Paco Núñez ha prometido este lunes que, si llega a la Presidencia de Castilla-La Mancha, pondrá en marcha en el verano de 2027 un programa de mejora de centros educativos para “sacar a los niños de los barracones”. Una declaración con la que el líder regional del PP ha tratado de cargar contra la gestión educativa de Emiliano García-Page, pero que vuelve a chocar con una hemeroteca incómoda para los populares: la etapa de María Dolores de Cospedal al frente del Gobierno regional fue una de las más duras para la educación pública castellanomanchega.
El presidente del PP ha asegurado que no esperará “al siguiente presupuesto” para actuar y ha prometido adaptar los centros “al siglo XXI”. Sin embargo, el partido que ahora se presenta como garante de las infraestructuras educativas fue el mismo que, entre 2011 y 2015, aplicó un tijeretazo histórico en la enseñanza pública, con reducción de plantillas, cierre de escuelas rurales, aumento de ratios, recortes en becas, libros de texto, comedores escolares y mantenimiento de centros.
La cifra más rotunda la dio la propia evolución presupuestaria. Durante la etapa de Cospedal, el presupuesto de Educación, Cultura y Deportes pasó de 2.128 millones de euros en 2011 a menos de 1.500 millones en 2015, una rebaja cercana al 30%. Castilla-La Mancha llegó a situarse como la comunidad que más redujo el gasto público educativo durante los años de los recortes, con una caída del 29% entre 2008 y 2015, según los datos entonces recopilados a partir del Ministerio de Educación.
El recorte también se notó en las aulas. En el curso 2012-2013, el Gobierno de Cospedal prescindió de unos 3.900 profesores interinos y redujo en un 66% la contratación de docentes sin plaza fija respecto al curso anterior. La plantilla pasó de más de 34.000 docentes a unos 30.000. A ello se sumó el cierre de decenas de escuelas rurales, 61 según los datos publicados entonces y hasta 70 según balances sindicales y educativos posteriores.
La escuela rural fue una de las grandes damnificadas. En una comunidad con una población dispersa y pueblos pequeños, el cierre de colegios no solo supuso una pérdida educativa, sino también un golpe directo a la vida de muchos municipios. Donde desaparece una escuela, se debilita también la posibilidad de que las familias jóvenes sigan viviendo en el medio rural. Aquel modelo de recorte contrasta ahora con el discurso del PP sobre la defensa de los centros y la igualdad de oportunidades.
Tampoco puede olvidarse el capítulo de los barracones, precisamente el asunto que Núñez ha elegido ahora como bandera. En 2019, cuando el PP ya exigía eliminarlos, el PSOE recordó que el último curso de Cospedal, 2014-2015, había 181 aulas prefabricadas en la región y que el Ejecutivo popular dejó contratadas otras 50 antes de abandonar el Gobierno. Es decir, el PP promete ahora resolver un problema que creció durante su propia etapa de gobierno.
El balance de aquellos años incluyó además el aumento de ratios, la pérdida de apoyos, el deterioro de las condiciones laborales del profesorado y la supresión o reducción de ayudas esenciales para las familias. Dirigentes socialistas cifraron entonces en 5.221 los profesores y maestros despedidos y en 544 millones el recorte en inversiones educativas. También denunciaron una reducción del 75% en las becas para material escolar, la eliminación del programa de gratuidad de libros de texto, la paralización de la modernización tecnológica de las aulas y la reducción a la mitad de la aportación para el mantenimiento de los centros.
Deberes pendientes en los ayuntamientos del PP
La promesa de Núñez llega, además, en un momento en el que distintos ayuntamientos gobernados por el PP están quedando señalados por la gestión de ayudas destinadas precisamente a mejorar los colegios. En Toledo, sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Carlos Velázquez, gobernado por PP y Vox, ha sido criticado por no aprovechar líneas de financiación para eficiencia energética y climatización y por limitar las solicitudes a dos centros de los 16 colegios públicos de la ciudad, en plena movilización de familias por el calor en las aulas.
El caso toledano no es aislado. El Ayuntamiento de Toledo también renunció recientemente a una subvención de casi 180.000 euros para limpieza y mantenimiento de colegios, una ayuda ya concedida por la Diputación. En Talavera de la Reina, gobernada por el PP de José Julián Gregorio, los colegios quedaron fuera de ayudas de climatización financiadas mayoritariamente con fondos europeos porque el Consistorio no presentó la documentación necesaria en plazo, según denunció la Junta.
Mientras Núñez habla de centros “adaptados al siglo XXI”, la realidad municipal de algunos gobiernos del PP muestra proyectos que no llegan, convocatorias que se desaprovechan y familias que salen a la calle para pedir algo tan básico como aulas con temperaturas soportables. El debate educativo vuelve así a colocar al PP frente a su propia memoria: la de los recortes de Cospedal y la de unos ayuntamientos que, con competencias en mantenimiento y colaboración educativa, no siempre están haciendo los deberes.
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