Acceder a una vivienda en propiedad ha empezado a ser algo menos inaccesible para miles de jóvenes en Castilla-La Mancha. Desde este mismo año, comprar o alquilar resulta más asequible gracias a un paquete de ayudas fiscales que ya ha entrado en vigor tras la aprobación de la Ley de Medidas Administrativas y Tributarias en las Cortes regionales la semana pasada. Un conjunto de medidas impulsado por el Gobierno de Emiliano García-Page que salió adelante con la mayoría socialista pese al voto en contra de PP y Vox.

El foco de la norma se ha situado en reducir el coste inicial, uno de los principales frenos a la emancipación juvenil. En este sentido, la medida más relevante es la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales del 5% al 3% para menores de 36 años en la compra de su primera vivienda habitual. En términos prácticos, esto supone un ahorro de 4.000 euros en una vivienda de 200.000 euros, una diferencia significativa en el momento de formalizar la compra.

A esta reducción se suma la bajada del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados, que se ha reducido a la mitad, pasando del 0,50% al 0,25%. Este ajuste implica varios cientos de euros menos en los gastos asociados a la firma de la hipoteca, aliviando otra de las cargas habituales en el proceso de adquisición.

Las medidas no se limitan a quienes ya están preparados para comprar. También se ha puesto el acento en quienes todavía están ahorrando. En este sentido, se ha aprobado una deducción del 15% en el IRPF para aportaciones destinadas a la compra de vivienda, con un máximo de 3.000 euros anuales. Esto permite a los jóvenes recuperar hasta 450 euros en su declaración de la renta, incentivando el ahorro previo necesario para acceder a una vivienda.

El paquete incluye además mejoras en el ámbito del alquiler. La deducción por vivienda habitual ha aumentado un 11%, pasando de 450 a 500 euros, y se ha ampliado a más colectivos, como familias numerosas, monoparentales o personas con discapacidad. Asimismo, se ha elevado el valor máximo de la vivienda que puede acogerse a estas ayudas, pasando de 180.000 a 240.000 euros, ajustándose así a los precios actuales del mercado.

En conjunto, estas medidas suponen un impacto fiscal superior a los 84 millones de euros en 2026, una cifra que el Ejecutivo autonómico enmarca dentro de su estrategia para facilitar el acceso a la vivienda sin comprometer los servicios públicos.

Sin embargo, una de las iniciativas más ambiciosas del paquete no ha podido activarse de inmediato. La medida destinada a facilitar el 20% de la entrada de la vivienda, mediante préstamos a tipo cero con respaldo de la Junta, ha quedado pendiente tras el voto en contra del Partido Popular. Este mecanismo requiere un ajuste técnico para que la administración autonómica pueda actuar como avalista, condición necesaria para que las entidades financieras concedan ese porcentaje de financiación.

El rechazo del PP ha impedido que esta herramienta se pusiera en marcha desde el primer momento, obligando ahora a tramitar una nueva iniciativa parlamentaria que retrasa su aplicación. Una decisión que el Gobierno regional ha criticado al considerar que dificulta el acceso a la vivienda en un momento especialmente delicado para los jóvenes.

Pese a este bloqueo parcial, el grueso de las ayudas ya está en funcionamiento. Castilla-La Mancha ha comenzado así a desplegar un modelo basado en incentivos fiscales y apoyo directo al ahorro y al alquiler, con la previsión de completar en las próximas semanas la medida que permitiría cubrir uno de los principales obstáculos de acceso: la entrada inicial.