Paco Núñez pretende comenzar el próximo curso político recuperando una ley que Castilla-La Mancha no tiene capacidad para aplicar. El presidente regional del Partido Popular ha anunciado que exigirá a las Cortes autonómicas la tramitación de su propuesta contra la ocupación ilegal de viviendas, pero buena parte de las medidas que presenta como solución inmediata se encuentran fuera de las competencias autonómicas.
En una entrevista concedida a Europa Press, Núñez ha avanzado que reclamará al presidente de las Cortes, Pablo Bellido, que reactive el texto elaborado por el PP en 2020. El dirigente popular sostiene que la iniciativa permanece guardada en un cajón y acusa al PSOE de bloquearla, aunque el principal obstáculo no es la voluntad del Parlamento regional, sino el reparto competencial establecido por la Constitución.
Entre las medidas destacadas por el presidente del PP figuran el endurecimiento de las penas, la implantación de mecanismos de desalojo exprés, la protección penal de la propiedad privada y la prohibición de empadronarse en una vivienda ocupada. Sin embargo, las reformas del Código Penal y de las leyes procesales corresponden al Estado, igual que la regulación básica de la seguridad pública. El artículo 149.1.6 de la Constitución reserva al Estado la legislación penal y procesal.
Tampoco el empadronamiento puede prohibirse mediante una ley autonómica como plantea Núñez. El padrón es gestionado por los ayuntamientos conforme a la legislación estatal y debe reflejar dónde reside realmente cada persona, con independencia del título jurídico que tenga sobre la vivienda.
No es la primera vez que las Cortes de Castilla-La Mancha afrontan esta contradicción. En diciembre de 2020, el Parlamento regional aprobó un texto sobre ocupación ilegal planteado expresamente para elevarlo al Estado mediante el mecanismo previsto en el artículo 87.2 de la Constitución. La información oficial de la Cámara reconocía entonces que era el Estado quien tenía las competencias para desarrollar la normativa.
En febrero de 2022 ocurrió algo similar con otra propuesta del Partido Popular. El texto no pretendía convertirse directamente en una ley castellanomanchega, sino ser remitido al Gobierno de España porque las medidas afectaban a materias estatales. Las Cortes volvieron a señalar expresamente que la legislación sobre ocupación ilegal correspondía al ámbito nacional.
Núñez admite ahora que algunos apartados afectan a normas estatales, pero asegura que otra parte podría entrar en vigor inmediatamente en Castilla-La Mancha. No ha precisado, sin embargo, cuáles de sus principales promesas podrían aprobarse de forma autónoma. La comunidad sí puede reforzar el asesoramiento a propietarios, actuar sobre su parque público de vivienda o impulsar programas sociales y de mediación, pero no modificar penas, ordenar desalojos judiciales exprés ni alterar por su cuenta las reglas generales del padrón.
El anuncio permite al presidente del PP trasladar a Toledo un debate que ya se está produciendo en Madrid. El Congreso tramita actualmente una proposición de ley orgánica presentada por el Grupo Popular contra la ocupación ilegal, tomada en consideración el pasado 19 de mayo y situada en fase de enmiendas en la Comisión de Interior. Además, la legislación estatal ya incorporó los delitos de allanamiento de morada y usurpación al procedimiento de juicio rápido mediante la Ley Orgánica 1/2025.
Pese a ello, Núñez ha preferido convertir la cuestión en un nuevo choque político con Bellido, al que compara con la presidenta del Congreso, Francina Armengol. El dirigente popular acusa a ambos de bloquear las leyes del PP, aunque en Castilla-La Mancha está reclamando una tramitación que, para conseguir los efectos que promete, tendría que terminar necesariamente en las Cortes Generales.
El secretario de Organización del PSOE de Castilla-La Mancha, Sergio Gutiérrez, ha respondido que las medidas contra la ocupación ilegal son "competencia estatal" y ha acusado a Núñez de presentarse como capaz de resolver asuntos sobre los que la comunidad autónoma no puede legislar. También ha recordado que existen iniciativas sobre esta materia en tramitación en el Congreso, una impulsada por el PP y otra procedente de las Cortes regionales.
Para Gutiérrez, el anuncio refleja el "nivel político" del presidente regional del PP, al que reprocha que proponga asuntos ya planteados, reabra debates celebrados y convierta en discrepancia cuestiones sobre las que existe acuerdo. "Propone lo que ya está propuesto, debate sobre lo ya debatido e incluso dice resolver aquello en lo que no tiene competencias", ha señalado antes de calificar a Núñez como "el peor líder que ha tenido el PP en Castilla-La Mancha".
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