La opacidad en la gestión municipal ha acabado en los tribunales en Yunclillos. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo ha condenado al Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, por vulnerar el derecho fundamental de una concejala del Grupo Municipal Socialista tras negarle acceso a información clave sobre la instalación de un gimnasio en un edificio público.

La resolución judicial es clara, ya que señala que el Ayuntamiento de Yunclillos mantuvo una actitud de bloqueo “manifiesta y reiterada” al no responder a la solicitud de documentación presentada por la edil, quien requería expedientes de contratación, informes técnicos y detalles sobre la adecuación del espacio. Una petición que, además, había sido estimada por silencio administrativo positivo, lo que obligaba al Consistorio a facilitar la información.

Sin embargo, lejos de cumplir con su obligación, el equipo de Gobierno optó por no contestar. Una decisión que, según el juez, no solo incumple los procedimientos administrativos, sino que tiene consecuencias mucho más profundas, ya que impide a los representantes públicos ejercer su labor de control.

En este sentido, la sentencia considera que se ha vulnerado el artículo 23 de la Constitución Española, que garantiza el derecho a participar en los asuntos públicos en condiciones de igualdad. Traducido al ámbito municipal, esto implica que los concejales deben poder acceder a la información necesaria para fiscalizar la gestión del gobierno local.

El fallo obliga ahora al Ayuntamiento a entregar la documentación solicitada o, en su defecto, a justificar de manera formal y motivada su inexistencia. Además, impone al Consistorio el pago de las costas judiciales.

La oposición critica la gestión del PP y denuncia hostilidad tras la sentencia

El fallo judicial ha tenido también repercusiones políticas inmediatas. El último pleno municipal, celebrado el 31 de marzo, estuvo marcado por la tensión y los reproches, con denuncias de falta de respeto institucional por parte del equipo de Gobierno que encabeza el alcalde Manuel Zamarreño.

Desde el Grupo Municipal Socialista insisten en que la cuestión no es la actividad deportiva en sí, sino la forma en que se ha gestionado. “No hemos denunciado al gimnasio, sino al Ayuntamiento”, afirmó la portavoz socialista Begoña Déniz, subrayando que lo que está en juego es el derecho a acceder a información pública y a ejercer el control democrático sobre la gestión municipal.

Los socialistas denunciaron que el Ejecutivo local ha actuado “sin expediente, sin procedimiento y sin dar explicaciones”, una forma de gobernar que queda ahora evidenciada por la sentencia. Reclaman un giro en la actitud del equipo de Gobierno que permita garantizar la transparencia y el respeto institucional. Entre sus demandas figura la publicación del convenio del gimnasio en el Portal de Transparencia, así como información detallada sobre las condiciones de funcionamiento, el control económico de la actividad y el uso de recursos públicos.

El fallo judicial refuerza un principio fundamental de que la administración no puede escudarse en el silencio. Incluso si la documentación solicitada no existiera, ya que el Ayuntamiento estaba obligado a responder de manera expresa y motivada. Además, subraya que mantener el silencio constituye un bloqueo injustificado que vulnera derechos fundamentales.

Por último, los socialistas han exigido al Ayuntamiento el cumplimiento inmediato de la sentencia, reclamando la entrega de toda la documentación solicitada o, en su defecto, una acreditación formal que justifique su inexistencia. Al mismo tiempo, han pedido un cambio de actitud del equipo de Gobierno que permita restaurar el respeto institucional y garantizar el normal desempeño de las funciones de fiscalización. Destacan que “la transparencia y el cumplimiento estricto de la ley son principios innegociables en cualquier administración pública”.