Hay leyes que ordenan la administración, las hay que impulsan nuevas políticas públicas y hay otras que, además, sirven para reparar una injusticia. La Ley de erradicación del amianto que acabamos de aprobar en el Parlament de Catalunya pertenece a esta tercera categoría.
No es solo una ley ambiental. Ni tampoco únicamente una ley de salud pública. Es, sobre todo, una ley de memoria, de justicia social y de responsabilidad colectiva.
Durante buena parte del siglo XX, el amianto formó parte de nuestro paisaje cotidiano. Estaba presente en las cubiertas de las naves industriales, en los depósitos de agua, en las tuberías, en los electrodomésticos, en los frenos de los vehículos y en miles de viviendas. Se consideraba un material moderno, resistente y económico. Pero, mientras se extendía por todas partes, también iba sembrando una tragedia silenciosa.
Durante demasiado tiempo, los intereses económicos estuvieron por delante de las evidencias científicas. Cuando ya se conocían los efectos devastadores de las fibras de amianto sobre la salud, se siguió fabricando, comercializando y utilizando este material. El coste de esa decisión lo asumieron miles de trabajadores y trabajadoras que simplemente acudían cada día a su puesto de trabajo sin saber que estaban poniendo en riesgo su vida. Por eso, esta ley es, por encima de todo, un homenaje y un acto de justicia restaurativa.
Es un reconocimiento a las personas que manipularon estos materiales sin la información ni la protección adecuadas. A quienes lavaban en casa la ropa de trabajo, especialmente las mujeres, impregnada de fibras tóxicas sin saber que también se estaban exponiendo a la enfermedad. A los hijos e hijas que crecieron en entornos contaminados. Y a todas aquellas familias que todavía hoy conviven con las consecuencias de una exposición que sigue manifestándose décadas después.
Estas víctimas no siempre ocupan titulares ni aparecen en los libros de historia. Pero forman parte de la historia de nuestra industria, de nuestra clase trabajadora y de nuestro país. Cataluña les debía un reconocimiento. Y también una respuesta actual, porque el amianto no es solo una cuestión del pasado.
Aunque su uso está prohibido desde hace más de veinte años, sigue presente en miles de edificios, equipamientos públicos, instalaciones industriales y viviendas. Continúa conviviendo con nosotros de forma silenciosa, esperando a que el deterioro de los materiales pueda liberar fibras que siguen representando un riesgo para la salud. Esa es la realidad a la que responde la nueva ley. Y lo hace con una idea muy sencilla, pero imprescindible: no se puede eliminar aquello que no se conoce.
Por ello, establece un censo público que permitirá identificar dónde hay amianto, fija las obligaciones de las distintas administraciones, refuerza las garantías en la retirada de los materiales, establece un régimen sancionador y define una planificación para que Cataluña pueda alcanzar el objetivo de convertirse en un territorio libre de amianto en 2032. No se trata simplemente de ir retirando cubiertas de fibrocemento. Se trata de construir una política pública rigurosa, coordinada y sostenida en el tiempo.
No todos los municipios han sufrido esta realidad de la misma manera. Hay localidades que durante décadas convivieron con la producción industrial del amianto y con sus consecuencias sanitarias. Cerdanyola del Vallès, Ripollet y Badia del Vallès simbolizan mejor que ningún otro territorio esta historia.
En Cerdanyola y Ripollet, la fábrica Uralita dejó una huella imborrable en cientos de familias. En Badia del Vallès, una parte muy importante del parque de viviendas todavía incorpora materiales con amianto, lo que convierte su retirada en un desafío extraordinario.
La nueva ley reconoce esta singularidad y permite priorizar actuaciones en aquellos territorios más afectados, al tiempo que refuerza el apoyo a los municipios, especialmente a los más pequeños, para que dispongan de los recursos técnicos y económicos necesarios para afrontar este enorme reto.
Ahora comienza la parte más difícil: desplegarla con recursos, coordinación institucional y constancia. Habrá que elaborar el censo, retirar los materiales de forma segura, ayudar a los ayuntamientos y acompañar a la ciudadanía durante todo este proceso. Será un trabajo de muchos años, pero también una oportunidad para demostrar que la política es útil cuando es capaz de proteger la salud de las personas y aprender de los errores del pasado.
La aprobación de esta ley llega tarde para muchas víctimas. Nada podrá devolver la salud ni la vida a tantas personas afectadas. Pero sí podemos evitar que las generaciones futuras tengan que convivir con este mismo riesgo. Al fin y al cabo, esa es la mejor definición de la política: asumir responsabilidades, reparar cuando es posible y prevenir para que los errores no se repitan.
Erradicar el amianto es mucho más que retirar un material de construcción. Es cerrar una de las heridas más profundas que la industrialización dejó sobre la clase trabajadora de nuestro país. Es afirmar que nunca más los intereses económicos pueden situarse por encima de la salud de las personas. Y es garantizar que el lugar donde vives, el barrio donde has crecido o la fábrica donde trabajas no vuelvan a determinar jamás tu esperanza de vida.
David González, diputado del PSC en el Parlament de Catalunya
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