El Gobierno de Castilla-La Mancha ha presentado diez alegaciones al proyecto de Real Decreto sobre centros de datos impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez para reclamar cambios que permitan compatibilizar las exigencias de sostenibilidad con la seguridad jurídica y la protección de inversiones ya avanzadas. Entre sus principales preocupaciones se encuentra el posible impacto sobre proyectos como el de Meta en Talavera de la Reina, cuya tramitación podría verse dificultada por las nuevas condiciones planteadas.
La portavoz del Ejecutivo autonómico, Esther Padilla, ha explicado que Castilla-La Mancha comparte los objetivos de eficiencia energética y protección de los recursos naturales que persigue la norma, pero considera necesario revisar determinados aspectos del borrador. La Junta reclama una regulación “exigente, jurídicamente segura y territorialmente justa” que evite que los cambios en las condiciones afecten a inversiones que ya han avanzado conforme a la normativa vigente.
El periodo de audiencia pública concluyó el pasado 10 de septiembre y el texto continúa en tramitación. El proyecto establece nuevos requisitos para estas instalaciones en materias como eficiencia energética, consumo de agua y utilización de energías renovables. Entre otras medidas, plantea que los centros de datos cubran una parte de su demanda eléctrica mediante nueva generación renovable y establece mecanismos de seguimiento del cumplimiento.
La Junta pide proteger los proyectos ya avanzados
Uno de los principales puntos de las alegaciones de Castilla-La Mancha afecta a los proyectos que ya cuentan con permisos de acceso y conexión, pero todavía no están conectados a la red.
La Junta considera que estas inversiones no pueden quedar sometidas sin más a unas condiciones diferentes de aquellas con las que fueron diseñadas y comenzaron su tramitación. Por eso reclama un régimen transitorio adaptado al grado de madurez de cada proyecto y garantías para las iniciativas que se encuentren en una fase avanzada.
En este apartado aparece el proyecto de Meta en Talavera de la Reina. Padilla ha advertido de que la Junta no sostiene que la inversión esté paralizada o descartada, pero sí ha alertado de que el nuevo marco podría complicar su desarrollo al modificar las condiciones bajo las que se había planteado.
La portavoz ha defendido que quienes hayan iniciado una inversión siguiendo la normativa vigente deben contar con seguridad sobre las reglas que se aplicarán a su proyecto. En el caso de iniciativas que se desarrollen por fases, Castilla-La Mancha plantea además que las nuevas exigencias se apliquen a la capacidad adicional de cada ampliación y no retroactivamente al conjunto de la instalación.
Recargos de hasta el 500%
Otro de los aspectos cuestionados por el Ejecutivo de Emiliano García-Page es el régimen de consecuencias previsto en el borrador. La propuesta incluye recargos que pueden llegar al 500% y contempla, en determinados casos, la pérdida de permisos de acceso y conexión.
Padilla considera que medidas de esta intensidad requieren una cobertura jurídica suficiente. “Necesitan una cobertura legal suficiente y no pueden quedar definidas íntegramente por una norma reglamentaria”, ha señalado.
La Junta plantea además que las consecuencias sean “graduales y proporcionadas”, de modo que se diferencie entre un incumplimiento puntual y otro grave o reiterado. También reclama que la pérdida de permisos quede limitada a los supuestos más graves y que las empresas dispongan de un plazo efectivo para corregir los incumplimientos antes de afrontar las consecuencias más severas.
Más voz autonómica en la regulación de los centros de datos
Las alegaciones incluyen también una reclamación sobre la participación de las comunidades autónomas en la aplicación de la futura regulación.
Castilla-La Mancha sostiene que los centros de datos afectan directamente a cuestiones relacionadas con el territorio, el urbanismo, el medio ambiente, el agua, la industria y las redes de distribución, ámbitos en los que las autonomías tienen competencias y responsabilidades.
Por ello, Padilla ha reivindicado “una participación activa” de las comunidades antes de tomar decisiones como la retirada de permisos, la denegación de solicitudes o la reasignación de capacidad eléctrica.
La portavoz ha cuestionado además que las autonomías hayan conocido el contenido del proyecto una vez publicado y hayan tenido que realizar sus aportaciones mediante alegaciones. “Una norma de esta trascendencia debería haber contado previamente con un verdadero proceso de diálogo institucional”, ha defendido.
Las condiciones climáticas, otro motivo de discrepancia
El último gran bloque de alegaciones se centra en los criterios de eficiencia energética y consumo de agua. Castilla-La Mancha reclama que las condiciones climáticas de cada territorio se tengan en cuenta a la hora de aplicar los indicadores de eficiencia.
La Junta considera que no se pueden utilizar exactamente los mismos parámetros sin atender a las diferencias de temperatura existentes entre las distintas zonas del país. Padilla ha puesto como ejemplo las necesidades de refrigeración de un centro de datos situado en una zona con temperaturas más elevadas frente a otro ubicado en un territorio con un clima más frío.
“No significa rebajar ni mucho menos los estándares ambientales ni establecer una excepción para Castilla-La Mancha”, ha matizado la portavoz. La propuesta autonómica pasa por utilizar criterios de normalización que tengan en cuenta las circunstancias de cada territorio, de manera que las exigencias medioambientales no terminen generando un nuevo desequilibrio territorial.
La preocupación de la Junta es que estas condiciones puedan terminar influyendo en la localización de futuras inversiones tecnológicas. Padilla ha advertido de que podrían favorecer determinadas zonas y dejar al interior en una posición menos competitiva.
En este sentido, ha alertado de que “puede ser el nuevo desagravio y la nueva línea de desigualdad que marque la implantación de empresas en nuestro país”, con el riesgo de que este tipo de desarrollos se concentren en el norte o el Levante y se deje al interior fuera de ese proceso.
Castilla-La Mancha propone igualmente una implantación progresiva de las exigencias vinculadas al consumo renovable, acompasada a la capacidad efectiva de las redes y al despliegue de nueva generación.
Con sus diez alegaciones, el Ejecutivo autonómico busca que el texto definitivo combine las exigencias ambientales con seguridad jurídica, proporcionalidad y equilibrio territorial. Padilla ha resumido la posición de la Junta señalando que “apostamos por una norma que proteja los recursos, que garantice la sostenibilidad, pero que no comprometa las inversiones tecnológicas ni relegue a algunas comunidades autónomas”.
La portavoz ha defendido que Castilla-La Mancha mantendrá su posición durante la tramitación y ha confiado en que el Gobierno de España estudie las propuestas planteadas. “Castilla-La Mancha va a defender la sostenibilidad, la seguridad jurídica y las oportunidades de inversión y de empleo”, ha concluido.
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