El Govern de Cataluña ha impuesto ya tres multas de 30.000 euros a tres grandes tenedores por el incumplimiento de la Ley de Vivienda. Asimismo, existen otros tres expedientes sancionadores que ya han sido cerrados, pero que aún no han sido notificados a los infractores, y hay 654 más en tramitación, según han informado fuentes del Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat.
Las sanciones económicas previstas por incumplir la Ley de Vivienda oscilan entre los 3.000 y los 900.000 euros, en función de la gravedad del incumplimiento, como establece el régimen sancionador aprobado en 2025 en el Parlament con el apoyo del PSC, ERC, los Comuns y la CUP. En concreto, las infracciones leves pueden suponer multas de entre 3.000 y 9.000 euros, las graves penalizaciones de entre 9.001 euros y 90.000 euros y las muy graves sanciones de entre 90.001 y 900.000 euros.
Estas tres multas forman parte de los trece primeros expedientes sancionadores por el incumplimiento de las medidas de contención del precio de los alquileres establecidas por la ley de vivienda que anunció la Generalitat el pasado mes de febrero, de las cuales siete habían sido impuestas por la Agència Catalana de Consum y las seis restantes por la Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC). Las penalizaciones económicas concretadas en aquel momento superaban los 120.000 euros.
Entonces ya se informó de que dos de las multas alcanzaban los 30.000 euros, ambas impuestas por la AHC. Por parte de Consum, las mayores sanciones económicas impuestas se trataban de dos de 27.000 euros, en uno de los casos por aumentar el precio del alquiler sin justificar los conceptos por los que se había incrementado el importe y en el otro por firmar como administrador de fincas sin ser colegiado.
Así lo explicaba el Departamento de Territorio y Vivienda en un comunicado en el que detallaba que faltaba por concretar el importe de algunas de las trece multas y que había 132 actuaciones en fase de diligencias previas: 77 por parte de la AHC y 55 de Consum. En el mes de abril, la cifra de expedientes entre los abiertos y los que se encontraban en fase de diligencias previas alcanzaba los 529, de los cuales un 79% se debía exclusivamente o junto a otras irregularidades, al incumplimiento del importe máximo de la renta marcado por la Ley de Vivienda.
La Dirección General de Disciplina de la Vivienda, un futuro órgano para reforzar el control
Con el fin de reforzar el control sobre los infractores de la ley, los Comuns pactaron en mayo con el Govern la creación de una Dirección General de Disciplina de la Vivienda que se encargue de realizar inspecciones e imponer sanciones a los propietarios de inmuebles que incumplan la norma habitacional con infracciones como exceder el tope de precios del alquiler en las zonas de mercado habitacional tensionado o infringir la regulación de los arrendamientos de temporada que establece la norma.
Este órgano se encargará de gestionar el trabajo de los 100 inspectores acordados también entre Comuns y Generalitat, de los cuales al menos 60 se han incorporado ya a la AHC. El primer paso para la constitución de esta nueva dirección será escoger a la persona que la dirigirá, un nombre que deberá ser consensuado por el Ejecutivo catalán y su socio de legislatura.
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