La instalación obligatoria de símbolos religiosos en los edificios públicos ha pasado a formar parte del debate político en Castilla-La Mancha después de que Vox haya registrado en las Cortes regionales una proposición, ya calificada por la Mesa, que plantea imponer belenes navideños en todos los ayuntamientos, instituciones y espacios públicos municipales. La iniciativa, presentada por el portavoz del grupo parlamentario, Iván Moreno, remite de forma directa a los esquemas ideológicos del nacionalcatolicismo propio de la dictadura franquista y que choca frontalmente con el marco actual de libertad religiosa y neutralidad institucional consagrado por la Constitución.

La proposición no de ley, registrada con el título "para la defensa de las tradiciones navideñas", no limita a una declaración simbólica. En ella, Vox pide expresamente que las Cortes de Castilla-La Mancha insten al Gobierno regional a impulsar celebraciones navideñas tradicionales, a colocar belenes de manera obligatoria en todos los edificios públicos y a restablecer la denominación de "descanso de Navidad" en el calendario escolar a partir del curso 2025/2026, ya que en la actualidad se denomina "descanso del primer trimestre". Todo ello bajo el argumento de la defensa de una supuesta identidad cultural común, ignorando deliberadamente la pluralidad religiosa y cultural existente en la sociedad actual.

El texto recupera una concepción del espacio público como escaparate de una única confesión religiosa, una idea que fue central durante el franquismo, cuando el Estado y la Iglesia católica actuaban de forma inseparable y la simbología religiosa se imponía desde las instituciones sin margen para la diversidad ni la discrepancia. La obligatoriedad de símbolos religiosos en edificios públicos fue entonces una herramienta de control ideológico, que ahora Vox parece querer recuperar. 

La imposición frente a la libertad de conciencia

Uno de los aspectos más controvertidos de la propuesta es su carácter imperativo. No se plantea fomentar de forma voluntaria o respetuosa determinadas tradiciones, sino imponer desde las instituciones una simbología concreta, algo incompatible con el principio de aconfesionalidad del Estado. La Constitución no prohíbe las manifestaciones religiosas, pero sí establece que los poderes públicos deben mantener una posición de neutralidad, garantizando la convivencia entre creencias diversas y también el derecho a no profesar ninguna.

La propuesta de Vox ignora deliberadamente esa realidad plural, equiparando tradición con obligatoriedad y cultura con dogma religioso. Bajo el pretexto de preservar costumbres, se plantea una visión excluyente que deja fuera a quienes no comparten esas creencias o consideran que el espacio institucional debe ser común y no confesional.

Una batalla cultural con aroma a pasado

Más allá de su viabilidad parlamentaria, la iniciativa se enmarca en la estrategia habitual de Vox de utilizar símbolos religiosos como arma política, apelando a una nostalgia de tiempos en los que no existía separación entre Iglesia y Estado. El planteamiento no responde a una demanda social mayoritaria, sino a una batalla cultural que busca tensionar la convivencia y marcar el terreno ideológico.

Desde el punto de vista procedimental, la iniciativa ya ha sido registrada y calificada por la Mesa de las Cortes de Castilla-La Mancha, pero no ha sido todavía activada para su debate en Pleno. Para que eso ocurra, Vox debe introducirla en la Junta de Portavoces que fije el orden del día de una sesión plenaria. De momento, ese paso no se ha producido, por lo que la proposición puede acabar debatiéndose en un próximo Pleno, en uno posterior o quedar bloqueada sin llegar nunca al hemiciclo.