El presidente del Grupo Parlamentario Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha elegido los asentamientos ilegales del entorno del campus universitario de Albacete como escenario para reforzar el discurso más duro de su partido contra la inmigración. El dirigente de Vox se ha desplazado hasta la zona para denunciar la existencia de más de diez campamentos y reclamar tanto su desmantelamiento como la deportación de "los inmigrantes ilegales que ocupan estos terrenos", en una visita que ha tenido más apariencia de fotografía política que de propuesta efectiva para resolver un problema enquistado desde hace dos décadas.

Moreno ha situado el foco en los asentamientos distribuidos en distintas zonas del sur y sureste de la ciudad, donde, según ha sostenido Vox en una nota de prensa, existen "graves problemas de salubridad, acumulación de residuos y riesgos evidentes para la seguridad y la convivencia". El dirigente ha señalado que estos problemas afectan tanto a las personas que viven en los campamentos como al entorno vecinal, aunque su respuesta política ha vuelto a pasar por el esquema habitual de Vox: señalar la inmigración, exigir deportaciones y acusar al resto de partidos de "falso buenismo".

Una foto política en mitad de un problema social

La visita de Moreno ha evidenciado una forma de hacer política basada en acudir al lugar del conflicto, señalarlo ante las cámaras y traducirlo en un mensaje de máxima dureza. El presidente parlamentario de Vox ha reclamado el desmantelamiento de los asentamientos irregulares y ha recordado que algunos campamentos se levantan sobre fincas particulares que, según ha afirmado, han sido okupadas, con propietarios que llevan más de 16 años sin poder acceder a ellas.

El problema de fondo, sin embargo, no se resuelve únicamente con una comparecencia en el propio asentamiento ni con una fotografía de denuncia. La situación exige una respuesta institucional que combine seguridad, legalidad, salubridad, protección de los propietarios afectados, actuación urbanística, coordinación administrativa y alternativas sociales. Vox, en cambio, ha reducido el asunto a un mensaje de deportación y confrontación política.

Moreno ha llegado a vincular la existencia de estos campamentos con el denominado "efecto llamada", una expresión recurrente en el argumentario de Vox. Según ha defendido, la llegada de inmigrantes en situación irregular estaría alimentada por políticas permisivas del resto de formaciones. También ha asegurado que muchas personas "pagan a mafias, se juegan la vida en el Mediterráneo y acaban malviviendo en chabolas, rodeados de ratas". Una frase que, más allá de describir una situación de indignidad, ha servido al dirigente de Vox para reforzar su discurso contra la inmigración.

Vox señala a PP y PSOE, pero no concreta un plan

El presidente parlamentario de Vox ha cargado contra el "bipartidismo" por haber permitido, según su versión, la consolidación progresiva de estos núcleos cerca de zonas residenciales, universitarias y naturales. La crítica alcanza también al Partido Popular, pese a que Vox ha compartido con los 'populares' gobiernos municipales y autonómicos en distintos puntos del país y ha sido su socio necesario en numerosas instituciones.

En Albacete, el señalamiento de Moreno vuelve a mostrar la tensión entre el discurso de Vox y su capacidad real de plantear medidas concretas cuando los problemas exigen gestión. Porque desmantelar un asentamiento no consiste únicamente en ordenar una retirada. También implica saber qué ocurre al día siguiente, cómo se protege a los vecinos, cómo se garantiza la propiedad privada, qué alternativa se ofrece a quienes viven en condiciones infrahumanas y qué coordinación se activa entre administraciones para evitar que el problema se desplace de un punto a otro de la ciudad.

En ese terreno, la intervención de Vox ha dejado más consignas que respuestas. Moreno ha exigido deportaciones, ha denunciado la ocupación de terrenos y ha acusado al resto de partidos de mirar hacia otro lado, pero no ha detallado un plan integral para actuar sobre un problema que, por su propia descripción, afecta a la salud pública, la convivencia, la seguridad, el urbanismo y los servicios sociales.

El dirigente de Vox también ha afirmado que la saturación de los servicios sociales por culpa de la regularización impide ofrecer una atención adecuada a españoles en situación de vulnerabilidad. Con ese planteamiento, el partido vuelve a enfrentar a colectivos vulnerables entre sí, una fórmula habitual en su estrategia política, en lugar de reclamar más recursos, mejor planificación y una intervención coordinada para atender los problemas reales de la ciudad.