Hace tiempo que Ada Colau no recibe buenas noticias. Los sondeos a duras penas le auguran el poder mantener a la baja sus 11 concejales, una cifra que se ha demostrado insuficiente para gobernar Barcelona. La alcaldesa ha comenzado su campaña para la reelección apostando por sus dos temas refugio, y a la vez los de más alta sensibilidad social: la vivienda y la solidaridad. En pocos días, ha anunciado que impondrá a los promotores un 30% de pisos sociales en las nuevas obras y ha ofrecido Barcelona como puerto seguro para las más de mil persones que según Proactiva Open Arms navegan a la deriva por el Mediterráneo.

El 57% de los barceloneses no confía en Ada Colau, según la última encuesta publicada por Metropoli Abierta; pero lo más vistoso de este sondeo es que solamente un 15% de los votantes de los Comunes creen que el equipo de gobierno lo está haciendo bien, mientras que los barceloneses que opinan que la ciudad va más o menos bien se queda en un 32%. Los resultados de este estudio vienen a confirmar las modestas perspectivas electorales que le conceden los últimos sondeos publicados que coinciden en pronosticar un empate virtual entre Comunes y Ciudadanos entorno a los 10 concejales cada uno y con ERC y PSC pisándoles los talones con 7/8 concejales.

Este escenario podría ser provisional, dado que mantiene viva una incógnita, la candidatura de Manuel Valls como aspirante a la alcaldía por una plataforma en construcción con el apoyo de Ciudadanos. En julio debería resolverse el suspense del ex primer ministro francés, que de decidirse por acudir a las municipales podía decantar las expectativas a favor del partido de Rivera y modificar la tesis actual de los partidos independentistas de acudir por separado a los comicios, cuando juntos se situarían alrededor de los 14 concejales.

Ada Colau no ha esperado a saber quiénes serán sus rivales ni si va quedar emparedada entre dos grandes bloques electorales para intentar paliar el módico balance de su mandato, relanzando su voluntad de seguir en el cargo. La vivienda ha sido la gran prioridad del gobierno municipal desde el primer día, sin embargo, las medidas tomadas han quedado superadas por la persistencia de la emergencia habitacional en la que vive Barcelona según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la amenaza de la nueva burbuja inmobiliaria en fase de crecimiento descontrolado. A diferencia de otras propuestas, en esta ocasión Colau consiguió hacer aprobar su medida estrella para el otoño, la obligación de dedicar un 30% de las promociones a vivienda social.

Según los cálculos municipales, esta cuota permitiría situar 334 pisos al año en el mercado protegido de alquiler o venta. La decisión ha sido aplaudida por el sector de los afectados, criticada por los promotores y puesta en duda por el gobierno de la Generalitat, quien va a tener la última palabra. Las dudas jurídicas recaen en el hecho de que la vivienda protegida se convierte en vivienda libre al cabo de 20-30 años de salir al mercado; una cláusula que las entidades que apoyan la medida de Colau quisieran eliminar para evitar el factor de provisionalidad que implica.

El otro movimiento se ha producido este fin de semana. Colau ha anunciado la predisposición de la ciudad a acoger a los refugiados que han quedado abandonados en el mar tras la decisión del gobierno italiano de no permitir la entrada de los barcos de las ONG en sus puertos y de traspasar a los afectados a los navíos guardacostas de Libia. El anuncio se acompañaba de un artículo en El País en el que pedía el restablecimiento del Fondo de Acogida de Inmigrantes suprimido por el PP en 2011.

Barcelona ha acogido 11.600 personas en estos últimos años, según los datos municipales y la manifestación Volem Acollir (Queremos Acoger) del año pasado movilizó a unas 160.000 personas. No obstante, como afirma la alcaldesa en su artículo, “los alcaldes no somo ingenuos… sabemos que la gestión de los flujos migratorios es un asunto complejo, que no pueden resolver Italia, Grecia o España de forma aislada”.

Las dos bazas fundamentales de Colau en la etapa final de su mandato están a merced, respectivamente, del Gobierno de Quim Torra y del gobierno de Pedro Sánchez y de la Unión Europea en última instancia. Los dos ejecutivos coinciden plenamente en la prioridad de la vivienda social y la resolución de la emergencia de los refugiados, ahora solo queda por ver si comparten las propuestas de la alcaldesa de Barcelona o su timing.