El Ayuntamiento de Talavera de la Reina se ha visto obligado a suspender la entrada en vigor de la ordenanza que regulaba la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tras la denuncia del Grupo Municipal Socialista sobre "graves fallos en la tramitación del expediente". Según los socialistas, estos errores no solo ponían en riesgo la correcta aplicación de la normativa, sino que también podrían haber derivado en denuncias legales y costes económicos que habrían tenido que asumir todos los talaveranos.

Desde el PSOE han subrayado que la situación evidencia una vez más la falta de planificación y control del Gobierno local de PP y Vox, encabezado por José Julián Gregorio. “Al final, lo acabaríamos pagando todos los talaveranos y talaveranas”, han explicado los socialistas, poniendo el foco en la mala gestión administrativa que se ha hecho desde el consistorio.

El problema radica, según han denunciado los socialistas durante el Pleno municipal, en que el expediente presentado no cumplía con los plazos mínimos de participación ciudadana ni con las garantías de acceso a la información que exige la ley. De hecho, varios vecinos ya habían solicitado la documentación correspondiente al procedimiento, pero no se les facilitó. 

En este sentido, desde el PSOE, han afirmado que esta situación constituye una "vulneración directa de los derechos de acceso a la información pública". Además, han advertido de que podría haber derivado en reclamaciones legales y, en última instancia, en un coste económico para la administración local. 

Para el Grupo Municipal Socialista, la decisión del Pleno de retirar temporalmente la ordenanza pone de relieve la incapacidad del Gobierno de PP y Vox para gestionar asuntos que afectan directamente a la ciudadanía. Además, los socialistas insisten en que la participación de la ciudadanía no puede ser un mero trámite, sino un elemento central de cualquier normativa que afecte a la ciudad. 

El PSOE también ha criticado que esta situación refleja un patrón de actuación del Gobierno municipal, en el que decisiones de gran impacto social se toman sin la debida previsión ni control. “Cada normativa que no se tramite con garantías se convierte en un riesgo para los talaveranos”,  han señalado los socialistas, que insisten en que el Gobierno local debe asumir responsabilidades y mejorar sus procedimientos.

Otro frente abierto: polémica por los casi 800.000 euros públicos gastados en ferias 

A la retirada de la Zona de Bajas Emisiones tras los fallos administrativos del Gobierno de PP y Vox, el Ayuntamiento de Talavera se enfrenta a una nueva polémica que pone en evidencia la gestión de la concejalía de Festejos. Un informe de Intervención Municipal ha detectado posibles irregularidades en la contratación de conciertos y servicios técnicos durante las ferias de San Isidro y San Mateo, señalando expresamente la omisión de procedimientos de licitación y concurrencia establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público. Según los socialistas, estos fallos no son aislados, sino que “se vienen repitiendo desde ferias anteriores”, lo que evidencia un patrón de deficiencias administrativas y falta de control interno.

El montante total de facturas reparadas asciende a 779.305 euros, sumando los reparos del ejercicio 2025, que alcanzaron los 413.283 euros, junto con los correspondientes a ferias anteriores desde septiembre de 2023. El Grupo Municipal Socialista ha recordado que el alcalde, José Julián Gregorio, y la concejala de Festejos, María Pilar Guerrero, tenían la responsabilidad de garantizar el control de los contratos y el uso adecuado de los fondos públicos, algo que, según los socialistas, no se ha cumplido.

El PSOE ha señalado que, pese a la magnitud de la situación, el alcalde ha preferido “guardar silencio en lugar de dar explicaciones sobre la gestión de la concejalía”. Para los socialistas, este caso, junto con la polémica de la Zona de Bajas Emisiones, refleja la gestión del Gobierno de PP y Vox en Talavera. Además, han advertido que en reiteradas ocasiones ya habían alertado al alcalde sobre la necesidad de “controlar los contratos que se estaban realizando en el área de Festejos y garantizar el uso adecuado del dinero público”.