El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha querido fijar este lunes una línea roja ante uno de los grandes debates que está abriendo el vertiginoso avance de la inteligencia artificial: que la automatización termine convirtiéndose en una excusa para prescindir de trabajadores. Al menos en la Administración regional, ha prometido, eso no ocurrirá.
"Ningún responsable público ni ningún funcionario va a ser víctima de la inteligencia artificial", ha proclamado Page durante la inauguración de la nueva Ciudad Administrativa de Ciudad Real, donde ha adelantado que su Gobierno quiere elaborar una estrategia de transición hacia la IA pactada con los sindicatos.
La advertencia llega en un momento especialmente sensible. El debate mundial sobre la inteligencia artificial se ha acelerado en los últimos días después de que algunos de los propios responsables de las grandes compañías tecnológicas hayan vuelto a advertir sobre los riesgos de avanzar demasiado rápido. En paralelo, el impacto sobre el mercado de trabajo ya ha dejado de ser una discusión puramente teórica. El Foro Económico Mundial calcula que un 41% de los empleadores contempla reducir plantilla allí donde la IA pueda automatizar determinadas funciones, aunque también prevé la creación de nuevos perfiles relacionados con estas tecnologías.
Page ha puesto precisamente el foco en esa vertiente laboral y ha admitido que existe "preocupación" en la sociedad por saber hasta dónde puede llegar esta revolución tecnológica. No solo, ha dicho, por "a dónde nos lleva como seres humanos", sino por una cuestión mucho más inmediata: "cuántos puestos de trabajo pueden estar en riesgo".
El presidente castellanomanchego ha utilizado dos ejemplos para describir la dimensión del cambio. Según ha señalado, "hoy ya sabemos que el 90% de los diagnósticos los hace la inteligencia artificial, aunque obviamente lo siguen haciendo nuestros profesionales", y en poco tiempo "muchísimos millones de expedientes se van a tramitar de forma instantánea".
Más allá de esas cifras utilizadas por Page, la transformación de las administraciones ya está en marcha. El propio Gobierno de España ha colocado la digitalización y la inteligencia artificial entre los ejes de su Oferta de Empleo Público de 2026, con más de 1.700 plazas vinculadas a nuevas tecnologías y el objetivo de digitalizar al menos otro 25% de los procedimientos administrativos.
Pero Page quiere que esa ganancia de eficiencia no se traduzca en una poda de empleados públicos. "Hay quien ya está incluso frotándose las manos", ha advertido, en referencia a las propuestas que, según ha explicado, empiezan a circular para redimensionar las plantillas de las administraciones ante la posibilidad de que algoritmos y sistemas automatizados asuman tareas que hasta ahora requerían intervención humana.
Por eso ha recuperado una propuesta que ya había anunciado anteriormente: diseñar "a medio y largo plazo" una estrategia de transición con la inteligencia artificial dentro de la Administración autonómica y hacerlo además mediante negociación con las organizaciones sindicales.
El planteamiento supone adelantarse a un conflicto laboral que amenaza con convertirse en uno de los grandes debates de los próximos años. El Foro Económico Mundial estima que la transformación del mercado laboral podría afectar, entre creación y desaparición de puestos, al 22% del empleo actual de aquí a 2030, aunque su saldo global previsto continúa siendo positivo: 170 millones de nuevos empleos frente a 92 millones desplazados por los grandes cambios económicos y tecnológicos.
En Castilla-La Mancha, la discusión tendrá además inevitablemente una derivada política. Vox ha acusado este mismo año al Ejecutivo autonómico de recortar derechos del personal interino y ha tratado de situarse como defensor de los empleados públicos. La promesa lanzada ahora por Page coloca sobre la mesa un desafío mucho más estructural: decidir si la IA se utiliza para mejorar los servicios públicos y descargar tareas repetitivas o para justificar futuras reducciones de plantilla.
El presidente regional ha defendido la primera vía. "Hay que favorecernos lo más posible de aquello que nos da la tecnología", ha señalado, aunque ha añadido que las administraciones tendrán que estar al mismo tiempo "prevenidas" frente a todo aquello negativo que pueda traer consigo.
La Junta cuenta actualmente con decenas de miles de trabajadores públicos en ámbitos tan distintos como la sanidad, la educación o la Administración General. Solo el III Plan de Igualdad aprobado este año alcanza a unos 89.000 empleados de la Administración regional, mientras que las medidas retributivas adoptadas para 2025 y 2026 afectan a más de 100.000 trabajadores vinculados al sector público autonómico.
Será sobre esa enorme estructura donde el Gobierno castellanomanchego pretende desplegar progresivamente la inteligencia artificial, con la promesa expresa de que el ahorro de tiempo y la automatización de expedientes no tengan como damnificados a quienes hoy trabajan en ella.
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