Carles Puigdemont sobrevive políticamente gracias al oxígeno proporcionado por el Tribunal Constitucional y el gobierno Rajoy. A cada bocanada de aire que recibe JxC, sus socios-adversarios de ERC se ahogan un poco más y se aleja cualquier posibilidad de un candidato alternativo a la presidencia de la Generalitat. La repetición de las elecciones se presenta como una salida muy digna para el diputado de Bruselas que conseguiría seguir manteniendo vivo el rodar de la noria legitimista, a poder ser hasta el infinito, y como una amenaza muy seria para el partido de Oriol Junqueras, que vería como su prioridad de formar cuanto antes un gobierno catalán quedaría en nada y deberían enfrentarse a unos comicios muy delicados para ellos.

Las nuevas elecciones, según el argumentario de JxC, serían una consecuencia inevitable de la “intransigencia anti democrática” del Estado español y de la falta de valor político de ERC para llegar hasta el final en la investidura de Puigdemont, digan lo que digan las medidas preventivas del TC y fuere cual fuere el riesgo penal a asumir. La crítica casi unánime de los juristas a la decisión del TC, consideradas como un fraude de ley, han dado alas a los antiguos dinamiteros del estado de derecho para salir a defender su indiscutible vigencia. De prosperar esta lógica, es muy probable que Puigdemont no consiga ser investido presidente de la Generalitat, ni proclamar la independencia, pero como mínimo conseguirá frustrar, de nuevo, la ambición de los republicanos de ganar unas elecciones catalanas.

Puigdemont presiona a Torrent y juega al despiste

La salida rápida al larguísimo impasse gubernamental en Cataluña se aleja y la vigencia del 155 se presume ya como algo más prolongada de lo previsto. En las próximas horas, el presidente del Parlament deberá decidir si suspende la sesión de investidura, a la luz de los condicionantes impuestos por el TC al candidato, o si la mantiene, aceptando como asumibles dichas condiciones por Puigdemont. Éste y sus portavoces, juegan al despiste, primero anunciando que el diputado solicitaría del juez la autorización requerida, luego negando la posibilidad de hacerlo y finalmente dejándolo todo a la astucia de última hora, como ya es habitual.

La suspensión del pleno alargaría la agonía parlamentaria de una legislatura improbable. Podría dar lugar a una ronda de conversaciones para designar a un nuevo candidato, opción que chocaría muy probablemente con la resistencia de JxC a aceptar la sustitución de su cabeza de lista, siempre lo han dicho y más ahora, dadas las circunstancia creadas por el TC. O simplemente, presentarse como un aplazamiento para ofrecer a Puigdemont el tiempo suficiente para disponer de la autorización judicial, se supone que tras presentarse ante el juez y ser ingresado en prisión preventiva, como les sucedió a todos los que se personaron ante el Supremo.  

Al final, todo confluye en la misma disyuntiva. O desobediencia de la Mesa del Parlament, remprendiendo un camino ya conocido de imputaciones, o repetición electoral, antes o después, sea por la resistencia de Puigdemont a regresar, o por la negación del permiso del juez para asistir a su investidura en caso de ser solicitada. Tras los hechos acaecidos en fin de semana, resumidos en la pirueta de los magistrados constitucionales, la doctrina del tribunal superior de Navarra que permitiría a Puigdemont asistir al pleno de su proclamación como presidente, se intuye de corta vida. La determinación exhibida por el gobierno central, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional para impedir la investidura del diputado de JxC, torturando la ley para hallar el mínimo resquicio favorable a sus propósitos,  asusta a una gran mayoría; excepto a Carles Puigdemont, quien teniéndolo todo perdido, encuentra en dicho acoso su espacio vital.