Sólo el PP de Xavier Garcia Albiol no cita en su programa de 18 páginas por el 21D la lucha contra la corrupción política. Un partido marcado por numerosos casos obvia este aspecto. El resto de formaciones, con más o menos intensidad, dedican unos apartados a asegurar que favorecerán la transparencia y la lucha contra el fraude político.

Así, ERC asegura que hay que fortalecer la integridad corporativa de todas las instituciones, hacer obligatoria la elaboración de planes de prevención de riesgos de corrupción y aprobar códigos de conducta para todo el personal y los operadores que sean prestamistas de servicios públicos o preceptors de fondos públicos. Además, Esquerra, partido dirigido por Oriol Junqueras y que durante el tripartito instituyó la Oficina Antifrau, dice que hay que gestionar los conflictos de interés como una de las principales fuentes de riesgo de corrupción y modificar la regulación actual del régimen de declaraciones de intereses, revisar el sistema de control previo de idoneidad, reforzar el régimen de incompatibilidades, establecer políticas de regalos, prever restricciones pos-cargo en función de los riesgos asociados a determinados perfiles y colectivos de servidores públicos, entre otro elementos.

Cómo uno de los aspectos puestos siempre en entredicho es la contratación pública, desde ERC se propone que hay que asegurar de manera real y efectiva la independencia de las persones integrantes de la estructura equivalente en Cataluña de la futura Oficina de Regulación y Supervisión de la Contratación, garantizando un proceso de nombramiento transparente, basado en la capacidad, la meritocràcia y la ausencia de conflictos de interés previos al nombramiento.

Oficina Antifrau

En materia de potestades y competencias de la Oficina Antifrau, desde Esquerra se cree que hace falta que, por medio de las modificaciones legales oportunas, este organismo, como autoridad especializada, asuma nuevas funciones en materia de gestión y monitorització de conflictos de interés como el registro de declaraciones de bienes e intereses de los cargos públicos, actividad pre y puesto cargo, protección de alertadors y planes de integridad.

Para JxCat, coalición heredera del antigua CDC (formación con numerosos casos de corrupción) no entra en masa detalle, pero eso sí, pone de relieve la Oficina Antifrau y la Sindicatura de Cuentas. Como lucha contra el fraude, el partido de Carles Puigdemont se apunta a la transparencia y al uso de las TIC y afirma en su programa que hay que adoptar los estàndars internacionales más avanzados. JxCat manifiesta su tolerancia cero a la corrupción.

En en cuanto a la CUP, menciona la contratación pública como de los focos de la corrupción y el fraude político, pero además propone eliminar cargos de confianza, aumentar el control a los funcionarios, controlar los instrumentos urbanísticos, incrementar el control de la contratación administrativa, eliminar los privilegios de los políticos corruptos, así como las puertas giratorias. Finalmente, los cupaires liderados por Carles Riera proponen aumentar los recursos policiales, judiciales y de la fiscalía para luchar contra la corrupción.

Ciutadans, por su parte, dedica un apartado del programa de Inés Arrimadas a la corrupción. El partido que mantiene al PP de Cristina Cifuentes al poder, asegura en su decálogo que luchará contra la corrupción y pondrá fin por siempre jamás a la cultura del "3%" en la contratación pública. "Los políticos separatistas inventaron el España nos roba mientras unos cuántos vaciaban los bolsillos de los ciudadanos mismos por medio de corrupción". Por lo cual, Ciutadans asegura que luchará para conseguir que todos los contratos se adjudiquen mediante procedimientos abiertos a la competencia, cumpliendo los principios de publicidad, neutralidad, transparencia y buena gestión. Así mismo, Cs dice que establecerá una separación entre las decisiones políticas y las técnicas, llevando a cabo rotaciones del personal responsable de los informes técnicos de adjudicación para evitar que se generen redes clientelars y prohibirán que los cargos políticos y nombrados a dedo formen parte de las juntas y mesas de contratación.

Transparencia

En cuanto al PSC, el partido de Miquel Iceta, manifiesta que la transparencia y el derecho de acceso a la información son uno de los mejores antídotos de lucha contra la corrupción y propone las siguientes medidas: impulsar un libro blanco sobre el sector público en Cataluña que culmine con el Pacto Nacional de Reforma de la Administración. Este proceso se hará conjuntamente con el sector local de Cataluña. Como resultado de este proceso se propone el desarrollo efectivo de los siguientes instrumentos: una ley de organización de la administración de la Generalitat para reorganizar y simplificar la estructura del sector público catalán; un programa de simplificación de los procedimientos administrativos, para eliminar cargas y trámites que no sean estrictamente imprescindibles; una Ley de la Función Pública que vele por la dignificación y la calificación del trabajo de empleado público y un Estatuto del Directivo Público que garantice la profesionalización de los altos cargos a las entidades públicas; revisar los contratos de concesión y de servicios vigentes y un plan de formación integra de los empleados públicos, con el fin de mejorar sus capacidades y conocimientos en materia de seguimiento y tutela de las actividades desarrolladas por las adjudicatarias de la prestación de servicios públicos; una evaluación y las inversiones necesarias para garantizar la adaptabilidad tecnológica de la administración pública; dimensionar IVALUA incorporando a la evaluación de las políticas públicas la innovación en las mismas con la participación de la academia, las entidades especializadas, personas empleadas públicos y agentes socioeconómicos; crear sistemas de objetivos, variables e indicadores para cada ámbito de actividad que garanticen el seguimiento continuo y permitan valorar la eficacia y el impacto de las actuaciones públicas; impulsar el diseño de políticas públicas y de planes estratégicos, así como la evaluación de políticas y programas públicos para mejorar la eficacia, el impacto y la rentabilidad del gasto público.

Cómo uno de los graves problemas en la corrupción política es la contratación, los socialistas se proponen una nueva Ley de Contratación pública de Cataluña que diseñe adecuadamente los procedimientos y la organización en relación a todos los contratos de las administraciones públicas, con el fin  de que el diseño institucional permita lograr una más gran transparencia, integridad y sostenibilidad social y ambiental de las compras públicas y de la provisión y gestión de los servicios públicos y las infraestructuras, a la vez que se reforzará la transparencia de todos los procesos de licitación y adjudicación, publicando en tiempo real toda la documentación e impulsando a través de la Intervención General de la Generalitat de Cataluña procesos de seguimiento y control de la contratación de pública. Entre otras medidas, también hay la de garantizar la imparcialidad en los procedimientos mediante la disminución de los órganos que en la actualidad gestionan la contratación de las diferentes administraciones públicas en Cataluña.

Registro de lobis

Finalmente, EnComú-Podem, propone una transparencia activa que dé acceso a la información, actualizar el registro de lobis, que las cuentas de los partidos, fundaciones y asociaciones ligadas a las formaciones políticas también sean de acceso público. Otra medida es que  haya una total transparencia de las actividades de los altos cargos.

Otras medidas son la limitación y control de los gastos electorales, así como la prohibición de contratar con las administraciones por parte de los corruptores. Además, las administraciones no tendrían que mantener acuerdos con empresas o compañías que operen en paraísos fiscales. La coalición liderada por Xavier Domènech también propone un observatorio de la corrupción, impedir las puertas giratorias y seguir las recomendaciones de la Oficina Antifrau.