Albiol recrudece su discurso racista tras desalojar a 400 migrantes y desafía a la ONU: "Ni un minuto pierdo"

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha vuelto a situar la inmigración irregular en el centro del debate político con un discurso abiertamente duro y sin matices, pronunciado apenas unos días después del desalojo judicial del antiguo instituto B9, un edificio abandonado en el que residían cerca de 400 personas migrantes. En una entrevista concedida a 3CatInfo y recogida por Europa Press, el regidor del Partido Popular ha defendido la actuación municipal y ha lanzado un mensaje que trasciende el ámbito local: los ayuntamientos, sostiene, no pueden asumir una situación que considera “fuera de control”.

Albiol ha insistido en que las administraciones locales carecen de herramientas y recursos para gestionar una inmigración en situación administrativa irregular, especialmente cuando - según su relato - el Estado permite la entrada de personas sin garantizar después una red de acogida suficiente. “Se les deja entrar y luego se les deja tirados”, ha afirmado, en una crítica que apunta tanto al Gobierno central como al conjunto del sistema de protección social.

El alcalde ha ido un paso más allá al afirmar que “no hay solución” mientras no se controle la entrada de inmigración irregular, y ha rechazado la idea de que los municipios puedan “acoger absolutamente a todo el mundo”. En ese marco, ha vinculado directamente la situación administrativa irregular con la marginalidad y la delincuencia, al asegurar que las personas desalojadas del B9 vivían de recoger chatarra o de cometer delitos, una afirmación que refuerza un enfoque securitario y estigmatizante ampliamente criticado por organizaciones sociales y expertos en derechos humanos.

El desalojo del antiguo instituto B9 no solo ha tenido impacto local. Expertos de Naciones Unidas expresaron su preocupación por la actuación y cuestionaron la falta de alternativas habitacionales dignas para las personas afectadas. Sin embargo, lejos de rebajar el tono o mostrar disposición al diálogo, Albiol ha respondido con desdén. Asegura que dichos expertos no se han puesto en contacto con el Ayuntamiento y despachó las críticas con una frase reveladora de su posicionamiento político: “No pierdo ni un minuto con esta gente”.

Esta respuesta no es anecdótica. Refleja una estrategia deliberada de confrontación que conecta con un electorado sensible a los discursos de mano dura y que sitúa a Badalona como escaparate político del ala más contundente del PP en materia migratoria. Albiol no solo defiende el desalojo, sino que lo convierte en un símbolo de lo que considera una gestión “realista” frente a lo que tacha implícitamente de ingenuidad institucional.

En el plano económico, el alcalde ha puesto cifras sobre la mesa para reforzar su argumentario. Según ha detallado, el coste de proporcionar alojamiento y manutención a las personas que residían en el B9 habría ascendido a 670.000 euros, una cantidad que, a su juicio, el Ayuntamiento no está en condiciones de asumir. El dato se presenta como prueba de que la solidaridad municipal tiene límites presupuestarios claros, aunque desde otros ámbitos se recuerda que la atención a situaciones de emergencia social no puede evaluarse únicamente en términos contables.

El Govern planta cara a Albiol

Frente al discurso de firmeza del alcalde de Badalona, la Generalitat ha reclamado al consistorio que reabra el albergue de Can Bofí Vell como alternativa habitacional para las personas desalojadas del antiguo instituto B9. La portavoz del Ejecutivo catalán, Sílvia Paneque, instó este sábado a Xavier García Albiol a dar ese paso, pese a que el Ayuntamiento descartó el pasado jueves la reapertura del equipamiento alegando deficiencias estructurales.

Desde Tortosa (Tarragona), Paneque recordó que la Generalitat planteó la reactivación del albergue en colaboración con entidades sociales como Cáritas y Cruz Roja, subrayando que el Govern está dispuesto a implicarse tanto en la gestión como en la financiación del recurso. No obstante, recalcó que la Generalitat no puede intervenir directamente en una infraestructura de titularidad municipal sin el visto bueno del Ayuntamiento.

“No podemos actuar sobre un equipamiento que es municipal. Necesitamos que sea el propio Ayuntamiento el que inste a hacerlo”, señaló la portavoz, que insistió en que el Govern puede poner recursos económicos y humanos a disposición del consistorio para hacer viable la reapertura de Can Bofí Vell. “Necesitamos también que el Ayuntamiento de Badalona se mueva en esta dirección”, añadió.