El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha reclamado este miércoles al Gobierno de Pedro Sánchez que convoque una Conferencia de Presidentes antes de dar nuevos pasos en la reforma del sistema de financiación autonómica. El jefe del Ejecutivo castellanomanchego considera que el nuevo modelo debe debatirse con todas las comunidades y ha advertido de que Castilla-La Mancha no aceptará un sistema que introduzca "privilegios" entre territorios ni que rompa el principio de igualdad.
En este contexto, el presidente regional ha defendido que la propuesta conocida hasta ahora responde al acuerdo alcanzado por el Ejecutivo con los partidos independentistas y ha reclamado que cualquier modificación del sistema se aborde de manera conjunta con las comunidades autónomas.
"Me gustaría, por respeto a las autonomías, que antes de avanzar en el modelo de financiación autonómica, que es resultado del chantaje de los independentistas, tengan el coraje de convocar una Conferencia de Presidentes, para que a la cara podamos discutir", ha afirmado.
Además, ha pedido al Gobierno que no continúe con la negociación sin unas cuentas del Estado aprobadas. "No se avance más en el atropello a la igualdad que significa esta propuesta, si no hay un Presupuesto General del Estado aprobado", ha señalado, para conocer "si estamos hablando de algo serio o de fuegos de artificio".
Financiación y Presupuestos, por separado
García-Page también ha reclamado al Ejecutivo central que no mezcle la negociación del nuevo modelo de financiación con la de las cuentas del Estado. "Quiero pedir al Gobierno de España, con respeto y honestamente, desde Castilla-La Mancha, que, por favor, no mezclen el debate del Presupuesto General del Estado con el de la financiación autonómica", ha manifestado.
En ese sentido, ha criticado que el Gobierno, a su juicio, mantenga un doble discurso. "No vale decir que no al negocio armamentístico de Trump y, sin embargo, estar apostando por un modelo que establece privilegios de financiación en según qué territorios de España", ha asegurado.
El presidente regional ha reiterado que mantendrá esta posición independientemente del partido que gobierne en España. "Me van a escuchar hasta la saciedad defender, gobierne quien gobierne en España, que solo vamos a aceptar un modelo de financiación que esté pensado para la igualdad y que impida todo tipo de privilegios", ha afirmado.
Asimismo, ha recordado que el sistema de financiación acumula doce años pendiente de renovación y ha defendido que las comunidades que sostienen los principales servicios públicos necesitan una solución estable. "Es realmente un insulto a las comunidades autónomas que estamos soportando el gasto gordo: el de la sanidad, el de la educación y el de las prestaciones sociales", ha añadido.
La Junta acusa al Gobierno de opacidad
Las críticas fueron respaldadas posteriormente por la portavoz del Gobierno regional, Esther Padilla, tras la reunión del Consejo de Gobierno. La consejera ha asegurado que el escenario "ideal" sería alcanzar un modelo consensuado entre todas las comunidades autónomas de régimen común y ha lamentado que el Ejecutivo central no haya explicado previamente el contenido del acuerdo alcanzado con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). "Lo menos que podrían haber hecho es sentarse a hablar y explicarnos el modelo de financiación que acordaron previamente con Esquerra y facilitarnos la documentación necesaria", ha reprochado.
Padilla ha asegurado que el Gobierno regional sigue sin conocer los criterios que regirán el reparto de los recursos. "Está bien que nos den una cantidad económica, pero seguimos sin saber cómo se hace ese reparto ni cuáles son las condiciones. Lo único que sabemos es que primero se aparta una parte de esa financiación para una comunidad autónoma y el resto se reparte, pero no sabemos cómo", ha criticado.
La portavoz ha insistido en que la posición de Castilla-La Mancha responde a una cuestión de principios y de defensa de la igualdad entre ciudadanos. Ha recordado que el Ejecutivo autonómico destina recursos para garantizar que quienes viven en pequeños municipios disfruten de los mismos servicios públicos que quienes residen en las grandes ciudades y ha defendido que ese mismo criterio debe aplicarse al conjunto del país.
En este sentido, ha advertido de que el Gobierno de España puede encontrarse con la oposición de un número creciente de comunidades autónomas si mantiene el planteamiento actual. "El Gobierno se lo debería hacer mirar porque va a tener a muchas comunidades autónomas enfrente; de hecho, ya las tiene", ha concluido
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