Después de siete meses desde que se acabó el juicio por el expolio del Palau de la Música este lunes se hará pública, finalmente, la sentencia. Los principales acusados son Félix Millet, Jordi Montull y la hija de este último, Gemma. En un juicio oral que duró más de tres meses y unas cuarenta sesiones, se pudo ver como en el mismo acto se hacían tres juicios: el expolio del Palau por parte de sus principales gestores; la financiación irregular de CDC aprovechando esta institución cultural y un fraude fiscal.

La Fiscalía pidió un total de 14 años y 9 meses para Félix Millet como máximo responsable del entramado que le permitía enriquecerse a expensas de la institución cultural, que tiene como edificio emblemático una obra patrimonio de la humanidad. Para Jordi Montull, la Fiscalía pidió 10 años y 10 meses, mientras que por su hija Gemma rebajó la pena hasta 3 años.

Los tres decidieron colaborar y explicar que se habían hecho ricos y que, a la vez, habían facilitado que el Palau de la Música hiciera de cañería por donde transitaban el dinero de la constructora Ferrovial hacia Convergència como comisión por la adjudicación de obra pública. Por eso, la Fiscalía pidió que el extesorero de CDC Daniel Osácar sea condenado a 8 años y que el partido asuma el pago de los 6,6 millones de euros que llegó a cobrar en efectivo o bien en facturas, algunas de ellas falsas y otras como pago de servicios en campañas electorales, tal y como reconocieron las empresas que habían cobrado.

Los hechos enjuiciados pasaron entre 2000 y 2008, cuando en julio de aquel año los Mossos d'Esquadra entraron a registrar el Palau de la Música. Días más tarde, detendrían Millet y se empezaría a conocer todo el entramado que permitió el expolio.

Millones de euros

Fueron millones de euros que en lugar de ir a parar al Palau de la Música fueron a los bolsillos de Millet (unos 7 millones) y Montull (1,3 millones). Fiscalía todavía busca el destino de 10 millones más. La defensa esgrimió que eran pagos en negro a artistas sin especificar. Incluso Millet hizo que el Palau pagara las bodas de sus dos hijas como relaciones públicas. Eso sí, uno de sus consuegros pagó la mitad del convite, que fue a sus bolsillos. Además, las dos familias disfrutaron de viajes y vacaciones pagadas.

En cuanto a Convergència, los principales acusados, así como varios testigos, aseguraron durante el juicio que Ferrovial pagaba un 4% de la obra adjudicada en Cataluña. El 2,5% era para Convergència y el 1,5% era la comisión que se quedaban Millet y Montull (un 80% por el primero). En total, CDC recibió 6,6 millones de euros, que el abogado de Osácar rebajó a 2 millones.

Las obras por las que Ferrovial habría pagado son la Ciutat de la Justicia (donde se hizo el juicio), la Línea 9 del Metro, un pabellón deportivo en Sant Cugat y un canal de reguera a las tierras del Ebro. Ferrovial también fue la empresa que restauró el Palau de la Música con dinero del Ministerio de Cultura de la época de José Maria Aznar.

Ferrovial se defendió diciendo que el pago del dinero al Palau de la Música era porque eran los patrocinadores principales y si después aquel dinero tenía otro uso ellos no  eran responsables.

El propio Artur Mas reconoció en su despedida como presidente del PDCat que Convergència se había financiado irregularmente y que el principal castigo de esto había sido la propia desaparición del partido. Eso sí, puso la fecha en los años noventa, cuando lo que se ha juzgado fue entre el 2000 y el 2008, cuando él ya ostentaba poderes dentro del partido fundado por Jordi Pujol. No obstante, no fue llamado como testigo. Osácar se mantuvo fiel a las siglas y a sus dirigentes.