consell per la República que los negociadores de JxCat explotan para socavar el éxito de ERC.

La prolongación de las negociaciones es aprovechada por JxCat y su legión de agitadores digitales para desprestigiar a ERC y en especial a Pere Aragonés. El más activo, el ex presidente Torra. En su dietario titulado Las Horas Graves pasa cuentas con la gestión de las áreas dirigidas por republicanos, presenta como un timorato al ex presidente del Parlament, Roger Torrent (futuro consejero), y como un incompetente a Aragonés. Algunos de los protegidos de Torra, como el experto en enfermedades tropicales Oriol Mitjà que en plena pandemia se dedicó a criticar la política seguida por la consejera de Sanidad, la republicana Alba Vergès, incluso piden a ERC que presente otro candidato a la investidura para facilitar el acuerdo.

En este ambiente de fraternidad independentista sui generis, el reloj parlamentario fija la sesión de investidura para el viernes 26 de marzo, como paso previo para empezar a contar los dos meses hábiles para elegir un presidente o repetir elecciones. La presidenta del Parlament, Laura Borràs no ha iniciado todavía la preceptiva ronda de consultas con todos los grupos para conocer las posibilidades de una investidura dada la evidencia de no estar cerrado el acuerdo entre ERC, JxCat y la CUP. El tiempo apremia y aunque no puede descartarse que en una noche de inspiración los negociadores alcancen un pacto más o menos estable, los creativos independentistas han empezado a diseñar jugadas maestras.

La primera, saltarse los plazos establecidos legalmente y retrasar con cualquier excusa la fecha del 26. Un horizonte de desobediencia muy creíble para el estilo Borràs (el Parlament hace lo que quiere), que provocaría los pertinentes recursos y muy probablemente una nueva judicialización que a su vez sería utilizada para engrosar el memorial de la represión. La segunda maniobra parece todavía más descabellada: conceder al PSC la oportunidad de fracasar en la investidura de Salvador Illa y así obtener un tiempo extra para seguir arreglando las diputas entre republicanos y legitimistas.

Ganar tiempo concediendo un pequeño éxito al PSC sería especialmente estrambótico. De entrada sería una exhibición por parte del independentismo de su voluntad de instrumentalizar el Parlament a su gusto y conveniencia. También implicaría el reconocimiento de la reclamación de Illa, quien desde el primer minuto viene exigiendo su derecho a protagonizar una investidura, dada su condición de primer partido de la cámara, una realidad que ERC y JxCat tratan de enmascarar y obviar permanentemente.

La tercera opción es correr el riesgo de una primera investidura fallida de Aragonés. No sería la primera vez que esto sucediera. ERC se opondrá naturalmente a este penoso trámite, pero no hay que descartar que JxCat y Laura Borràs quieran devolverle a los republicanos la jugada de Roger Torrent en la anterior legislatura, cuando puso en marcha los plazos parlamentarios para impedir el conflicto de una investidura en ausencia de Carles Puigdemont. Al fin y al cabo, se si mantiene la fecha oficial, siempre puede ser un aliciente para cerrar el acuerdo de gobierno.