Paco Núñez ha vuelto a recurrir al manual del catastrofismo para describir una Castilla-La Mancha que los datos no terminan de reconocer. El presidente regional del Partido Popular ha acusado este lunes a Emiliano García-Page de encadenar once años de "anuncios y planes" incumplidos y de mantener vivos los mismos problemas que existían en 2015. La frase tiene carga política, pero también un pequeño inconveniente para el líder popular, 2015 fue precisamente el año en el que terminó el Gobierno de María Dolores de Cospedal, la etapa a la que Núñez se asoma sin demasiadas ganas de encender la luz.
El dirigente del PP ha sostenido que Castilla-La Mancha está "peor incluso" que cuando Page llegó al Gobierno regional. Sin embargo, esa afirmación tropieza con una realidad bastante menos cómoda para su relato. La comunidad autónoma ha alcanzado en mayo los 814.280 afiliados a la Seguridad Social, el mayor dato de empleo de su historia, y el paro se ha situado en el nivel más bajo para un mes de mayo desde 2008. Es decir, justo en el terreno en el que Núñez ha intentado dibujar una región bloqueada, los registros oficiales han mostrado una Castilla-La Mancha con más personas trabajando que nunca.
El problema del discurso de Núñez no es solo que sea pesimista, sino que parece impermeable a cualquier dato que no encaje con su oposición. Hace apenas unos días, ni el mejor dato de empleo de la historia de Castilla-La Mancha era suficiente para que el presidente regional del PP dijera algo positivo de su tierra. Este lunes, el guion ha vuelto a repetirse, aunque ccon una mirada al pasado que deja fuera una parte esencial de la película.
Porque hablar de 2015 sin hablar de Cospedal es contar la historia a medias. Cuando el PP salió del Gobierno de Castilla-La Mancha, la deuda pública de la comunidad autónoma había pasado de 6.965 millones de euros en 2011 a 13.426 millones en 2015. Es decir, se había prácticamente duplicado durante la única legislatura de Cospedal al frente de la Junta. Aquel incremento no llegó acompañado de una expansión de los servicios públicos, sino de una etapa marcada por recortes en sanidad, educación y dependencia que todavía hoy forman parte de la memoria política castellanomanchega.
En sanidad, la herencia fue especialmente dura. Durante aquellos años se cerraron 700 camas hospitalarias, se clausuraron 21 puntos de urgencias rurales y se despidió a más de 3.000 profesionales sanitarios, además de impulsarse intentos de privatización de hospitales como los de Villarrobledo, Almansa, Manzanares o Tomelloso. Esa es la fotografía de la Castilla-La Mancha de 2015 que Núñez ha decidido invocar para atacar a Page, aunque sin detenerse demasiado en quién gobernaba entonces ni en qué dejó detrás.
El líder del PP también ha acusado al Ejecutivo regional de falta de planificación económica, pese a que los datos publicados en los últimos meses han señalado una evolución difícil de encajar en el relato de la ruina. Castilla-La Mancha ha cerrado 2025 con 666 millones de euros en inversión extranjera directa, la cifra más alta de su historia, y se ha situado como sexta comunidad autónoma en captación de capital internacional. La región, además, ha crecido un 3,1% en 2025, mientras el PP ha seguido insistiendo en una imagen de declive que no siempre resiste el contraste con las cifras.
Núñez ha centrado también sus críticas en la renta, el empleo juvenil, la pobreza, la dependencia, la vivienda, la educación de 0 a 3 años, la enfermería escolar, la carrera profesional sanitaria, las infraestructuras y el agua. Es el catálogo habitual de agravios del PP, con una diferencia, esta vez ha querido presentarlo como balance de once años. Pero ese balance queda incompleto si se omite que Page recibió una región con los servicios públicos dañados por los recortes y una deuda disparada tras cuatro años de Gobierno popular.
También critica la postura con el agua que él mismo pide que se vaya al Levante
También resulta llamativo que Núñez haya utilizado el Pacto Regional por el Agua para acusar a Page de no cumplir "ni una sola coma". El pacto, firmado en 2020 por una amplia representación social e institucional de Castilla-La Mancha, incluido el PP regional, defendía cuestiones como la prioridad de los usos propios de la cuenca cedente, la planificación por cuenca hidrográfica, la protección ambiental y la necesidad de que el trasvase Tajo-Segura no siguiera respondiendo a demandas ilimitadas de otras regiones. Sin embargo, el PP castellanomanchego ha mantenido durante años una posición incómoda entre lo firmado en Castilla-La Mancha y los intereses de sus barones del Levante, especialmente cuando el debate del agua ha exigido algo más que titulares contra Page.
El presidente regional del PP ha afirmado que él representa una política basada en la eficacia, la eficiencia y el interés general. La declaración habría ganado fuerza si no llegara de quien acumula dos derrotas autonómicas frente a Page y de un partido que, cuando tuvo la oportunidad de gobernar Castilla-La Mancha, dejó una comunidad autónoma con más deuda, menos camas, menos urgencias rurales y miles de profesionales sanitarios fuera del sistema.
La rueda de prensa de Núñez ha servido, en realidad, para confirmar una estrategia conocida. Cuando los datos económicos, de empleo o de inversión mejoran, el PP cambia el foco. Cuando Castilla-La Mancha bate récords, habla de fracaso. Y cuando menciona 2015, procura que Cospedal no aparezca demasiado en la foto.
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